El derecho a la censura

Vivimos una degradación constante de nuestra democracia, provocada por medios de comunicación que se apropian del espacio público de la política y que, además, se arrogan el papel de Inquisidores Mayores del Reino para ejercer libérrimamente la censura.

Los medios de comunicación articulan un importante espacio de socialización política, de construcción de la opinión pública, de transmisión de información, de reflejo de la pluralidad existente en la sociedad y, por lo tanto, de realización de la vida democrática. Pero ese espacio ha sido en gran medida confiscado por empresas de comunicación, propiedad de personas adineradas, que deciden qué voces de la política silencian y a qué voces le suben los decibelios. Deciden a qué partidos acallan y a cuáles dan un altavoz privilegiado. Esos propietarios de medios de comunicación son ese poder feudal que censura e invisibiliza a una parte de la sociedad y convierte en papel mojado lo que quiera que sea el derecho constitucional de la ciudadanía a la información.

Mi experiencia como portavoz municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife me ha mostrado que nuestros adversarios políticos son, más que el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, los medios de comunicación que nos censuran un día sí y otro también. Pese a ser tercera fuerza política del municipio, la mayoría de los medios oculta nuestras propuestas, nuestras iniciativas y nuestras críticas. O les dedica espacios liliputienses para fingir ser ese espejo del pluralismo que no son. 

¿Por qué sólo vemos la censura cuando proviene de un poder público, pero no cuando proviene de un poder privado que, además, carece de todo control democrático? ¿Por qué aceptamos que un pequeño grupo de propietarios de medios de comunicación decida qué se le muestra y qué se le oculta a la ciudadanía? ¿Acaso no sabemos que la percepción de la realidad transmitida por los medios contribuye a que, por ejemplo, la gente decida cuál será su voto? Y cuando sabemos que tienen una función tan importante, ¿no debiera haber algún tipo de control democrático? ¿Cómo algo tan esencial para el buen funcionamiento de la democracia puede estar en manos de unas pocas personas adineradas que imponen el filtro de sus intereses particulares a la (des)información?

No es muy difícil entender el autoritarismo privado que hemos normalizado en materia de medios de comunicación.  Y lo podemos entender si hacemos algunas comparaciones. Por ejemplo, sabemos que un taxista es un actor económico privado que presta un servicio público. Sin embargo, aunque el taxi sea suyo, no se le reconoce la libertad de negarse a transportar a simpatizantes de Unidas Podemos. Tampoco le reconocemos a la empresa que recoge los residuos la libertad de negarse a prestar sus servicios a quienes votan a Unidas Podemos. Y no lo hacemos porque discriminar no es un ejercicio legítimo de ninguna libertad. Sin embargo, las empresas de medios de comunicación sí tienen reconocida de facto la libertad de censurar a quienes representan a los votantes de Unidas Podemos. Curiosamente, esa discriminación no se llama discriminación, sino libertad de información. A George Orwell le habría impresionado este totalitarismo real de libre mercado.   

Los medios de comunicación que censuran degradan la democracia. Su censura daña nuestra democracia. Pensemos, por ejemplo, en un partido de fútbol en el que tu equipo juega en una portería que es el doble de ancha que la del equipo rival y que, además, está en una hondonada que hace que los balones vayan hacia ella. Con un terreno de juego así la pregunta es de Primero de Obviedad: ¿tu adversario es el equipo rival o el terreno de juego? ¿Nuestros adversarios políticos son el gobierno de CC-PP o los medios de comunicación que pervierten el terreno de juego de la comunicación política? Seguramente, lo son ambos. 

Hoy, en Santa Cruz de Tenerife, el resultado de este partido es Caciquismo 2, Democracia 0. Muchas empresas de comunicación están combatiendo el pluralismo y conculcando el derecho de sus periodistas a ejercer su trabajo con profesionalidad. Es evidente que hay un interés común de una parte del empresariado propietario de los medios -y de muchos de sus homólogos adinerados- en invisibilizar a quienes defendemos propuestas políticas que rechazan. Es decir, el manifiesto interés que comparten en quebrar el pluralismo no necesita de ninguna conspiración, ni de ningún acuerdo concreto. El poder feudal que les otorga el mercado de la comunicación les convierte en titiriteros de unos políticos que asumen con gusto el papel de títeres.

