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Naufragios, descoordinación institucional y más de 2.500 supervivientes: el 2019 en la frontera sur

Traslado de las personas que llegaron a Fuerteventura tras ser rescatadas por Salvamento. (EFE/Carlos de Saá).

Natalia G. Vargas

Las Palmas de Gran Canaria —

El pañuelo con el que su madre la sostenía se desató y Sephora, una bebé marfileña de un año, murió al caer al mar desde la patera en la que intentaba llegar a Gran Canaria. Boubisou, Bubakar, Arsene y Sissoko, tras varios días a la deriva y 72 horas en comisaría, pasaron la noche del 29 de noviembre en la plaza de San Fernando (Maspalomas) junto a seis hombres más de Malí y de Costa de Marfil al no aplicarse el protocolo de acogida. En agosto, 35 internos de Hoya Fría decidieron escapar del Centro de Internamiento de Extranjeros de Tenerife, mientras en noviembre, el de Barranco Seco volvió a abrir sus puertas en Gran Canaria sin teléfono, sin abogados y con una sola muda para sus ocupantes.

Entre enero y diciembre, 2.522 supervivientes lograron pisar tierra firme guiados por sus expectativas y deseos de oportunidades nuevas. Las llegadas por vía marítima a Canarias en 2019 han dejado en las Islas historias, sueños, naufragios, falsas alarmas y descoordinación institucional. Un complejo puzzle que forma parte de una realidad mucho más amplia, tan diversa y tan antigua como el propio planeta: las migraciones. 

La primera embarcación del año llegó al Archipiélago con 40 migrantes a bordo en la primera quincena de enero, doblando el número de los que llegaron en 2018 en el mismo período de tiempo. Este repunte ya adelantaba el incremento de embarcaciones y de personas que se mantendría durante el año, que alcanza a 994 personas y 65 embarcaciones más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior hasta la fecha.

Sin embargo, este leve aumento que ha sido empleado en ocasiones como herramienta de alarma, dista mucho de la cifra de 2006, año en el que se produjo la conocida como crisis de los cayucos y en el que se registró la llegada de más de 31.000 personas. La última embarcación registrada hasta el momento llegó al muelle de Arguineguín en la noche de este sábado 28 de diciembre con 15 personas a bordo. 

La llegada de menores y, especialmente de bebés de hasta dos años, ha destacado en 2019. Incluso voluntarios de Cruz Roja han señalado que hacía años que no localizaban tantos bebés en embarcaciones. En el caso de aquellos que llegan solos, pasan a ser responsabilidad del Gobierno de Canarias que, en coordinación con otras administraciones insulares, se encarga de acogerlos y de agilizar el proceso de documentación. 

Buena parte de la historia la escriben los que no llegan, y el mar que bordea a Canarias ha visto morir este año a 228 personas entre hombres, mujeres y niños, según los datos de la organización Caminando Fronteras. La militarización de las fronteras ha permitido que se reduzca el número de llegadas. Sin embargo, reabre otras rutas más mortales. El naufragio que se cobró más víctimas tuvo lugar a principios de diciembre en las proximidades de la costa mauritana, cuando la embarcación en la que viajaban 195 personas de Gambia y Senegal rumbo a Canarias volcó. Se logró recuperar el cuerpo sin vida de 63 y 87 lograron sobrevivir. El resto desapareció.

A 300 millas del sur de Gran Canaria, cuatro personas murieron de hambre y sed en otra tragedia migratoria acaecida en octubre. En el océano próximo a la misma isla, perdió la vida en mayo la bebé Sephora y dos mujeres más que viajaban con ella. Flitox, rapero y activista del Sáhara Occidental, también falleció al naufragar su embarcación, dejando para la historia algunos de sus versos: “Elevo las manos hacia el cielo y pido la libertad”. 

El trayecto migratorio dentro de las fronteras canarias

Conocen su pasado, su presente y sus expectativas de futuro, pero en muchas ocasiones la realidad que les espera tras las fronteras canarias sorprende. En el caso de las personas en situación administrativa irregular, las opciones son dos: si España cuenta con acuerdos de repatriación con el país de origen, pasarán 60 días en un CIE mientras se resuelve (o no) su expediente de expulsión. De lo contrario, se activa el protocolo de acogida humanitaria mediante el cual son acogidas y atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Cruz Roja. Este año, la falta de coordinación entre las instituciones ha abierto una tercera alternativa: la calle. 

En octubre, 40 personas pasaron la noche en el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, sin que la Delegación del Gobierno en Canarias tuviera constancia por un fallo en la comunicación con la Policía Nacional. La historia se repitió en Fuerteventura, donde 18 personas fueron acogidas en una parroquia para evitar que quedaran a la intemperie. Un mes más tarde, un grupo de diez hombres de Malí y Costa de Marfil también durmió sin techo en Maspalomas. Estos episodios forzaron a las administraciones a improvisar y a adaptar nuevos espacios como la Casa del Marino, pabellones o un albergue de Tunte. 

Al otro lado de la balanza, los CIE. Testimonios personales y de profesionales que conocen estos centros o las muertes que arrastran estas dependencias en otros lugares de España han puesto en cuestión el respeto de estas prisiones hacia los derechos humanos. Orinar en una botella de plástico, pedir las compresas de una en una al funcionario de turno, o ver la luz del sol solo dos veces al día dibujan la rutina que esconden estas paredes. Este año, dos sucesos han reabierto el debate sobre su utilidad. 

En agosto, 35 personas escaparon de Hoya Fría en dos fugas que tuvieron lugar dos sábados consecutivos. Tres meses más tarde, y con más de un año de retraso respecto a lo previsto, el centro de Barranco Seco reabrió parcialmente, empujando al olvido la opción de convertirlo en un espacio para la Memoria Histórica al haber sido una prisión durante el franquismo. El Ministerio del Interior ordenó en 2018 el cierre del CIE de Gran Canaria al no ajustarse a los requisitos que la legislación exige para estos lugares. Sin embargo, tras su reapertura parcial, una ONG denunció que no había ni rastro de abogados, que las personas no tenían teléfono para comunicarse y que, además, solo disponían de una muda por persona. 

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