Desestabilizando el sistema educativo canario

Despropósito, negligente, contraproducente, ataque brutal… todas estas palabras y alguna más han sido usadas a lo largo de estas semanas para calificar al concurso de estabilización de los docentes interinos canarios. A mi juicio, no exageran. El que un proceso administrativo, supuestamente diseñado para dar estabilidad laboral a quienes ejercían la docencia en Canarias en situación de interinidad, acabe provocando el surrealista desenlace de estabilizar mayoritariamente a docentes que jamás han ejercido en las islas, no merece ninguna consideración positiva por nuestra parte. De hecho, a la espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cual deus ex machina, dicte una sentencia favorable a los intereses de los enseñantes interinos canarios, no está de más desbrozar responsabilidades ante semejante sinsentido. 

La interinidad en la función pública debe ser excepcional. Los niveles de hasta el 40% de interinidad que se dan en el sistema educativo canario no son aceptables. La Comisión Europea fija en torno al 8% los límites del mismo, entendiendo que la estabilidad en el puesto de trabajo, en las plantillas de los centros educativos, es, junto con otros factores, un elemento que aporta calidad a la educación. Cuando las plantillas de los centros cambian masivamente año tras año, es tremendamente difícil consolidar una comunidad educativa estable, en la que el alumnado se sienta acogido con seguridad y pleno conocimiento de sus características psicosociales, sino que se da una situación de “eterno recomienzo” de la que nadie sale beneficiado. 

En este sentido, abrir un proceso de estabilización que contribuyera a aminorar de manera importante los porcentajes de profesorado interino en las islas era una idea razonable, siempre y cuando se llevara a cabo con criterio y garantías. Nada de esto ha sucedido. La “Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público” fue un instrumento aplicado de manera irresponsable por la Consejería de Educación del anterior ejecutivo canario. Como su mutismo en estas semanas es absoluto, es importante recordar que dicha consejería estuvo en manos del PSOE y su titular fue la consejera Manuela Armas. ¿Pedirán perdón a los docentes canarios que verán frustradas sus esperanzas de estabilizarse mediante este proceso? A la vista del mencionado mutismo, lo veo improbable. 

El equipo de la Consejería de Educación del Pacto de las Flores cometió errores gravísimos, muy probablemente sin posibilidad de subsanación al menos en el corto plazo. De entrada, sacó a Canarias de la coordinación estatal, sin prever que eso daba oportunidad a los docentes de otras comunidades de concursar en su propia comunidad y, además, en Canarias. En el concurso de méritos no aprovechó la posibilidad de computar en mayor grado la experiencia docente acreditada en Canarias, lo cual hubiera supuesto una ventaja competitiva en muchos casos imbatible en beneficio del profesorado ya ejerciendo en Canarias. Este apartado podía haber sido impugnado por nuestro gobierno precisamente para defender los derechos laborales de sus docentes y no los de otras comunidades autónomas. Sin embargo, pudo más la sumisión a Madrid. 

De fondo, no se puede dejar de mencionar la práctica inexistencia de contenidos canarios de carácter obligatorio en nuestro sistema educativo a todos los niveles y, por ende, en los temarios de oposiciones para acceder al ejercicio de la docencia en Canarias. No se puede poner en pie una Escuela Canaria digna de tal nombre si la administración no inculca en el profesorado la obligación, recogida por otra parte en todas las leyes educativas de este Estado, desde la mismísima Ley General de Educación de 1970 hasta la actual LOMLOE de 2020: el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe darse “en el vacío” sino que siempre debe partir de la realidad (social, natural, histórica, cultural, etc.) del alumnado. ¿Cómo va a cumplirse este principio orientador con la auténtica avalancha de profesorado foráneo que nos espera? 

Así las cosas, los docentes en situación de interinidad no tienen demasiadas ilusiones a las que aferrarse. Está por ver que los anuncios de la consejería actual, por más que bienintencionados, acaben teniendo un efecto de contrapeso suficiente ante semejante despropósito. En cualquier caso, no van mucho más allá, por ahora, de “asegurar” que podrán seguir siendo interinos mientras que una mayoría de docentes que jamás han trabajado en las islas pasan a ser funcionarios del Gobierno de Canarias sin ni siquiera pasar por un periodo de prácticas. Peor lo tienen tantos egresados de nuestras universidades que ven la oportunidad de incorporarse a la docencia más lejos gracias a este despropósito. 

Ahora toca reclamar masivamente antes del 15 de mayo, a la espera de que las nefastas consecuencias del proceso de estabilización no se materialicen el próximo curso y nuestro profesorado pueda situarse en mejores condiciones –ante una hipotética competición equitativa que a día de hoy no existe–  para su definitiva estabilización. Si el 13 de junio llegan buenas noticias desde Bruselas, habrá que presionar al Gobierno de España para que la cordura retorne a nuestro sistema educativo. A ver si el PSOE de Madrid tiene la altura política que el PSOE en Canarias no ha tenido en ningún momento en este respecto, a pesar de haber estado presidido por un funcionario docente. Como diría nuestro poeta universal, “la esperanza nos mantiene”.