La fragilidad del sistema

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La principal debilidad de la respuesta española a la pandemia es el resultado de la fragilidad del sistema sanitario, con recursos humanos reducidos y escasez de equipamiento e infraestructuras especializadas, como consecuencia de las políticas anteriores y las restricciones de inversión en el sector público, especialmente las desarrolladas por el Partido Popular a nivel nacional y, con el ejemplo paradigmático de Madrid para mayor gloria del modelo. Modelo que, según su líder, se aplicaría al resto del país, si tuviera los votos necesarios. El coronavirus encontró así un terreno fértil para su expansión en un adelgazado sistema público de educación, sanidad, protección social, investigación y desarrollo tecnológico, con limitadas capacidades defensivas. Ello justifica un análisis independiente de la situación de partida y del impacto de las medidas adoptadas, con objeto de reforzar las estructuras sanitarias y prevenir las emergencias futuras, como se ha solicitado por diferentes representantes de la investigación biomédica. 

En ese sentido, acaba de publicarse un estudio internacional basado en la respuesta de cinco países asiáticos y cuatro europeos (Alemania, España, Noruega y Reino Unido), que implementaron medidas restrictivas frente a la expansión del virus (Emelin Han et al. Lessons learnt from easing COVID-19 restrictions: an analysis of countries and regions in Asia Pacifica and Europe. The Lancet. September 24.2020.). Según los autores, cualquier estrategia debería basarse en un equilibrio entre la epidemiología de la infección y las consecuencias económicas y sociales de la movilidad restringida, lo que está directamente relacionado con la necesidad de que las autoridades sanitarias tengan una visión clara de la situación y sean capaces de transmitirla de forma sencilla y eficiente a la sociedad, con objeto de que sea comprendida a todos los niveles y facilite una implicación directa de la población afectada. En varios países europeos no siempre ha sido así, y en el caso de España han faltado explicaciones claras de los criterios utilizados y del peso de cada indicador, en un contexto en que la educación sanitaria de la población era insuficiente. Incluso ahora, basta contemplar cómo el uso generalizado de mascarillas en la calle, incluso en zonas poco concurridas, cambia en el momento de entrar en un bar y formar un animado corrillo en la barra, mientras el número de cañas o vasos de vino va reduciendo progresivamente la distancia interpersonal. A ello contribuye la polarización política, notablemente más agria en España que en el resto de Europa, con los partidos de la derecha utilizando de forma irresponsable la emergencia sanitaria con el único objetivo de debilitar al gobierno, precisamente en un momento en que este tiene que afrontar una situación extrema y tomar decisiones, sin aportar una sola idea que no sea la de sostener lo contrario, poner en tela de juicio la legitimidad salida de las urnas, y enfundarse en las banderas más queridas por las posiciones ultras europeas y norteamericanas. 

Sin entrar en detalles, el estudio publicado en The Lancet refleja que, en general, no ha habido diferencias cualitativas en lo que se refiere a las medidas adoptadas, incluyendo el sistema de vigilancia –diagnóstico, rastreo, aislamiento y cuidados–, los equipos de asesoramiento y decisión organizados, el control de las fronteras o la organización de la desescalada. Respecto a esto último, es evidente que en España no se cumplió correctamente, en parte por la confrontación política mencionada, con Madrid como escenario del terror. La responsabilidad de la situación, en este caso, no se limita a la torpeza y soberbia de su presidenta, a la insignificancia de su vicepresidente –ese hombre que desempeña su papel con la invisibilidad respetuosa de un jefe de planta de unos grandes almacenes–, y a la tibieza acorchada de la oposición socialista, sino a la dirección nacional del Partido Popular, cuya carencia de ideas y planteamientos parece llevar a una huida hacia delante, que acabará, antes o después, con su sustitución y anuncio del siempre prometido viaje al centro. 

En la comparación entre los países asiáticos y europeos analizados, destaca una mayor rapidez en las respuestas en aquellos que habían pasado por experiencias previas, en los que la población estaba adaptada a sufrir restricciones en lo que se refiere a las interacciones sociales. En cualquier caso, aún no se dispone de datos suficientemente explícitos ni fácilmente comparables, y debería esperarse a una evaluación independiente y rigurosa para poder alcanzar conclusiones. Hay un factor diferencial, sin embargo, que en el caso europeo destaca con la tozudez de los números y no necesita interpretaciones sofisticadas, y es el estado del sistema público de salud en todos sus aspectos. Como ejemplo representativo de la notable discapacidad española, coincidiendo con la primera ola de la pandemia este país disponía de 10 camas de cuidados intensivos, mientras que Alemania tenía 34, junto a una estructura de atención primaria depauperada, residencias geriátricas sin medicalización y un preocupante engrosamiento del sector privado, especialmente en autonomías gobernadas por el Partido Popular. Una situación que únicamente puede contrarrestarse con inversiones decididas y sostenidas en el sistema público de salud, en educación e investigación, y con la puesta en marcha de un programa urgente de formación e incorporación de personal en esos sectores. Para todo lo cual resulta irrelevante el pataleo de la oposición conservadora, las arengas de batallón o el ondear de las banderas, como máxima expresión del pensamiento vacío.

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