La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias aprobada en 2018 ha supuesto un sustancial avance en el autogobierno, consolidando derechos y fueros, ampliando competencias, introduciendo mejoras democráticas (modificaciones en el sistema electoral o la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones) y numerosos derechos de ciudadanía que es preciso desarrollar en plenitud, como la renta básica. Se reconocen las aguas territoriales y se blinda el Régimen Económico y Fiscal (REF), separando además la financiación autonómica del REF. Se reafirma la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea. Incorporando nuevas competencias, unas pendientes de desarrollar por Canarias y otras que hasta ahora ejerce el Estado y que deben transferirse a nuestra Comunidad.
El texto del Estatuto incluye significativas mejoras democráticas, como los cambios introducidos en el sistema electoral con el incremento de un diputado para Fuerteventura y la lista canaria de nueve escaños, estrenados en los comicios de 2019, así como la significativa reducción de las barreras electorales al 15% insular y el 4% autonómico, frente al 30% y el 6% vigentes con anterioridad. Antes de noviembre de este año el Parlamento de Canarias debe aprobar una ley electoral propia, acabando con la transitoriedad de la actual normativa. Su aprobación exige elevados niveles de acuerdo en la Cámara canaria, una mayoría de tres quintos (42 de los 70 escaños).
Entre las nuevas competencias se encuadran la posibilidad de emitir decretos leyes y decretos legislativos, utilizados por el Gobierno ante temas “de extraordinaria y urgente necesidad”, lo que ha sido de gran utilidad en la actual pandemia para resolver asuntos que no admitían dilación alguna. Así como la opción de disolución anticipada del Parlamento de Canarias por el presidente. Igualmente, fuimos los primeros en acabar con los aforamientos para los parlamentarios autonómicos. E incluimos una mejor definición de los procesos de participación en iniciativas legislativas y el sometimiento a referéndum de futuras reformas estatutarias. Esta última, la consulta ciudadana sobre el Estatuto se frustró al aprobarse este a principios de los años ochenta por la vía del artículo 143 de la Constitución, mientras que la vía del artículo 151 sí contemplaba el referéndum. Su primera reforma, realizada en 1996, tampoco incluyó la consulta estatutaria, aunque sí fue efectiva en la ampliación de competencias e incluyó el reconocimiento de Canarias como nacionalidad.
El nuevo texto reconoce, asimismo, a las aguas territoriales como parte de la Comunidad canaria, y plantea, en consecuencia, la necesidad de proceder a la armonización de la legislación de pesca, costas, etcétera. Y, asimismo, considera a La Graciosa como la octava isla. Además de reafirmar nuestra condición de región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea y el trato diferenciado que ello conlleva en una UE que no es precisamente muy propensa a establecer diferenciaciones entre sus territorios.
Junto a los avances anteriores, son muy relevantes los derechos de ciudadanía que ocupan una buena parte de su articulado. Explicitando que se “garantizarán las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas a la igualdad, la no discriminación, la participación en la vida pública, al desarrollo económico, la libertad y el respeto a los derechos humanos”. Derechos de las familias, de los jóvenes, de las personas mayores, de discapacitados y dependientes, a la igualdad entre mujeres y hombres, a la orientación sexual, a la salud y la educación, en el mundo laboral, de carácter medioambiental… O el derecho a una renta de ciudadanía que habrá que armonizar con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Estado, complementándolo. Y, respecto a los aspectos económicos y fiscales, destaca el blindaje del Régimen Económico y Fiscal (REF) y su desvinculación de la financiación autonómica.
El desarrollo y cumplimiento del nuevo Estatuto forma parte de los acuerdos alcanzados entre PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y ASG, para la constitución de un Gobierno de Progreso en nuestra Comunidad. E integró, asimismo, el discurso de investidura del presidente Torres. No se trata en modo alguno de una cuestión baladí. El autogobierno ha sido trascendental para la transformación de Canarias y los avances experimentados en los servicios públicos, en las infraestructuras, en el reconocimiento de nuestros fueros y en la calidad de vida de los hombres y mujeres de esta tierra. Hay que seguir profundizando en el mismo desde la buena gobernanza, el impulso de sus contenidos democráticos y derechos de ciudadanía, así como desarrollar las nuevas competencias y asumir los traspasos pendientes.
En la etapa reciente el traspaso de estas competencias se ha podido ver dificultado por distintas circunstancias -inestabilidad en el Gobierno del Estado, con dos elecciones generales en el año 2019, abril y noviembre, y la posterior pandemia de la Covid y sus graves efectos sanitarios, económicos y sociales, a partir del primer trimestre de 2020-. Pero es preciso dar un impulso decidido a la negociación bilateral de Canarias con el Estado y al traspaso de las competencias pendientes, planteando nuestra Comunidad una petición formal al respecto el pasado mes de enero.
Respecto a estas últimas, son numerosas las competencias pendientes que emanan del reformado Estatuto. Entre ellas, las referidas a ordenación y gestión del litoral canario, protección civil y salvamento marítimo, promoción y defensa de la competencia, seguridad privada, tutela financiera de las administraciones locales o la exclusiva sobre transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable y sobre el transporte marítimo que transcurre íntegramente dentro del ámbito del Archipiélago. Otras hacen referencia a las telecomunicaciones o a la gestión de los fondos europeos y la participación en las delegaciones estatales ante la Unión Europea cuando se vea afectada su condición de Región Ultraperiférica (RUP). Asimismo, no hay que olvidar el artículo 144 del Estatuto, que señala que la Comunidad Canaria “participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica, a través de los órganos de coordinación previstos…”.
Hasta ahora ha habido contactos bilaterales de distintas consejerías y ministerios en materias como costas, tutela administrativa de corporaciones locales o defensa de la competencia. Conminamos a una próxima convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias que permita impulsar este proceso de manera inmediata. La presencia al frente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Miquel Iceta, un dirigente socialista que siempre ha defendido posiciones federalistas, puede contribuir a agilizar este proceso.
Aunque la actual composición de las Cortes, con presencia de peligrosas tendencias centralizadoras y un clima de crispación que frena los acuerdos, hace muy difícil que se produzca una reforma constitucional hacia un Estado plenamente federal, esa realidad no puede ni debe impedir que se desarrolle el autogobierno a sus mayores niveles en el actual modelo autonómico. Una situación crítica, como la de la pandemia de la Covid 19, ha puesto en evidencia que el autogobierno es el mejor instrumento para dar respuestas adecuadas a través de políticas públicas adaptadas a nuestras singularidades.
Estoy convencido de que el autogobierno es esencial en el avance de Canarias hacia una sociedad más moderna, equilibrada, autocentrada y sostenible. Cumplimiento y desarrollo del Estatuto, máximo nivel de decisión propia y buen Gobierno son elementos sustanciales para continuar progresando económica y socialmente, logrando superar nuestros déficits históricos, construyendo un país más justo, combatiendo las desigualdades, apostando por una mayor equidad y fortaleciendo nuestra identidad.
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