Desde hace dos años y de forma ininterrumpida el fenómeno migratorio ha copado toda la actualidad de Canarias junto a la pandemia. La oleada de inmigración ilegal por vía marítima a las costas del archipiélago superó en 2020 las 23.000 personas, cifra que supone un incremento del 756,8% con respecto a 2019 según los datos del Ministerio del Interior. Esta realidad ha tenido consecuencias políticas y sociales, reflejadas en el cuestionamiento a ministros como Escrivá y Marlaska; movilizaciones en contra de los albergues en diferentes localidades; o discursos de corte xenófobo por parte de actores políticos y empresariales. En paralelo, un contexto de parón económico que mantiene a la población canaria en una incertidumbre permanente y en un estrés social que hacen parecer a las islas un auténtico “polvorín” a punto de estallar. La sensación generalizada evoca descontrol, improvisación y pasividad a la hora de gestionar este fenómeno. No obstante, ¿es realmente esto lo que piensa la sociedad canaria? ¿Existen diferencias entre la percepción que se ha instalado y la opinión pública de las islas? ¿Este contexto social es comparable con la crisis de los cayucos de principios de milenio?
El Sociobarómetro de la Comunidad Autónoma de Canarias, elaborado por la Fundación de Enseñanza Superior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria (FESAD), entidad titular del Centro Asociado a la UNED, nos ofrece datos interesantes puesto que dedica un bloque a las actitudes de la opinión pública canaria ante el fenómeno de la inmigración irregular. Por otro lado, utilizando los datos del Informe “Actitud de los canarios ante la inmigración y la integración de los inmigrantes” publicado en el año 2007 por el Gobierno de Canarias, podemos comparar dos contextos aparentemente similares en lo que a conflicto migratorio se refiere, pero con escenarios de fondo distintos: una coyuntura económica favorable en 2007 y una desfavorable en la actualidad.
En primer lugar, la identificación de los principales problemas de Canarias en respuesta espontánea múltiple: en 2007 la inmigración ocupaba el primer puesto con el 54,9%, seguido del paro (18,8%). En la actualidad, el principal problema se
identifica en el paro con el 51,5%, seguido de la COVID-19 (37,5%). La inmigración ocupa el quinto puesto (18,8%).
Sobre la identificación del inmigrante se evidencia un cambio sustancial. Si en el 2007 se identificaba como inmigrante a los latinoamericanos (44,7%), seguidos de los “africanos en general” (28,4%) y magrebíes (22,9%); en 2021 son los marroquíes/argelinos los que ocupan el primer puesto (35,5%). Existe una tendencia decreciente a identificar a los latinoamericanos como inmigrantes (6,5%). Esto puede ser debido a que este colectivo ha conseguido una integración plena en la sociedad canaria, siendo percibidos como miembros iguales a la población oriunda.
El grado de simpatía hacia los inmigrantes por lugar de origen se mantiene prácticamente estable. Aumenta un punto porcentual con respecto a 2007 la simpatía a los europeos de la UE (7,3), los hindúes (6,2) y los asiáticos (6,3). Los magrebíes se mantienen como el colectivo de inmigrantes con menor simpatía para los canarios (4,4). Estos datos reflejan un cierto etnocentrismo europeo y una cercanía hacia los inmigrantes con rasgos culturales próximos. El recelo o la poca simpatía hacía los europeos del este y magrebíes puede venir dada por los estereotipos que se les identifican a algunas nacionalidades de estas zonas, relacionándolas con la delincuencia o prácticas culturales diferentes.
En la actualidad, la sociedad canaria rechaza de forma clara la afirmación que vincula aumento del número de inmigrantes y beneficio económico. Sólo el 23% está de acuerdo. En 2007 existía una mayor división, puesto que el 42,6% de las canarias y canarios estaban de acuerdo con que la inmigración era beneficioso para la actividad económica. Estos datos estarían evidenciando una percepción hacia el inmigrante como potencial “competidor” en un mercado laboral paralizado por la pandemia.
