El Cabildo de Tenerife, el medioambiente y el Parque Nacional del Teide

Desde hace muchos años, un mismo partido -Coalición Canaria- con mayoría absoluta o en coalición con el Partido Popular o el Socialista, han monopolizado el Gobierno Insular. El presente de la isla es la herencia de su gestión y las consecuencias de sus decisiones. En la actualidad el Gobierno del Cabildo de Tenerife es responsabilidad de CC pero su ejecución en área de Medio Ambiente corresponde a un consejero socialista. Nada ha cambiado desde el inicio de la década de los noventa, seguimos con los mismos protagonistas ocupando los sillones del palacio insular.

A principios de la última década del siglo pasado Atan, en su análisis de la situación ambiental de la isla, señalaba como principales problemas a resolver por los gestores públicos el tratamiento de los residuos, la movilidad de sus habitantes, el aprovisionamiento de aguas, energía, y áridos, la creciente urbanización del litoral y medianías, la gestión de los espacios protegidos y la conservación de los variados ecosistemas insulares. Después de tantos años los problemas, en algunos casos, son los mismos. Los responsables de la institución no han resuelto, o por lo menos paliado, alguno de ellos, por el contrario casi todos se han agravado.

En el haber sólo encontramos la eliminación de los vertederos incontrolados y una mejora sustancial en la recogida de los residuos sólidos, aunque queda mucho por hacer en el tratamiento de este tipo de “basura”. Sin embargo nuestra denuncias de aquello años no sirvieron de nada y ha continuado el vertido de aguas residuales no tratadas al mar y el número de emisarios incontrolados supone el 70% del total.

Denunciamos. en su momento, dos casos que son de desgraciada actualidad: el emisario del Polígono Industrial de Güímar y el de Las Américas, pero todavía siguen vertiendo aguas contaminadas al mar poniendo en peligro la actividad turística. También denunciamos el problema del abastecimiento de una materia tan imprescindible como son los áridos, la necesidad de un plan que permitiera el suministro con el menor impacto posible en el territorio y cumpliendo todos los requisitos legales.

Nada, no se hizo nada, los responsables del Cabildo en esos años miraron para otro lado. El desordenado y rapidísimo crecimiento urbanístico permitió el suministro de canteras ilegales que causaron un enorme destrozo ambiental, graves costes sociales y unos hoyos que nunca vieron los responsables del Cabildo, a pesar de sus enormes dimensiones y de la condena de sus propietarios por delito ambiental.

El resultado de esta política de ojos cerrados es el picoteo del territorio de manera incontrolada para satisfacer la demanda de áridos por parte de grandes infraestructuras, como el puerto de Granadilla, y de las constructoras privadas.

En el caso de la energía basta constatar que el porcentaje de las renovables es prácticamente el mismo que en los años noventa.

El fracaso de la política de movilidad se observa claramente en el colapso diario de las vías de comunicación. Las soluciones son las mismas que adoptaron en el pasado y que, evidentemente, han fracasado: el aumento de los carriles en las autopistas, la construcción de sistemas guiados y, asombrosamente, reducir y encarecer el transporte por guagua.

Ahora el Cabildo se está gastando un montón de dinero es los estudios para construir una línea férrea entre el área metropolitana y la zona turística de la isla, poco más de 60 km, añadir más carriles a la autopista y encarecer el transporte del servicio público de guaguas. Siguen el mismo modelo que antaño, ignorando soluciones de futuro para el colapso circulatorio que sufre la isla.

La gestión de los espacios naturales tampoco merece el aprobado, más allá de los efectos que tuvo dejarlos fuera del afán urbanizador de la época de la explosión inmobiliaria. Los resultados obtenidos son muy modestos y existe una razón lógica para ello: los gobernantes de Coalición Canaria, los socialistas y los conservadores, han tenido como objetivo prioritario rentabilizar estos espacios y convertirlos es parques turísticos aunque sea a costa de la conservación.

Durante el mandato de Adán Martín, la Consejera Dulce Xerach propuso, en el Patronato del Teide, la construcción de un hotel de cinco estrellas en Las Cañadas cuyo anteproyecto fue realizado por el arquitecto Fernando Marín Menis; otro Consejero del mismo partido propuso “renovar la sangre” de los muflones soltando nuevos ejemplares; el Consejero Rodríguez Brito propuso celebrar una etapa del rally París-Dakar dentro del parque, también planearon un centro comercial en el Portillo y, por supuesto, cobrar por los “servicios”, el aparcamiento o los accesos.

Desde hace muchos años la conservación y la divulgación siempre han ocupado un lugar secundario para los dirigentes del Cabildo. En el Teide “manda” más la Consejería de Turismo que la de Medio Ambiente.

Se encuentra en trámite de información pública el Reglamento del Parque Nacional del Teide y, al mismo tiempo. se está organizando la participación ciudadana para el Plan Rector de Uso y Gestión, pero el Reglamento que ha aprobado el Cabildo, norma de menor rango jurídico, impone unas medidas que son competencia del PRUG, lo que vacía de contenido la gran parte de la participación ciudadana para la redacción del nuevo plan para El Teide.

El Reglamento pone de manifiesto la idea que tiene el Cabildo de lo que es un Parque Nacional y sus objetivos y, para esta institución, su explotación como recurso turístico es lo fundamental; la conservación y la divulgación de los valores del parque no es lo que les interesa. Una de las medidas pretende cobrar por acceder a los centros de visitantes, unas estructuras, financiadas con dinero público, destinas a explicar a los visitantes la riqueza de la gea, la fauna, la vegetación, los ecosistemas o la historia del Parque Nacional.

Un problema señalado desde hace más de veinte años es el caos que provoca la afluencia de visitantes en coches particulares que ocupan los pocos aparcamientos existentes y las cunetas de la carretera. La solución que propone el Cabildo no va a servir para nada pues no aborda el problema. Cobrar por aparcar en los pocos sitios de Las Cañadas que está permitido y poner obstáculos para que los coches no lo hagan en las cunetas no resuelve el problema, a no ser que el Cabildo tenga pensado aumentar la superficie de aparcamientos en el interior del parque. ¿Qué ocurrirá cuando cientos de coches lleguen al Parque y no tengan ni siquiera la opción de parar para sacar una foto?.

El transporte público es el gran olvidado en el Reglamento del Cabildo, no se incentiva su uso poniendo lanzaderas interiores y una comunicación frecuente y directa desde los principales núcleos urbanos. El coste del billete debería incluir la gratuidad de todos los servicios del Parque y la prioridad, acompañada de descuentos, para utilizar el teleférico.

Conseguir que no suban tantos vehículos es la opción más rentable. Desgraciadamente no es así, por eso casi llegaron a convertir en símbolo del Parque “dos copas de champán entrecruzadas”.

*Eustaquio Villalba es portavoz de Atan.