La crisis migratoria en Canarias evidencia la descoordinación y las pugnas entre ministerios sobre la acogida

Dos imágenes ilustran las carencias del sistema de acogida de migrantes en Canarias. La primera, la del Muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, donde permanecen hacinadas más de 1.000 personas al raso y entre ratas, como se pudo ver en un vídeo difundido por el presidente del Cabildo, Antonio Morales. La segunda, la denominada nave de la vergüenza, en el Puerto de Las Palmas, un recinto en el que pasan sus primeras 72 horas los migrantes que llegan al Archipiélago para su filiación y que no dispone de ducha ni de ventilación. 

En febrero de este año, meses antes de que comenzara a intensificarse la llegada de pateras y cayucos a las Islas, el Gobierno central suprimió la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, el organismo encargado de velar por la coordinación entre los cinco ministerios con competencias en las distintas fases del proceso de acogida de migrantes: Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Exteriores, Defensa y Fomento. Según publica este sábado El Confidencial, fuentes internas de estos departamentos admiten la descoordinación y las discrepancias entre los diferentes ministerios para gestionar la crisis migratoria en Canarias. 

Durante las primeras 72 horas de estancia de los migrantes en el Archipiélago, es el Ministerio del Interior el que ostenta las competencias para el control sanitario y la filiación de las personas que llegan, así como para la tramitación de las solicitudes de asilo. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, visitará las Islas en noviembre, prácticamente un mes después de que lo hiciera José Luis Escrivá, su homólogo en el Ministerio de Migraciones, el departamento que asume la gestión transcurridas esas primeras 72 horas. Exteriores tramita todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la relación con los países de origen de los migrantes, mientras que Fomento es responsable del control de las embarcaciones de Salvamento Marítimo que rescatan las pateras y cayucos. El quinto actor es el Ministerio de Defensa, al que se han solicitado desde diversos frentes (incluso desde Migraciones) que facilite instalaciones para la estancia de los migrantes. 

Según afirma el periodista Fernando Garea en su artículo publicado en El Confidencial, la vicepresidenta Carmen Calvo, que hasta su supresión en febrero era la presidenta de la Comisión Delegada de Migraciones, organizó el pasado viernes una reunión telemática con las secretarías de Estado implicadas para “intentar poner paz” entre los ministerios afectados. El aumento en la llegada de barquillas procedentes de África ha desbordado las previsiones del departamento de Migraciones, mientras que el de Interior se ha negado a facilitar la vía que reclaman las autoridades locales para aliviar la presión en el Archipiélago, la de facilitar su traslado a la Península, aduciendo razones de seguridad sanitaria y un supuesto “efecto llamada” que las organizaciones y activistas que trabajan en defensa de los derechos de las personas migrantes cuestionan. 

Otra de los soluciones planteadas por distintas administraciones, la cesión de instalaciones militares para que se alojen en ellas los migrantes que llegan a las Islas, tampoco acaba de concretarse, puesto que a pesar de los reiteradas peticiones del ministerio liderado por José Luis Escrivá, Defensa se sigue resistiendo a facilitar terrenos e inmuebles vacíos, también por cuestiones sanitarias vinculadas con la pandemia de COVID-19. 

Según la publicación, la pugna entre los distintos ministerios (ninguno de ellos en manos de Unidas Podemos) es de “descoordinación, de disputa competencial y recelos presupuestarios”. Las funciones de la secretaría de Estado de Migraciones están limitada “en la práctica” por la intervención del Ministerio del Interior, destaca una información que añade que a estas discrepancias se le suman las tensiones con las administraciones canarias. Entre ellas, cita la que ese ha producido con el Gobierno de Canarias a propósito de la decisión de la Fiscalía de Las Palmas de separar a los niños migrantes de sus madres hasta dos meses a la espera de las pruebas de ADN.