Una aclaración sobre la copa de un pino

Miguel Zerolo (ATI-CC) y Ángel Llanos (PP) pondrán contra las cuerdas a los concejales de sus respectivos grupos al someter a la aprobación del pleno un informe jurídico que implica, con claridad, no acatar una sentencia del Tribunal Supremo. El peregrino argumento jurídico es que las parcelas que se tienen que restituir ya no tienen el mismo valor, al modificarse el planeamiento urbanístico que afecta al frente de playa. Más bochornoso si cabe, y ya es decir, es esperar al último día para presentar otro incidente procesal ante el Supremo, cuando bien pudo hacerse en el último informe jurídico votado y enviado en junio pasado. Por tanto, se trata de una estrategia dilatoria que demuestra el escaso o nulo interés del equipo de gobierno por cumplir una sentencia que obliga a dos multimillonarios a devolver 70 millones de euros a las arcas municipales, es decir, a todos y cada uno de los ciudadanos de Santa Cruz. Si cabía alguna duda del interés subyacente en todo este proyecto urbanístico, el equipo de gobierno pretende compensar económicamente a los empresarios en caso de que el Supremo no admita este disparatado incidente procesal presentado a última hora: parece que no han sido compensados suficientemente con los 90 millones de euros que obtuvieron por la venta de las parcelas situadas en el Valle de Huertas, donde la Gerencia de Urbanismo y el alcalde trasladaron la edificabilidad perdida en el frente de playa. Antonio Plasencia e Ignacio González compraron en 1998, precipitadamente y días antes de otra sentencia del Supremo, todo el Plan Parcial por 5.500 millones de pesetas a la Junta de Compensación, que vendió parcelas que no eran de su propiedad y sin consultar a los legítimos propietarios, como queda reflejado en las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que retrotrae el expediente a 1989 y siembra muchas dudas sobre la legalidad de esa venta. En la Junta estaba representado el Ayuntamiento, al igual que en CajaCanarias, donde también estaban los dos empresarios en las fechas que concedió el crédito para avalar la operación de compra a la Junta de Compensación. Tres años más tarde, en 2001, los empresarios obtenienen una plusvalía de 3.250 millones de pesetas al vender sólo once parcelas del frente de playa de Las Teresitas por 8.750 millones de pesetas al Ayuntamiento, que adelanta el 65% de la cantidad en coincidencia plena con la amortización de los intereses y del aval de los 5.500 millones de CajaCanarias, sin que el equipo de gobierno tuviera en cuenta un informe de una técnico municipal -desparecido del expediente administrativo pero recuperado en el judicial- que valoraba los terrenos en 3.200 millones de pesetas. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que se compraron 72.000 metros cuadrados de acantilado y terrenos que ya eran públicos. Súmese al despropósito que aún no existe el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, es decir, que no se sabe muy bien qué es lo que ha comprado el Ayuntamiento y se concluirá quién ha sido suficientemente compensado con dinero de todos los chicharreros. Esto no tiene otro calificativo que atraco a mano armada de bolígrafos y papel oficial realizado de forma calculada contra todos los ciudadanos de Santa Cruz, a expensas de sus impuestos y tributos, auténticas víctimas de un impresionante pelotazo, sin mover un ladrillo ni una pala mecánica, ejecutado por un grupo de políticos que pusieron a disposición de la operación la maquinaria administrativa municipal, y con el aval de esa gran obra benéfica que es CajaCanarias. Es lo que está escrito en la querella de la Fiscalía Anticorrupción, con otras palabras. Ángel Llanos se va a retratar: o se suma a la lista de políticos mentirosos –que encabezan a gran distancia dirigentes de su partido- y se hace cómplice de un acto de desobediencia a la Administración de Justicia o se atiene a lo que dijo en campaña electoral. La decisión que tome, el camino que elija, marcará para siempre su futuro en política. No fue una promesa electoral lo que puede incumplir, sino una afirmación que sostiene lo que muchos piensan: el proyecto de Las Teresitas es una ilegalidad como la copa de un pino. Y él puede ser el próximo cómplice de un alcalde, Miguel Zerolo, que mejor podría irse a su casa o a Miami. Tanta huida hacia delante lleva, sin duda, a uno de los meollos de la operación: Plasencia ha afirmado que pagaron 9.770 millones de pesetas por el Plan Parcial, pero la operación de venta con la Junta de Compensación fue por 5.500 millones de pesetas. Hay 4.270 millones de pesetas de diferencia, que pueden estar debajo de algunos colchones o en cualquier paraíso fiscal, y once imputados, aunque dos fueron los que pagaron esa cantidad. Es una posible clave, puede que la única, para entender la persistencia de algunos en seguir promoviendo acciones que sólo benefician a Inversiones Las Teresitas SL y perjudican a todos los ciudadanos de Santa Cruz.

Ramón Pérez Almodóvar