Canarismo, democracia y reforma electoral

Hoy se toma en consideración la Proposición de Ley Elecciones al Parlamento de Canarias, que, como se sabe, apenas tiene novedades pues únicamente pretende dar permanencia a la transitoriedad de nuestro sistema electoral durante casi 40 años, reiterando las modificaciones ya introducidas por el nuevo Estatuto de 2018: 70 escaños distribuidos en 61 por circunscripciones insulares (15 en Gran Canaria y Tenerife, 8 en Fuerteventura, La Palma y Lanzarote, 4 en La Gomera y 3 en El Hierro), a los que hay que sumar otros nueve escaños elegidos en la novedosa circunscripción archipelágica; y la bajada de las barreras electorales: del 6 al 4% la autonómica y de 30 al 15% la insular. 

Parece que hay consenso ello, pues la PPL es iniciativa de todos los grupos parlamentarios, pese a las críticas que en su momento se vertieron por algunos sobre la ruptura de la triple paridad. Los defensores de este sistema mantenían que se lograba mucha más pluralidad y proporcionalidad, permitiendo una autentica adecuación entre voluntad popular y representación; es decir, que el sistema iba a ganar en democracia. Pero se quedó corto. En términos democráticos es muy similar al anterior.

En distintas ocasiones he manifestado que en mi opinión esa reforma no es, ni de lejos, la mejor solución. Al romper la triple paridad, que es lo único que tenía sentido en el anterior sistema -jugando las barreras, aunque desmesuradas, de contrapeso a la sobre valoración de la representación insular- se evidencian los grandes déficits democráticos del sistema al consolidar la desigualdad de voto entre las islas, déficits que apenas son corregidos por la lista pancanaria por los pocos escaños que elige. Por mucho que se quiera destacar la existencia de esta lista, la reforma tiene los males del anterior sistema y no sus beneficios, pues desequilibra Canarias en favor de las islas más pobladas, sin introducir apenas mayor igualdad de voto. 

Ese sistema buscaba desbancar a CC del poder. Pero no lo consiguió, pues si aplicamos los resultados de 2019 con el anterior sistema, también se hubiera podido suscribir el actual gobierno tripartito. El cambio fue, pues, fruto de un cambio del sistema de partidos, no del sistema electoral. Por eso ahora a casi nadie le interesa profundizar, en clave canarista y democrática, en la reforma electoral: sea porque el objetivo está conseguido -llegar al poder-, sea por su conformismo -porque carecen de un verdadero proyecto de Canarias- o por desidia.

Sin embargo, es posible encontrar en el canarismo y la democracia un nuevo sistema electoral.

Los sistemas electorales traducen los votos en escaños, pero, en función de sus elementos -sufragio, circunscripción y modo de escrutinio- , deben ser capaces de legitimar democrática y territorialmente a la organización política sobre los que se aplican. 

Si por canarismo entendemos el espacio ideológico en el que se asume la canariedad como proyecto político, hemos de empezar por convenir que el modelo político-organizativo más apropiado para Canarias debe basarse en sus singulares características: un sólo pueblo dispersado en siete territorios insulares.

La presencia de esas dos representatividades, la poblacional y la territorial, condiciona a la hora de buscar un modelo organizativo -y electoral- que armonice al Pueblo con el Territorio y que respete tanto al sujeto político (el Pueblo canario), como al hecho insular y archipelágico que nos singulariza.

Si, por su parte, la democracia es el sistema en el que la toma decisiones se realiza a través de la lógica mayorías/minorías, se debe propiciar, a la hora de legitimar de verdad el sistema, la adecuada presencia de esas dos representatividades en el Parlamento, sede de la toma de decisiones, porque su adecuada presencia se está marginando a una parte fundamental de lo que es Canarias.

El problema radica, pues, en adaptar las características geopolíticas del Archipiélago a un modelo que equilibre el territorio con la población, por un lado, y la existencia de un Poder político Archipelágico con el tradicional arraigo de los Cabildos insulares, por otro, sin que suponga un menoscabo para Canarismo como organización política que pueda devolver viejos pleitos que se creían desterrados.

Hasta ahora eso no ha sido posible. Esta reforma electoral no responde a lo expuesto. Pero el modelo existe: un sistema parlamentario bicameral en el que cada una de las Cámaras represente a cada representatividad, una a la poblacional (en la que haya verdaderamente igualdad de voto) y la otra a la territorial (en términos de igualdad), con esa suerte de pesos y contrapesos que permita resolver las discrepancias entre ambas a la hora de tomar decisiones. Es decir, el modelo se basa, ahora sí, en un nuevo equilibrio en el que asentar la construcción de Canarias como proyecto político. 

Para hacerlo realidad solo hace falta voluntad política, esto es, canarismo y democracia. ¿Alguien está es esa clave o solo se quiere más de lo mismo?