Justicia que no protege a la infancia, violencia institucional inaceptable (II)

En el tiempo transcurrido desde que, en mayo de 2022, la Adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, presentara a los medios de comunicación el ensayo-testimonio Te haré la vida imposible. Cómo sobreviví a la violencia machista, psicológica y vicaria me han escrito un montón de mujeres. Madres que a día de hoy, con una LO de protección integral a la Infancia y Adolescencia en vigor, asisten incrédulas, frustradas e impotentes -y sus letrada/os con ellas- a una situación aún peor que la propia violencia machista: que el Estado y el sistema de protección creado para las mujeres y sus hijos se conviertan en cómplice y aliado de los maltratadores. La ONU ha condenado en varias ocasiones a España por no protegerlas y ayudarlas como ellas necesitan, sin paternalismos ni omisiones. Hace apenas un año, se le interpeló por aplicar contra ellas el tristemente famoso SAP, el síndrome de alienación parental -que la OMS no reconoce y la Ciencia demuestra falso- y conceder la custodia de las y los menores a los agresores de sus propios hijos.

Como superviviente de violencia de género, también institucional -las y los profesionales del sistema no detectaron que lo que mis hijos y yo vivíamos, además de maltrato infantil, era violencia psicológica, económica y vicaria-, no puedo callarme ante tantos y tantos casos como estoy conociendo a raíz de la publicación del libro. (Inciso: gracias, Jorge Liria, por tu compromiso, desde Mercurio Editorial, con la erradicación de todo maltrato y muy especialmente de éste, que destruye las infancias felices y sin violencias a las que toda, todo menor tiene derecho, como bien recoge la Convención de Derechos del Niño, en vigor desde 1990 y de obligado cumplimiento por parte de los países firmantes, entre los que se encuentra el nuestro).

Recapitulo y concluyo: 

Es insoportable que el sistema que debería proteger a las mujeres madres y a sus hija/os no solo no lo haga sino que sea cómplice y aliado de los maltratadores.

Es insoportable la violencia institucional que viven miles de madres en nuestro país simplemente por empeñarse en proteger a sus criaturas de la violencia doméstica, la violencia machista y el abuso sexual intrafamiliar. Por negarse a dejarlos con sus genitores -porque no son padres, ser padres es otra cosa, ellos solo han puesto el semen-.

URGE que el Gobierno atienda este tema DE INMEDIATO, lo que se está haciendo NO ES SUFICIENTE. Ya no nos valen palabras huecas, promesas de acción, discursos vacíos, minutos de silencio que, aún con todo su simbolismo, no son eficaces para eliminar la violencia. De verdad que hace falta una gran tarea de AUTOCRÍTICA por parte de las y los responsables de la lucha contra la violencia de género y el maltrato infantil, en los gobiernos y administraciones públicas. Que, si es honesta, debiera conducir a la aprobación -con su correspondiente ficha presupuestaria- de más medidas, una de ellas VITAL, que es la puesta en marcha de programas OBLIGATORIOS de formación especializada, con perspectiva de género y perspectiva de infancia, de obligada asistencia y evaluación final de los contenidos cursados.

Como comenté hace pocas semanas al Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana -muy empático y y sensible a la materia, por cierto, lo que es de agradecer , ¿acaso no se forman durante 4 años para especializarse las y los recién graduados en Medicina?  Entonces, cómo es posible que haya titulares de juzgados graduada/os sin formación especializada en familia, igualdad, violencia machista, derechos de la infancia? ¿cómo alguien sin esta formación puede tener en sus manos -porque lo tiene, a través de las sentencias que dicta- la vida y el futuro de mujeres y menores? ¿Estamos locos, o qué? De verdad, ¿nos hemos vuelto locos? ¿cómo puede un gobierno saber que hay lagunas inmensas, profundas, que hacen que se esté violando los derechos humanos, especialmente los de las y los niños y no hacer nada? ¿Hay algo más urgente que cuidar y proteger a las y los menores? De verdad, ¿de que sirve tener en nuestro ordenamiento jurídico una LO de protección integral a Infancia y Adolescencia si no permite impedir casos como los que denuncia esta abogada?