También la Educación

Es preciso recordar que España se encontraba hace tres años un punto por debajo de la media de los estados de la OCDE en cuanto a porcentaje del PIB destinado a Educación, distancia que hoy será con toda seguridad mucho mayor. Y que nuestros parámetros educativos son sensiblemente peores que los de la media de la Unión Europea y de la OCDE.

En el caso de los Presupuestos estatales para el presente año, aún en fase de tramitación parlamentaria, es muy significativa la desaparición de aquellos programas que están dirigidos a hacer frente a las elevadas cifras de fracaso y de abandono escolar temprano que se dan en España, muy superiores a las de los países de nuestro entorno.

Pese a la reducción de los últimos años -vinculada a las mayores dificultades para encontrar empleo pues el fácil acceso a un puesto de trabajo en los 90 y a principios de este siglo hizo que miles de estudiantes dejaran las aulas sin completar sus enseñanzas-, Canarias tiene una tasa de abandono escolar prematuro del 30% (frente al 28% estatal y al 15% de la UE), que es preciso combatir, y a lo que no contribuye la desaparición de los referidos programas.

Asimismo, se frena en seco la expansión de la etapa educativa 0-3 años, favoreciendo que esta quede en manos privadas; y, por tanto, dificultando el acceso a la misma a aquellos que disponen de menos recursos económicos, con toda seguridad los que más precisan de escolarización temprana para evitar desigualdades luego muy difíciles de superar.

Además, en esas cuentas públicas estatales se produce una reducción de 166 millones de euros en la partida destinada a becas y ayudas al estudio, cuando las circunstancias económicas de millones de familias, sin empleo o empobrecidas por la crisis, aconsejarían una decisión en sentido contrario. En lo que respecta a nuestra Comunidad., con cifras que nos acercan a los 400.000 desempleados y con más de 115.000 parados al margen de cualquier tipo de percepción.

Recortes

La propia filosofía del ministro de Educación, José Ignacio Wert, en este asunto es claramente regresiva, al tratar de vincular las becas al rendimiento académico más que a las necesidades económicas del estudiante, lo que rompe con el principio de equidad de las mismas.

Una equidad rematada con la subida exponencial de las tasas académicas, incluida en ese paquete global que reduce en 3.000 millones más las partidas educativas. En efecto, las matrículas universitarias, hoy situadas en torno a los mil euros, pueden elevarse hasta 540 euros más en un momento tremendamente delicado para la economía de millones de familias. Una subida, la mayor que se recuerda, que en modo alguna va acompañada de un incremento de las becas, lo que puede expulsar de la enseñanza superior a miles de alumnos con bajos recursos económicos familiares.

La propia estructura docente de las universidades también se va a ver afectada, estando en grave peligro los puestos de trabajo de miles de profesores asociados, ayudantes y ayudantes doctores, como han denunciado recientemente los rectores de las dos universidades canarias.

En el caso de la Primaria y de la Secundaria, las decisiones adoptadas por el Ejecutivo del PP también van a tener un efecto tremendamente negativo en los usuarios del sistema educativo.

Ocurrirá así con la elevación del número de alumnos por aula. Como señalan los expertos, las ratios no son determinantes cuando se cuenta con un alumnado seleccionado socialmente o en países con tradición de buenos resultados educativos. Pero sí afectan cuando se trata de estudiantes con negativas condiciones socioculturales o carentes de apoyo familiar. Perjudicando, aún más, a los chicos y chicas con necesidades educativas especiales.

Más pernicioso

Con un efecto aún más pernicioso en nuestro Archipiélago. Baste recordar que en el informe 'Sistemas fuertes y reformadores exitosos en la educación. Orientaciones de PISA para las Islas Canarias, España' se destacaba que un 39% de los estudiantes de Canarias procede de un nivel socioeconómico bajo, en comparación con el 29% de España o el 15% de la OCDE.

Una elevación de las ratios que, junto a sus consecuencias educativas, también tendrá incidencia sobre el empleo. Algunos cálculos apuntan a que en Canarias podrían perder su trabajo más de 3.000 docentes el próximo curso escolar en Primaria y Secundaria, así como varios centenares en el caso de las universidades.

A ello se añade una reforma de la Secundaria Obligatoria y del Bachillerato que, al suprimir un año de la ESO; adelanta en el tiempo la segregación de alumnos y que va a facilitar un mayor peso de la privada en estos niveles educativos. Así como la eliminación de la asignatura de 'Educación para la Ciudadanía', respondiendo a las presiones de los sectores más ultraconservadores del PP.

Con las decisiones que se vienen tomando se pone en cuestión el futuro de la Educación. Se precisa, por el contrario, un mayor esfuerzo, presupuestario y de compromiso social, en el sistema educativo. Logrando que la Educación sea asumida como prioridad por el conjunto de la población, las organizaciones sociales y las instituciones. Incrementando los niveles de éxito, consiguiendo una ciudadanía mejor formada y con más oportunidades para insertarse en el mercado laboral.

La crisis económica está siendo un pretexto para acabar con servicios básicos. En este caso, la Educación, determinante para la mejora de la productividad y el avance hacia un desarrollo sostenible de la economía. Debilitar a la Educación constituye un imperdonable error que puede lastrar nuestro futuro durante décadas.

Román Rodríguez

Es preciso recordar que España se encontraba hace tres años un punto por debajo de la media de los estados de la OCDE en cuanto a porcentaje del PIB destinado a Educación, distancia que hoy será con toda seguridad mucho mayor. Y que nuestros parámetros educativos son sensiblemente peores que los de la media de la Unión Europea y de la OCDE.

En el caso de los Presupuestos estatales para el presente año, aún en fase de tramitación parlamentaria, es muy significativa la desaparición de aquellos programas que están dirigidos a hacer frente a las elevadas cifras de fracaso y de abandono escolar temprano que se dan en España, muy superiores a las de los países de nuestro entorno.