Por tal motivo, ese poder privado mediático está recibiendo el apoyo del caciquismo remozado que se atrinchera en nuestras instituciones y les inyecta recursos públicos. En Santa Cruz de Tenerife el gobierno municipal otorga 12.000 euros a una radio para un programa sobre la Navidad en el que se entrevista al alcalde como si esa entrevista fuera una entrevista profesional y no publicidad encubierta. Y es que al oyente no se le informa de que está escuchando una entrevista pagada con dinero público.

En 2021 no hubo Carnaval en la calle, pero si una campaña del Ayuntamiento en una emisora, por 14.500 euros, sobre el Carnaval virtual; otra campaña de 65.000 euros en medios para promoción de ese Carnaval virtual como producto turístico; otra de 14.900 euros en otra emisora con finalidad parecida; otra de 14.900 para recordar carnavales pasados… Otra para pagar por noticias de prensa sobre carnaval, sin indicar el carácter publicitario… También está la Navidad y hay otras decisiones publicitarias demasiado dependientes de la voluntad subjetiva del gobierno de turno que, en algunos casos, podrían generar un “cariño mediático” hacia el grupo de gobierno y una cierta hostilidad hacia sus oponentes. De hecho, algún medio nos ha silenciado a la oposición desde que es beneficiario de estas campañas publicitarias. Seguro que es pura coincidencia. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 14.999,26 euros a un periódico para patrocinar noticias de Carnaval (sin advertir a quienes lo leen). En la memoria justificativa presentada por el periódico aparecía, por ejemplo, la noticia titulada: “Fiestas paga por primera vez a Televisión Canaria por la producción del Carnaval”. Incluso hubo un patrocinio informativo autoflagelante: “Indignación entre los diseñadores porque grabaron el desfile y todavía no han cobrado”. Se trata del tipo de patrocinio que uno esperaría encontrar en el País de Nunca Jamás… O en el cacicato ultraperiférico que Coalición Canaria ha montado en Santa Cruz.

El gobierno municipal pagó 4.900 euros a Radio Club Tenerife por un “programa especial relativo al Día Internacional del Deporte y la Paz en la Playa de Las Teresitas”, emitido el  24 de junio del año pasado. En ese programa se entrevistó al alcalde del municipio, sin indicar a la audiencia que ese programa estaba patrocinado con dinero público por el gobierno del alcalde. En la entrevista, el alcalde criticó a lo que describió como la “izquierda sectaria” y también ciertas medidas adoptadas por otras administraciones. Es realmente inaudito que se use dinero público para criticar a adversarios políticos en una publientrevista camuflada de entrevista.

El caso de la Cadena Ser, en Santa Cruz de Tenerife, es particularmente grave porque ha liderado la censura contra Unidas Podemos en el municipio, a raíz de nuestra denuncia de las irregularidades detectadas en dos conciertos financiados por el Ayuntamiento y vinculados a esa empresa. El propio oficial mayor del Ayuntamiento apuntó las posibles causas de nulidad de las contrataciones y, en una de ellas, apuntó que podía llevarse a la Fiscalía. En la actualidad son objeto de un expediente de revisión de oficio. ¿Imaginan a una clínica negándose a atender a un paciente porque previamente denunció mala praxis en ella? Obviamente, es inconcebible. Pero establecer una censura propia de una dictadura es algo por lo que la Cadena Ser no tiene que dar la más mínima justificación.

Desde luego, las instituciones democráticas debieran cuestionarse otorgar contratos a empresas de comunicación que discriminan y ejercen la censura. Y, yendo un poco más lejos, es preciso adoptar mecanismos como el que planteaba  recientemente el economista Thomas Piketty cuando abogaba por “una verdadera ley de democratización de los medios de comunicación, que garantizase a los empleados y a los periodistas la mitad de los puestos en los órganos de dirección, sea cual sea su forma jurídica, que abriese la puerta de par en par a los representantes de los lectores y que limitase drásticamente el poder de sus accionistas”.

Lo que está en juego es la democracia, ni más, ni menos. Igual que hoy no aceptamos que el derecho al voto dependa del poder adquisitivo, tampoco podemos aceptar que la materialización de la libertad de expresión y del derecho a la información esté en manos precisamente de quienes tienen mayor poder adquisitivo. Los derechos fundamentales no pueden estar subordinados, ni directa, ni indirectamente, al poder adquisitivo de nadie. 

Ramón Trujillo, concejal de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife.