Reabrir el CIE de Fuerteventura y agilizar las expulsiones: las medidas que planea implantar España ante la llegada de pateras a Canarias

Este 8 de enero, después de cuatro días a la deriva a bordo de una patera, 43 personas pisaban Lanzarote. En el puerto de Arrecife confirmaron la tragedia: un bebé que había nacido en el mar, en la ruta migratoria hacia Canarias, había fallecido antes de llegar a tierra. Mientras, desde Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comunicaba a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, las medidas que planea implantar para hacer frente a la llegada de embarcaciones a las Islas: reabrir el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura, frenar las migraciones en origen y agilizar las expulsiones.

En un comunicado, el Gobierno regional informa que Marlaska ha trasladado estas medidas por teléfono a Torres al término de una reunión monográfica con su gabinete técnico y personal delegado en las Islas, que se ha celebrado en Madrid después de que el Ejecutivo canario las solicitara como respuesta a las llegadas por vía marítima a Canarias de personas en situación administrativa irregular. En 2019 solo aumentó el tráfico en la ruta migratoria hacia el Archipiélago, pues en el resto de España se redujo a la mitad en comparación al año anterior, en la misma línea descendente que en la Unión Europea.

Aunque en la nota el Gobierno de Canarias asegura que Marlaska se ha comprometido a “activar” el CIE del Matorral (Fuerteventura), Interior ha matizado a eldiario.es que la decisión sobre la reapertura aún no está tomada, sino que “se está barajando”. Las mismas fuentes aseguran que un equipo técnico deberá evaluar previamente “el estado de la infraestructura”, un paso que aún no se ha ejecutado. En función de su análisis, el Gobierno concluirá su reapertura, las reformas que requiera el edificio o, por el contrario, el mantenimiento de su cierre, insisten desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska.

Interior ordenó cerrar el CIE de Fuerteventura en 2018 por presentar unas instalaciones “que no se adecuan a la normativa”, según la orden publicada en el BOE. Lo cierto es que desde 2012 el edificio no encerró a ningún migrante y, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy no dejó de tramitar costes que ascendieron, al menos, hasta los 4 millones de euros en servicios como limpieza, alimentación, mantenimiento, servicio médico o consumo.

Este edificio, cuyo fin es el de privar de libertad a personas en situación administrativa irregular durante un periodo máximo de 60 días para expulsarlos, fue creado en 2003 por razones similares a las que esgrimen quienes ahora han pedido su reapertura. Pero en 2006 la cifra de las personas que llegaron a las Islas vía marítima fue de 31.678, en la llamada crisis de los cayucos, mientras que en 2019 fueron 2.698 supervivientes.

Precisamente, el portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, achacó al Estado que haya dejado de ejercer un mayor control de sus fronteras, como hiciera en 2006, cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero pidió ayuda a la Unión Europea para frenar las migraciones. Aquellas medidas se centraban, entre otras, en la vigilancia de las costas de los países desde donde parten las embarcaciones hacia Canarias, es decir, externalización de fronteras.

El Gobierno de Canarias ha especificado en el comunicado que Marlaska se ha comprometido a la “mejora de los medios personales y materiales en los países de origen de los migrantes irregulares (Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia), con el objetivo de frenar la salida de ellos en pateras y cayucos”.

Con esos cuatro países España mantiene acuerdos de repatriación, algunos de ellos pactados hace más de una década. En la nota, el Ejecutivo regional dice que “se mejorarán las políticas migratorias agilizando los trámites administrativos”, para que “las personas que han llegado a España de forma irregular puedan ser retornadas lo antes posible”.

Además, el ministro, “a expensas de su confirmación en el puesto”, visitará las Islas para comprobar “cómo se están coordinando” los trabajos en el Archipiélago. Justamente, la falta de coordinación entre administraciones ha quedado de manifiesto cuando varias personas procedentes de países con los que España no tiene acuerdos de repatriación, como Mali, han tenido que dormir en la calle, como ocurrió con 40 personas en octubre o en noviembre, cuando una decena de migrantes pasaron la noche sin techo en Maspalomas.

Dado que los CIE de Barranco Seco (Gran Canaria) y Hoya Fría (Tenerife), en los que se encierra a las personas procedentes de países con los que España tiene acuerdos de expulsión, están al máximo de su capacidad, al igual que los espacios de atención humanitaria, habilitados para aquellas que no son expulsables, las administraciones han improvisado dispositivos de acogida alternativos, como un pabellón, la Casa del Marino, un centro de protección civil o albergues, en donde son atendidos por ONG.