Empresarios disolutos

No voy a decir que todos los empresarios son disolutos ni corruptos, porque tengo bastantes amigos que son serios en sus empresas, y aunque muchos explotan a sus trabajadores, algunos lo hacen con delicadeza y tal. Incluso los “eretizan” (de ERE) con cierta ductibilidad. Además de dúctiles, son maleables, bueno fuera. Pero cuando nos tropezamos en Canarias con casos como los empresarios tinerfeños Antonio Plasencia o su colega Ignacio González, hay que ponerse en guardia y dos sacos de arena de Las Teresitas. Y como las cosas de Palacio van despacio, y las cosas de la Justicia van muy lentas, simplemente recordarles que al tal Plasencia por los presuntos delitos de extracción de áridos en los barrancos de Güimar le metieron un paquete del quince por atentar contra el medio ambiente y los arenosos y otras cosillas más, y todavía la mayoría de los tinerfeños decentes están esperando a ver qué pasa, ¡oye!, que esto es un cachondeo que diría el jerezano Pacheco. Nada les digo del asunto/trasunto de Las Teresitas, un auténtico escándalo a nivel nacional.

La broma de las presuntas criticas tales y cuales, presuntas oye, que no me vayan a presentar otra querella en plan Jaime Mayor Oreja aunque se la gané y tal jugando fuera de casa, alcanza a unos doscientos millones de euros que tendría que pagar el presunto delincuente Plasencia y su hijo Carlos, presidente de Promotora Punta Larga y presuntamente “manos largas”, pero que ¡oye!, todo está congelado y bien congelado, fitetú por la Audiencia Provincial de Tenerife. Hay que aclarar que por esta “broma” judicial, el embargo de los bienes de Antonio Plasencia y de su hijo Carlos asciende en la fianza a más de 66 millones de euros para hacer frente a sus posibles responsabilidades civiles por un presunto delito ecológico y le pedían una condena de cinco años de cárcel y unos doscientos millones de euros de indemnización, pero el tal Plasencia descojonado de la risa no se dignó ni a ir a una citación judicial. Si lo hacemos uno de nosotros nos empuran, tales y cuáles.

Si pasamos de Antonio Plasencia a Ignacio González Martín, “el rey de los neumáticos” que le dicen por el Tenerife profundo, nos enfrentamos a un empresario que es tan rico, tan rico, que le compró un partido para que se entretuviera su hijo, Nacho González, que es tan inútil en materia de negocios y en las empresas de papá, que su progenitor le regaló el Centro Canario Nacionalista, o Centro Nacionalista de Nacho, como también le conocen por la Avenida Anaga y tal. Las barbaridades cometidas por Ignacio González Martín, por el administrador José Luis Langa, y los dirigentes Juan Pedro Ruíz y Pedro González Santiago, este último hermano de Nacho, fueron tan gordas que la Fiscalía propuso penas de hasta cuatro años de cárcel, pero como en otros muchos sumarios si te vi no me acuerdo. Ignacio González Martín fue acusado como presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife por malversación de fondos públicos y falsedad electoral y le pedían tres años y medio de cárcel, y el muy empresario se descojonaba de la risa con sus amigos en el Club Oliver a la hora del aperitivo y dos kilos de arena de Las Teresitas.

En cuanto al estupendo empresario grancanario Francisco Santana Cazorla no hace falta decirles las magníficas conexiones que siempre ha tenido con el Sanedrín canario, es decir, con CC, PP y PSOE, destacando por sus excelentes actuaciones en el sumario de Góndola, y su pieza separada Grupo Europa. En el sumario de Góndola, en donde presuntamente tuvieron una actividad ilícita el exalcalde de Mogán, Francisco González, hoy día trabajando en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y su exteniente de alcalde, hoy día alcaldesa tales y cuales, Onalia Bueno, Francisco Santana Cazorla jugó un papel preponderante.

El juez instructor del caso Góndola, que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán desde el verano de 2006, ha levantado parte del secreto del sumario, que recoge infinidad de grabaciones y escuchas policiales en las que se pone de manifiesto la presunta actividad ilícita del alcalde de Mogán, Francisco González (PP) y de su ex teniente de alcalde, Onalia Bueno, así de como de otras personas implicadas en el caso, como el empresario grancanario Santiago Santana Cazorla. De las conversaciones del empresario con Adán Martín y Domingo Berriel no me voy a extender en volverlas a publicitar, ni de la promesa de Cazorla al director general, Salvador Iglesias, de que le daría trabajo cuando montara un despacho de abogados, o cuando Adán Martín dijo en sesión de gobierno sobre Anfi: “Quiero eso en la Comisión…escríbanlo en diez horas”, sobre esto los que tengan interés en volver a refrescar la memoria, en la hemeroteca de Canariasahora.es tienen todos estos temas con gran lujo de detalles. La cuestión de fondo está en que hay muchos empresarios bailando la yenka alrededor de CC, PP y PSOE, dando un espectáculo deplorable a la política canaria.

No voy a decir que todos los empresarios son disolutos ni corruptos, porque tengo bastantes amigos que son serios en sus empresas, y aunque muchos explotan a sus trabajadores, algunos lo hacen con delicadeza y tal. Incluso los “eretizan” (de ERE) con cierta ductibilidad. Además de dúctiles, son maleables, bueno fuera. Pero cuando nos tropezamos en Canarias con casos como los empresarios tinerfeños Antonio Plasencia o su colega Ignacio González, hay que ponerse en guardia y dos sacos de arena de Las Teresitas. Y como las cosas de Palacio van despacio, y las cosas de la Justicia van muy lentas, simplemente recordarles que al tal Plasencia por los presuntos delitos de extracción de áridos en los barrancos de Güimar le metieron un paquete del quince por atentar contra el medio ambiente y los arenosos y otras cosillas más, y todavía la mayoría de los tinerfeños decentes están esperando a ver qué pasa, ¡oye!, que esto es un cachondeo que diría el jerezano Pacheco. Nada les digo del asunto/trasunto de Las Teresitas, un auténtico escándalo a nivel nacional.

La broma de las presuntas criticas tales y cuales, presuntas oye, que no me vayan a presentar otra querella en plan Jaime Mayor Oreja aunque se la gané y tal jugando fuera de casa, alcanza a unos doscientos millones de euros que tendría que pagar el presunto delincuente Plasencia y su hijo Carlos, presidente de Promotora Punta Larga y presuntamente “manos largas”, pero que ¡oye!, todo está congelado y bien congelado, fitetú por la Audiencia Provincial de Tenerife. Hay que aclarar que por esta “broma” judicial, el embargo de los bienes de Antonio Plasencia y de su hijo Carlos asciende en la fianza a más de 66 millones de euros para hacer frente a sus posibles responsabilidades civiles por un presunto delito ecológico y le pedían una condena de cinco años de cárcel y unos doscientos millones de euros de indemnización, pero el tal Plasencia descojonado de la risa no se dignó ni a ir a una citación judicial. Si lo hacemos uno de nosotros nos empuran, tales y cuáles.