El Cabildo de Tenerife convoca más ayudas ganaderas por la guerra en Ucrania sin un control preciso que evite superar el tope actual de 280.000 euros

Más de lo mismo o, como mínimo, bastante parecido. El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal (en la parte agropesquera bajo control del consejero insular Valentín González -PP-), ha vuelto a convocar (antes lo permitió un dirigente del PSOE, en el mandato anterior) la línea de apoyo directo a ganaderos profesionales de la isla para compensar el incremento de costes de producción debido a la invasión rusa de Ucrania sin afinar lo suficiente en los controles administrativos que permitan evitar lo que ya les ha ocurrido en la ocasión anterior: posibilitar que algunos beneficiarios de esos subsidios, con la suma de ayudas públicas iguales de dos o tres administraciones públicas, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y hasta el Ministerio de Agricultura, hayan superado, incluso con creces, los 250.000 euros que como máximo se podían ingresar por explotación hasta el 31 de diciembre de 2023.

Ahora, tras decidir la Unión Europea (UE) ampliar en 30.000 euros ese límite y el periodo de aplicación de la medida hasta 2024, el umbral se ha fijado en 280.000 euros, lo que significa que las granjas que a 31 de diciembre pasado hubieran ingresado hasta el nivel de 250.000 euros, en adelante, con las nuevas convocatorias solo podrán añadir 30.000 euros más en ese mismo concepto de apoyo: la guerra en Ucrania.

Pese a que la normativa comunitaria es clara, muy nítida, en Canarias la gestión de estos subsidios se ha hecho sin aplicar los controles más precisos y ello ha implicado que solo hasta el 31 de diciembre, con el límite en 250.000 euros por explotación beneficiaria, unas 23 granjas hayan superado ese nivel, algo no permitido por la UE. 

Administraciones públicas que van por libre

Pero ¿por qué? Las administraciones públicas no cruzan datos a tiempo y algunas además no piden a sus potenciales beneficiarios lo que han recibido antes con la misma justificación. Por ello, unos destinatarios de las ayudas reciben más de lo que deben y otros se quedan cortos, con menos dinero público debido a que la parte excedida ni se reclama, por ahora, ni se puede redistribuir entre los que están por debajo del umbral máximo. Hasta el 31 de diciembre de 2023, con el nivel tope en 250.000 euros, ya había 23 beneficiarios con superación del umbral, con un desfase de más de un millón de euros.

Pese a que las administraciones públicas conocen esa situación, pues hay ayudas convocadas por el mismo concepto, el genérico de la subida de precios en los insumos de alimentación animal por los efectos de la guerra en Ucrania, con origen en la Consejería de Agricultura canaria, al menos en cuatro cabildos (Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma) y en el Ministerio de Agricultura, poco o nada se ha hecho para eliminar esos desfases, para erradicar esas anomalías, mucho más cuando la UE ha ampliado el plazo de ejecución de tal medida de apoyo a los ganaderos y además ha elevado el límite máximo de captación de apoyo por explotación hasta los 280.000 euros, 30.000 euros más que los fijados hasta el 31 de diciembre de 2023. Tras esta decisión comunitaria, la Consejería de Agricultura tiene previsto realizar su cuarta convocatoria y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife ya han formalizado su segunda.

En el caso del Cabildo de Tenerife, con nueva línea de apoyo por la guerra en Ucrania aprobada en el Consejo de Gobierno insular del 8 de mayo pasado y publicada en el BOP el 17 del mismo mes, la denominada Ayudas para gastos de alimentación de las explotaciones ganaderas de las especies ovina, caprina, vacuna, porcina, cunícola y avícola (gallinas) de la isla de Tenerife, con ficha financiera de 2,5 millones de euros y “sin importe máximo”, las condiciones reguladoras indican que “podrán solicitar las ayudas (…) las personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones ganaderas en la isla de Tenerife de las especies ovina, caprina, vacuna, porcina, cunícola y avícola (gallinas), siempre que su explotación tenga un censo de ganado de cada especie superior a una unidad de ganado mayor (UGM)”. 

Además, obliga a “no haber recibido ayudas tanto estatales, autonómicas, insulares o municipales que superen el importe de 280.000 euros entre los años 2022, 2023 y, en su caso, 2024, concretamente, en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y hasta la fecha de la presente convocatoria, con la finalidad respaldar los daños económicos causados tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia”.

Flecos no atados que se convierten en injusticias

Hasta aquí bien, e incluso mejor formulado que en la primera convocatoria análoga del Cabildo de Tenerife, donde no se mencionaba nada respecto a las ayudas con el mismo fin recibidas por explotaciones peticionarias desde otras administraciones públicas, pero el asunto central esta vez radica en que, pese a que se debe indicar a través de declaración jurada que el futuro beneficiario no ha cobrado ya, con la suma de todos los subsidios por ese mismo concepto, más de 280.000 euros, tampoco se le obliga a indicar cuánto le queda para llegar a ese umbral, con lo que los apoyos que decida otorgar el Cabildo de Tenerife previa resolución de la convocatoria en curso y sin conocer registro tan importante (el margen hasta llegar a los 280.000 euros) pueden conducir a nuevas superaciones, como ya ha ocurrido con la cota en 250.000 euros (hasta el 31 de diciembre pasado), del nivel máximo de apoyo permitido por la UE.

Ese vacío regulador puede contribuir a que se den casos tan extremos como que un ganadero que ya haya ingresado 279.999 euros y, por lo tanto, no esté obligado a hacer esa declaración jurada, pueda recibir una nueva ayuda del Cabildo suficiente para superar el límite permitido. Ello repercute o ahonda en el error ya cometido y no resuelto de repartir más donde ya no se puede y con ello no poder completar ayudas con el dinero público excedido donde sí se puede. Este vuelve a ser el drama.