La obligación de cualquier Gobierno es generar condiciones para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Facilitando el desarrollo económico y la generación de empleo, financiando adecuadamente los servicios públicos o afrontando las políticas de cuidados a las personas. Objetivos que resultan mucho más complicados de alcanzar cuando la legislatura se ve condicionada por situaciones tan graves como la pandemia de la Covid 19, la erupción del volcán de La Palma, los efectos de la guerra en Ucrania o la crisis inflacionista global. Y, pese a ello, pese a tantas y duras complicaciones, la Canarias que deja el Pacto de Progreso (junio 2019-junio de 2023) es mejor que la que recibimos en la inmensa mayoría de sus parámetros.
Lo es, sin duda, en el caso del empleo, el que expresa mejor la distribución de la riqueza y el bienestar de la gente. Si comparamos los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2019 con los publicados hace una semana correspondientes al II trimestre de 2023, el avance es sustancial. Tenemos hoy cien mil personas más trabajando que entonces, acercándonos al millón de personas ocupadas, lo que constituye un récord histórico.
EPA 2019-2023
Según la EPA la cifra de desempleados pasa de algo más de 239.000 a 179.000, es decir casi 60.000 menos, con una tasa en junio de 2023 del 15,25%, casi seis puntos inferior a la que teníamos en el segundo trimestre de 2019 (21%). Además, Canarias es la Comunidad en la que más se ha reducido el paro en el último año (25.200 desempleados menos), por delante de Cataluña (23.700) y Galicia (19.700). Estos datos de la EPA son consistentes con los datos del mercado laboral del mes de junio donde el número de afiliados a la Seguridad Social en Canarias es de 879.396, el más alto de la historia; y el número de parados registrados es el más bajo desde mayo de
2008, con 174.019 personas registradas.
Por mucho que lo nieguen las derechas que constituyen el actual Ejecutivo canario, como hicieron en los recientes procesos electorales del 28M y del 23J, los datos de la EPA resultan contundentes y confirman la buena salud de la economía y del empleo en las Islas tras la abrupta caída del Producto Interior Bruto (PIB) que supuso el cero turístico consecuencia de la pandemia y el confinamiento en el año 2020; estando hoy cerca de recuperar el PIB que teníamos en 2019.
Le corresponde ahora al actual Gobierno en estos próximos cuatro años continuar en esa senda de crecimiento económico y del empleo para llevarnos a cifras de desempleo por debajo del 10%. Reduciendo la mayor tasa de paro femenino y juvenil, así como insistiendo en la mejora de la calidad, en estabilidad y crecimiento salarial.
Presupuestos y políticas públicas
El otro gran parámetro de mejora se encuentra en las cuentas públicas. En la positiva evolución de la economía y del empleo influyeron, sin duda, las políticas progresistas del Gobierno de España (ERTEs, salario mínimo…) y, de manera especial, los cuatro presupuestos de la Comunidad Canaria elaborados y aprobados en el periodo 2019-2023. Expansivos y puestos al servicio de la economía y de las personas, radicalmente distintos a los que las derechas implementaron tras la crisis financiera de 2008, realizando recortes sanitarios y educativos y causando un enorme daño social, en forma de debilitamiento de los servicios públicos, paro y desahucios.
Unas cuentas públicas, las del Gobierno de Progreso, que posibilitaron parar el duro golpe de la pandemia, ofreciendo apoyo directo a empresas, autónomos y personas vulnerables. Que permitieron incrementar notablemente el número de sanitarios, con más de 7.000 contrataciones, para salvar vidas y proteger la salud de la población. Así como con más de 3.000 nuevos docentes que garantizaron la prestación del servicio público educativo en las mejores condiciones de seguridad para alumnado, profesorado y familias.
En el área de derechos sociales han aumentado un 206% los beneficiarios con relación a 2018. Y pusimos en marcha la Renta Canaria de Ciudadanía, que debe llegar, al menos, a 40.000 unidades familiares, posibilitando que puedan pagar el alquiler de sus viviendas, las facturas de agua o electricidad, así como su alimentación, en suma, que dispongan de recursos para atender sus necesidades vitales. Disponiendo de un Plan de Vivienda con una ficha financiera de 664 millones entre 2020 y 2025; pasando de los 79 millones de las cuentas públicas de 2019 a los 151 del presente ejercicio, aunque se precisa redoblar el esfuerzo en el cumplimiento de este Plan para garantizar lo que recoge el artículo 47 de la Constitución: “el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
Entre 2019 y 2023, el incremento del Presupuesto canario fue del 29,6%, pasando de 7.855 millones de euros a 10.180 millones. El gasto social se elevó de los 5.532 millones iniciales hasta alcanzar 7.287 en las cuentas para este año 2023. Otro tanto sucedió con el apoyo a los distintos sectores económicos, incrementado en un 83%.
Para hacer posible ese enorme esfuerzo presupuestario resultó esencial la capacidad del Gobierno de Canarias a la hora de captar recursos del Estado y de la Unión Europea, teniendo una previsión de 40.000 millones de euros de gasto público en el cuatrienio. Logrando, además, niveles de ejecución presupuestaria superiores a los de etapas precedentes, pese a tener que ejecutar cantidades mucho mayores.
Lo hicimos llevando a cabo rebajas selectivas de impuestos; en el IGIC, en el tramo autonómico del IRPF o en el impuesto a combustibles a transportistas, agricultores y ganaderos; apoyando a la isla de La Palma con medidas fiscales y ayudas para la reconstrucción. Reduciendo además la deuda de 6.808 millones a finales de 2018 a 6.474 millones a 31 de diciembre de 2022 según el Banco de España; con la menor deuda por habitante de todas las comunidades autónomas: 2.864 frente a los 6.882 euros del conjunto de las comunidades. Y, asimismo, siendo la tercera con menor deuda respecto al PIB, con un 13,8% frente al 23,9 de la media de las CCAA.
Los avances no implican dejar de reconocer las dificultades, como las referidas al funcionamiento del sistema sanitario, situado como principal preocupación de la ciudadanía, como bien señala el Sociobarómetro de Canarias publicado estos días, en el marco de una crisis global del sistema que afecta incluso a comunidades con grandes desarrollos, como Euskadi; con un debate abierto sobre la redefinición del sistema sanitario en los próximos años. Continuar avanzando en la implantación de la educación 0-3 años y en la FP dual. O en la necesidad de redefinir el modelo de crecimiento y los retos demográficos, en clave autocentrada, de sostenibilidad y de futuro, incluyendo la movilidad y la soberanía energéticas, así como la seguridad hídrica, con la lucha contra la Crisis Climática como un eje esencial de las políticas. Canarias debe continuar en la senda del progreso social, económico y medioambiental. Potenciando el autogobierno, la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres, la preservación del territorio y el medio y su propia identidad como pueblo.