El descuento residente, ese gran incomprendido

La mentira mayor es el ego.

Alejandro Jodorowsky

Los mentideros de nuestro Archipiélago bullen cada vez que sale el tema del “descuento residente”. El descontento es amplio, sobre todo en aquellos sectores de nuestra población que tienen que desplazarse por motivos laborales o familiares entre las Islas y la Península Ibérica. El motivo es uno y solo uno: el precio desorbitado de los billetes.  Una problemática que muchas políticas y políticos parecen no entender muy bien, quizás por razones que tienen que ver con el reparto de la riqueza en nuestra tierra.

En estos días, de hecho, hemos podido ver y escuchar en los medios a muchos de esos representantes públicos canarios hablando de este tema, insistiendo en la importancia de que se reconozca nuestra realidad insular y atlántica en las instituciones del Estado. Pero preciso advertir que muchos de sus afirmaciones para defender dicho argumento se sostienen en errores de bulto, cuando no, directamente, en falsedades, sin lugar a dudas provocadas por su escasa capacidad para ponerse en la piel de la gente que les vota.

El primero de sus argumentos, sin ir más lejos, contradice una afirmación que es vox pópuli en la calle. Se trata de la subida de precios que ha traído consigo la aplicación de la bonificación del 75 por ciento al transporte de personas entre Canarias y el resto del Estado. Una subida que desmiente, por ejemplo, el presidente de Nueva Canarias, a pesar del descontento abrumador que desde el pasado mes de julio han expresado miles de residentes en Canarias allí donde han tenido la oportunidad, especialmente en las redes sociales.

La segunda es presentar como un dato positivo per se el aumento de las ventas de billetes para este tipo de trayectos. Lo que supone una burda manipulación, pues, este dato solo pondera el número de desplazamientos que se producen entre el Archipiélago y el resto del Estado, que no es lo mismo que el porcentaje de población residente que se beneficia de una política de transporte que, precisamente por su coste, no resulta accesible a la mayoría social de las Islas.

La tercera consiste en afirmar que todos han defendido el aumento del descuento residente al 75 por ciento, además del establecimiento de mecanismos que faciliten el control del precio de los billetes bonificados. Una afirmación que describe con poca justicia el papel que ha jugado el Partido Popular, el Partido Socialista, Coalición Canaria o Nueva Canarias en la ponencia para la reforma del Régimen Económico y Fiscal, suscribiendo en ella los planteamientos de una minoría que ha visto incrementado su patrimonio en la misma medida en que las clases trabajadoras se han empobrecido.

En definitiva, lo que ha supuesto esa consecución de desatinos es que hayamos perdido otra oportunidad para garantizar el derecho a la movilidad de las canarias y canarios. Un derecho que se hubiera alcanzado de haber incluido en la Ley del REF la totalidad de la enmienda que en este sentido presentó Podemos, que pedía, además de elevar la bonificación al 75 por ciento, declarar todas las rutas que unen el Archipiélago con el resto del Estado como Obligación de Servicio Público.

Esta manera de actuar ha dejado al descubierto, una vez más, el maniqueísmo de los partidos políticos del régimen, el geito que tienen para decir una cosa y hacer la contraria. Solo así se explica el disparate incomprensible que supone que ahora, estando el REF recién salido del Congreso –y por ser más precisa, rumbo al Senado– partidos como Nueva Canarias asuman los postulados de Podemos y conviertan en Proposición No de Ley los mismos acuerdos que votaron en contra en la ponencia del REF.

Hay quienes, a pesar de haber hecho de la política su “profesión”, todavía no saben que en el marco comunitario, la única opción para asegurar el derecho a la movilidad de las personas residentes en Canarias pasa, como lo hemos defendido nosotras en los Presupuestos, en la reforma del Régimen Económico y Fiscal, en nuestras enmiendas al Estatuto y también en varias iniciativas en comisión y en pleno, por establecer la Obligación de Servicio Público para las rutas que conectan las Islas con el resto del Estado. Y, además de eso, por poner en funcionamiento una Comisión Bilateral que vigile, desde las Islas y también desde Madrid, el cumplimiento de lo que esta figura comporta.

Desde Podemos queremos invitar a todas las fuerzas políticas a sumarse al trabajo que estamos realizando para lograr que estas medidas se apliquen lo antes posible. Y, a la vez, los emplazamos a compartir espacios de diálogo sobre un tema mucho más importante. Estoy hablando de la profunda brecha de desigualdad que se ha cronificado en la sociedad isleña, donde casi la mitad de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. Para toda esa gente, les puedo asegurar, que el descuento residente no es ninguna prioridad.