Otro factor que ha estado en boga por distintos actores y para distintos propósitos es el que vincula inmigración con delincuencia. Algunos episodios violentos se han vuelto virales por las redes sociales y han posibilitado una sensación de inseguridad y miedo entre la población canaria. Aunque los datos del Ministerio del Interior aseguran que no existe relación alguna entre aumento de inmigrantes y delincuencia, la percepción subjetiva de inseguridad de la opinión pública es de total acuerdo con la misma. No existen diferencias sustanciales entre los datos de 2007 y los actuales, superando en ambos casos el 70% en grado de acuerdo. Estas cifras nos estarían indicando una estabilidad subjetiva a la hora de relacionar inmigración y delincuencia independientemente del contexto económico.
Sobre la capacidad de carga de Canarias, los datos comparativos arrojan consideraciones paradójicas. En el año 2007 existía prácticamente unanimidad en el rechazo a admitir más población extranjera, superando el 84%. Hoy día esta afirmación refleja una cierta división pública al estar de acuerdo el 54,2% y en desacuerdo el 37,3%. Podemos intuir que esta división devenga de la polarización afectiva y política existente que actuaría de atajo informativo y refuerzo de las precondiciones y lealtades. Los mensajes ideológicos y partidistas podrían estar influyendo en la opinión pública, más si cabe en un contexto de división y rechazo al que piensa de forma diferente.
Otro mantra extendido es el que afirma que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los canarios y canarias. Según la comparativa, el grado de acuerdo ha bajado unos 8 puntos porcentuales (40,2%). En 2007, el 48,8% de la población canaria consideraba que los inmigrantes quitaban puestos de trabajo. Téngase en cuenta que aún no había estallado la crisis financiera y los índices de desempleo se mantenían estables (10,23% de paro registrado en el primer trimestre de 2007. En la actualidad se eleva a 32,26%). Volvemos a señalar el posible efecto de la polarización social como generador de este tipo de división en la opinión pública.
Tampoco parece que existan diferencias sustanciales en la percepción de rechazo al inmigrante. En los dos contextos, el índice de respuesta a considerar que ha aumentado el rechazo al inmigrante respecto al año anterior se sitúa en el 50%. En la actualidad sí se evidencia un incremento en la percepción “igual” (35%), debido a que aún en este año 2021 no se evidencian cambios significativos en la llegada de inmigración irregular con respecto al 2020. Por el contrario, en el año 2007 sí se podría considerar un año donde la crisis de los cayucos estaba aminorando después de un año 2006 con picos importantes de llegadas (31.245 personas llegaron irregularmente a Canarias).
Por último, la percepción que se mantiene sobre las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en Canarias y en España es de tolerantes (66%). En el 2007 esta opinión era suscrita por el 61%, frente al 13% que las consideraban correctas o el 10% como duras. Por tanto, mayoritariamente se sigue considerando a las leyes de extranjería como tolerantes o laxas y, por ende, esta percepción estaría relacionada con la demanda de mayor dureza y restricciones.
Así las cosas, en este artículo hemos querido ofrecer datos comparativos con el objetivo de analizar la realidad social de forma rigurosa y con perspectiva temporal. En estos últimos meses hemos asistido a infinidad de opiniones, actuaciones y reclamos, en muchos casos, en nombre de una supuesta aclamación popular que alentaba al rechazo al inmigrante. Sin embargo, los datos nos confirman que, en comparación con la anterior crisis migratoria acaecida en 2006, las actitudes ante el fenómeno migratorio poco han cambiado. Se sigue manteniendo opiniones extremas en determinados temas como la delincuencia y la sensación de inseguridad. Actitudes latentes y estables que parecen no estar relacionadas con el contexto de crisis económica y sanitaria. No obstante, nada nos dice que éstas no puedan seguir extremándose y ser canalizadas de forma de expresiones políticas o de violencia xenófoba.
Ayoze Corujo Hernández, Politólogo. Profesor-Tutor de Ciencia Política en la UNED.
Juan del Río Alonso, Sociólogo. Director Técnico del Sociobarómetro de Canarias y Profesor-Tutor en la UNED.