El campo en Canarias resiste a un mes con escasas ventas y la cruda realidad de los productos importados

“El abastecimiento está garantizado”. Esta frase ha sido repetida por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el de Agricultura, Luis Planas, o las patronales de distribución de alimentos en las Islas tras el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, con el fin de evitar acopios innecesarios o que se abarrotaran las grandes superficies. Un mes después, las imágenes de las colas en los supermercados, que en algunos casos han eliminado productos frescos de los lineales, contrastan con los testimonios de agricultores, ganaderos o pescadores que han tenido que recurrir a la venta a domicilio, pedir la apertura de mercadillos, la donación o directamente tirar sus alimentos al no poder dar salida a sus productos debido al cierre de hoteles, restaurantes o bares.

Durante estos 30 días, Airam Rivero ha seguido pastoreando cada día con sus ovejas en las medianías de Gran Canaria, agotando poco a poco la comida de sus animales y acumulando quesos; el ganadero Heraclio del Castillo, ordeñando a sus vacas en Fasnia (Tenerife) y botando leche; el pescador Ricardo Ortega, de la cofradía de Arguineguín (sur de Gran Canaria), faenando, aunque solo en función de lo que pueda vender; la agricultora Concepción González sigue cultivando sus verduras en Santa Cruz de La Palma y vendiendo a domicilio con dificultades y el productor Camilo Álvarez decidió donar sus melones o sandías, si bien se ha visto obligado a tirar parte de su producción de 200.000 kilos.

La crisis generada por la COVID-19 ha mermado a un sector en las Islas que ya venía tocado por las inclemencias del tiempo. Durante el fin de semana del 22 al 23 de febrero, la peor calima de los últimos 40 años afectó especialmente a los cultivos por las fuertes rachas de viento, una adversidad que se sumaba a la sequía que sufre el Archipiélago desde hace cuatro años. A esto se añaden los problemas estructurales del campo en las Islas, que hunden sus raíces en los años sesenta del siglo XX, con la llegada del turismo.

Antes de 1960, el sector primario ocupaba a más del 50% de la población y generaba el 32% del Producto Interior Bruto (PIB): en la actualidad supone 20.000 empleos directos y aporta poco más de 1% del PIB, según datos del Gobierno regional. Además, el grado de autoabastecimiento se sitúa por debajo del 50%, según un informe de un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna. Junto a otros factores, el cambio de modelo productivo conllevó a la apertura del comercio internacional y la importación de alimentos que contribuyen a abaratar precios, provocando que el campo isleño no pueda cubrir los costes de producción.

Fruto de esta situación, organizaciones agrarias de Canarias fijaron para el 14 de marzo protestas, en la misma línea que las iniciadas desde principios de 2020 en todo el territorio nacional, para pedir, entre otras reivindicaciones, una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, retirar subvenciones a productos que compiten con los locales o una política más férrea para imponer barreras fitosanitarias en cumplimiento de una orden ministerial de 1987 y así impedir que entren en las Islas alimentos de otros países con plagas que, en un territorio aislado, genera mayores problemas.

Sin embargo, durante el estado de alarma, una de las organizaciones agrarias convocantes de las protestas, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), ha defendido la importación de una partida de 432.000 kilos de papas de Israel, que fueron bloqueadas en el Puesto de Inspección Fronterizo del Puerto de Santa Cruz de Tenerife por riesgo fitosanitario, porque dicen que los agricultores isleños no pueden abastecer el mercado local de papas. Esa operación fue llevada a cabo por la empresa Cadimisa Canarias SL, una de cuyas socias es Ángela Delgado, también presidenta de Asaga, lo que ha suscitado polémica en el sector, con críticas por parte de otras organizaciones agrarias como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), que también era una de las convocantes de las protestas. El cargamento ya ha sido devuelto sin que traspasara la aduana.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, su presidente, Antonio Morales, también se sumó al rechazo a la importación de papas de Israel en un momento en el que considera imprescindible apoyar a la producción local, recordando las medidas que ha tomado la Corporación Insular, como la creación de un mercado virtual o destinar fondos para comprar alimentos locales para las familias en situación de vulnerabilidad.

Hasta ahora, las medidas del Gobierno regional para mitigar la situación del campo canario se han centrado en una campaña de publicidad para fomentar el consumo de producto local entre la población o que la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) comercialice los alimentos, pero desde el sector han criticado que la entidad no tiene capacidad logística de almacenamiento ni de distribución de determinados productos.

Por su parte, el Ejecutivo central, que ha declarado al sector primario como un servicio de primera necesidad permitiendo que siga la actividad, ha alabado el trabajo que realiza el campo para garantizar el abastecimiento de productos frescos y ha llevado también a cabo una campaña, pero en redes sociales y para agradecer su labor a agricultores, ganaderos o pescadores.

Además, ha informado que continúa con la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria o que se ha ampliado el plazo de presentación de la solicitud única de ayuda de la Política Agraria Común. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también desveló que en las primeras semanas de confinamiento, los canarios aumentaron su consumo de la cesta de la compra un 30%.

Al margen de las acciones institucionales, los mercados municipales, como en Las Palmas de Gran Canaria, han recurrido al reparto a domicilio como única solución para dar salida a productos que poca gente se acercaba a comprar, con largas jornadas de trabajo, pues además de atender a sus clientes en sus puestos, madrugan para adquirir los alimentos en el mercalaspalmas y deben desplazarse para ir puerta a puerta.

Para pequeñas agricultoras, como Concepción González, la apertura de mercadillos era algo fundamental y en La Palma se ha producido gracias a las reiteradas peticiones a ayuntamientos y cabildos. Gracias a eso, y a la venta a domicilio, confiesa que puede vender algo: “Por lo menos tenemos esa vía”. Porque lo que está permitiendo sobrevivir al sector, a su juicio, “es la gente que compra producto local”. Y el abastecimiento sigue garantizado cuando España y Canarias entra en su segundo mes en confinamiento…