Caimán no come caimán

Como resultado de la sentencia, las obras se han acelerado; mientras la promotora, Realia, y el Ayuntamiento se disponen a recurrirla. Y los vecinos a abrir cuenta en la Caixa para que les ingresen el dinero (unos 20.000 euros, calculan) con que continuar el pleito.

Un caso típico. El ciudadanaje ha de abonar a pelo de su bolsillo los gastos judiciales del pleito contra una empresa y una corporación que ya los tiene asumidos en sus servicios jurídicos estables. Sin dinero no hay, por tanto, manera de salvaguardar los derechos vecinales ante empresas poderosas o políticos que usan pólvora del rey.

Las obras continúan a toda leche porque a Realia le interesan los hechos consumados. Cuando haya sentencia, las torres ya estarán ahí y si es desfavorable, alguien deberá optar entre dejarlas estar o proceder a su derribo. Con la correspondiente indemnización a Realia por parte del Ayuntamiento que otorgó las licencias. Esa sentencia sería un contratiempo grave para la promotora, pero no el desastre que puede ser para la corporación.

Dicen que el Ayuntamiento está legalmente obligado a recurrir en este caso. Tampoco le viene mal demorar el posible momento indemnizatorio. Se puede entender, pues, que recurra pero no que se niegue, como ha hecho, a investigar los daños a los intereses municipales que pudieran derivarse de la actuación de sus antecesores.

Una actitud de no revolver que explica la soberbia con que, en ocasiones, he visto a los políticos adoptar a conciencia decisiones injustas y hasta ilegales desafiando a quienes no están de acuerdo a que recurran. Saben que la mayoría no lo hace por falta de dinero y que ellos tienen el abogado gratis. Saben, también, que cuando se falle el recurso ya no estarán en el cargo; y sobre todo se sienten impunes porque sus sucesores no le exigirán responsabilidades, pues, es fama, caimán no come caimán.

Por eso dice Luzardo que lo del Canódromo no le preocupa. No tiene motivo para inquietarse; pesa mucho entre políticos el hoy por ti, mañana por mí.

Como resultado de la sentencia, las obras se han acelerado; mientras la promotora, Realia, y el Ayuntamiento se disponen a recurrirla. Y los vecinos a abrir cuenta en la Caixa para que les ingresen el dinero (unos 20.000 euros, calculan) con que continuar el pleito.

Un caso típico. El ciudadanaje ha de abonar a pelo de su bolsillo los gastos judiciales del pleito contra una empresa y una corporación que ya los tiene asumidos en sus servicios jurídicos estables. Sin dinero no hay, por tanto, manera de salvaguardar los derechos vecinales ante empresas poderosas o políticos que usan pólvora del rey.