Aquí y ahora, la reforma electoral de Canarias

“Los hados guían al que quiere, arrastran al que no quiere”, dice la máxima latina. Todo llega. A pesar de que demasiados habrían preferido que la reforma electoral de Canarias se mantuviera en el terreno de lo meramente especulativo, ésta, paso a paso, ha encontrado su camino y se ha hecho más real y tangible que nunca antes en 35 años. En los primeros días de 2018, cada uno de los líderes y grupos políticos canarios tendrá ante sí dos opciones: una, saber leer este momento histórico; dos, dejarse arrastrar por lo imparable. La reforma electoral de Canarias ya no admite más plazos de espera.

Se ha hecho un trabajo serio y bien fundamentado que ha conducido a las conclusiones que tanto los generadores de opinión como los expertos académicos convocados a la Comisión de Estudio han manifestado con meridiana claridad: nuestra democracia tiene un profundo déficit en su sistema electoral y es preciso corregirlo sin más excusas.

La forma de proceder no ha sido secundaria en todo este recorrido. En 2007 fue la sociedad civil la que alertó de la necesidad de modificar el sistema electoral canario y ha sido la que desde entonces hasta hoy se ha mantenido movilizada. Los partidos políticos deberían haber asumido con mayor determinación el grave asunto de reformar una norma electoral tan deficitaria. No lo hicieron y, si estamos en la fase de avanzado consenso en la que nos encontramos, es porque la sociedad civil los ha conducido hasta él.

Demócratas para el Cambio, un foro cívico sin adscripción partidista ninguna, ha tenido siempre un solo objetivo, conseguir que la ciudadanía canaria pueda elegir a sus representantes políticos de un modo que garantice una mayor justicia democrática, es decir, que los escaños que integran el Parlamento de Canarias y el Gobierno que de él se derive, sean un reflejo más fidedigno de la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.

De eso se trata. De algo tan básico como eso. Todavía hay quien persiste en dar vueltas a lo que ya no admite ni una más. Ahora toca ser decididos y conscientes de cómo podría repercutir negativamente en la sociedad canaria actual y futura, la actitud negligente de aquellos partidos canarios que abdicasen de su responsabilidad.

El acuerdo al que probablemente se está a punto de llegar no es más que un paso discreto (reducción de barreras electorales y limitado incremento de la proporcionalidad) en la mejora de nuestro edificio democrático; discreto, pero también imprescindible y relevante. Y lo es por diversos motivos. En primer lugar, porque lo que DPC ha propuesto a la sociedad canaria y a sus políticos ha sido debatir desde la base, sin condiciones previas y sin excluir a nadie sobre algo que es el núcleo fundamental de nuestra convivencia. Además, y como reclamamos en su momento, tal debate se ha hecho en Canarias, en su Parlamento, con una Comisión de Estudio razonablemente plural (podría haberlo sido más, pero también menos).

Las conclusiones, ya sea para materializarlas en una Ley canaria (lo ideal y más inmediato) o en el Estatuto, se habrán auspiciado y discutido en Canarias. Conviene, por tanto, no seguir echando balones fuera cuando se intenta trasladar a la ciudadanía la idea de que instancias ajenas al archipiélago pretenden decidir por nosotros. No es así,  y nadie con esa cantinela puede seguir excusándose para no concluir aquí y ahora con un Dictamen de la Ponencia que exprese nítidamente los términos reformados para una nueva norma electoral y para su inmediata plasmación en Ley por el Parlamento de Canarias.

En segundo término, la trayectoria reformista también es relevante porque, de nuevo, la sociedad civil organizada en torno a DPC, ha tenido un papel proactivo. No ha sido un simple testigo. Desde un inicio la sociedad civil asumió un papel de impulso y divulgación y, en su última fase de tres años, también se ha implicado con un papel de intermediación entre los actores políticos y ha realizado propuestas que han propiciado el acercamiento a posiciones que todos los interlocutores han podido compartir. A pesar de que el foro cívico tiene su propia visión de la reforma, no se ha intentado imponer ninguna solución, sino que se ha buscado concitar consensos.

Ése es un logro de la ciudadanía. Sin su papel, pueden estar seguros, los partidos políticos hubiesen mantenido su lógica electoralista, su estrechez cortoplacista, y continuarían utilizando la reforma electoral de forma táctica, presentándose ante los votantes como paladines reformistas de ida y vuelta. Esto se ha podido superar con la intervención neutral de Demócratas para el Cambio que ha facilitado acuerdos y ha sustraído este asunto de la contienda política. Neutralidad, sí, pero, al tiempo, firmeza en la salvaguarda de los compromisos adquiridos por cada grupo político ante los ciudadanos.

Quien aún pretenda seguir en un escenario de regate corto se equivoca de plano. Quien pretenda obtener réditos electorales o usar, otra vez, como moneda de cambio esta cuestión, se verá arrastrado por el hado de la sociedad canaria, una sociedad cada vez más madura, cada vez más consciente de lo que afecta a su vida diaria la conformación de un Parlamento peligrosamente alejado de la voluntad expresada en las elecciones a las que se le convoca cada cuatro años para frustrarla cada cuatro años.

Queremos concluir con un mensaje positivo: nunca antes desde 1982 hemos conseguido estar todos tan cerca de culminar un proceso tan decisivo como sociedad como al que nos estamos enfrentando y que en breve se resolverá. Seamos cada uno conscientes y responsables de la trascendental decisión que nos toca asumir aquí y ahora.