Magnífico autoritarismo

La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha desestimado un último recurso de la Universidad de La Laguna contra la anulación de la resolución sancionadora de la Universidad, aplicada en virtud a un reglamento franquista de 1954, por el que se pretendía expulsar de sus estudios a un grupo de alumnos claustrales que denunciaron en un comunicado los retrasos de la antigua Facultad de Psicología en la tramitación de becas. La denuncia provocó en su momento un monumental cabreo en la Facultad y en el rectorado, y el inicio de un procedimiento sancionador desproporcionado y estrafalario. Distintas personalidades del mundo universitario y de otras instancias intentaron apaciguar la ira del rector Domenech en este asunto, sin lograr que redujera su empecinamiento, llevado hasta este recurso, nuevamente tumbado por el TSJC.

Domenech se va ya, y no es cuestión de hacer más leña del árbol caído de un rectorado que sólo pasará a la historia por esta historieta, pero la comunidad académica –que es algo mucho más amplio que la burocracia universitaria- aún no acaba de procesar este rasgo suyo de comportamiento autoritario, que algunos llegaron a calificar de puro caciquismo, y mucho menos la continuada vesanía contra unos estudiantes que lo único que hicieron fue defender los intereses de todos –los de ellos también- en la tramitación de unas becas. Si una actuación como la del rectorado, utilizando los servicios jurídicos de la Universidad para una denuncia completamente fuera de lugar, se hubiera producido en un Ayuntamiento contra un grupo de vecinos protestones, o en el Gobierno contra un sindicato funcionarial demasiado reivindicativo o poco cortés, el escándalo habría tenido alcance nacional. Pero la Universidad –las universidades- al amparo de su autonomía pueden aún albergar –y de hecho lo hacen- vicios de comportamiento, privilegios absurdos, burocracias casi medievales y corruptelas menores y mayores, de las que absolutamente nadie se ocupa, quizá porque se supone que las instituciones vinculadas con la enseñanza y con la formación están dirigidas por gente no sólo de cierto rango intelectual, sino también de probada calidad ética.

No siempre es así. Este caso absurdo que nunca debería haber llegado hasta el recurso contra la anulación del recurso, demuestra que con el dinero de los ciudadanos se juega de muchas maneras. Por mi parte, me parece indigno que todos tengamos que pagar con nuestros impuestos los seiscientos euros de costas que al final va a costar este procedimiento, aparte cientos de horas de trabajo perdidas, pagadas con dinero de todos, que debería estar al servicio de una educación mejor. En fin, que no estaría mal que Domenech pagara estas costas de su propio bolsillo.

La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha desestimado un último recurso de la Universidad de La Laguna contra la anulación de la resolución sancionadora de la Universidad, aplicada en virtud a un reglamento franquista de 1954, por el que se pretendía expulsar de sus estudios a un grupo de alumnos claustrales que denunciaron en un comunicado los retrasos de la antigua Facultad de Psicología en la tramitación de becas. La denuncia provocó en su momento un monumental cabreo en la Facultad y en el rectorado, y el inicio de un procedimiento sancionador desproporcionado y estrafalario. Distintas personalidades del mundo universitario y de otras instancias intentaron apaciguar la ira del rector Domenech en este asunto, sin lograr que redujera su empecinamiento, llevado hasta este recurso, nuevamente tumbado por el TSJC.

Domenech se va ya, y no es cuestión de hacer más leña del árbol caído de un rectorado que sólo pasará a la historia por esta historieta, pero la comunidad académica –que es algo mucho más amplio que la burocracia universitaria- aún no acaba de procesar este rasgo suyo de comportamiento autoritario, que algunos llegaron a calificar de puro caciquismo, y mucho menos la continuada vesanía contra unos estudiantes que lo único que hicieron fue defender los intereses de todos –los de ellos también- en la tramitación de unas becas. Si una actuación como la del rectorado, utilizando los servicios jurídicos de la Universidad para una denuncia completamente fuera de lugar, se hubiera producido en un Ayuntamiento contra un grupo de vecinos protestones, o en el Gobierno contra un sindicato funcionarial demasiado reivindicativo o poco cortés, el escándalo habría tenido alcance nacional. Pero la Universidad –las universidades- al amparo de su autonomía pueden aún albergar –y de hecho lo hacen- vicios de comportamiento, privilegios absurdos, burocracias casi medievales y corruptelas menores y mayores, de las que absolutamente nadie se ocupa, quizá porque se supone que las instituciones vinculadas con la enseñanza y con la formación están dirigidas por gente no sólo de cierto rango intelectual, sino también de probada calidad ética.