Justicia que no protege a la infancia, violencia institucional inaceptable

Inicio este artículo de forma inusual, invitando, a quienes han comenzado a leerlo, a que vean primero este vídeo. En él, una abogada cuestiona la imparcialidad de la Justicia canaria en un caso de flagrante omisión, por parte del juzgado competente, en el deber y la OBLIGACIÓN LEGAL DE PROTEGER a dos menores de 3 y 7 años, que llevan meses siendo maltratados y agredidos sexualmente por un señor a quien, inexplicablemente también, se le ha dado una custodia compartida. Una realidad sangrante que fue DENUNCIADA DE URGENCIA el mes pasado en Tenerife, con documentación abundante e imparcial: informes de equipos profesionales y de la propia Fiscalía de Menores, amén de grabaciones familiares que evidencian, entre otras cosas, comportamientos sexualizados inexplicables para su edad. Que asimismo confirman la peligrosidad de la situación y el riesgo altísimo para la salud y la vida de esos menores si siguen en compañía de quien a todas luces no les quiere bien. Que además quiere hacer el máximo y más cruel daño a la mujer, que eso es, entre otras cosas, la violencia vicaria. No solo que un maltratador asesine a sus propios hijos. 

La madre, a la que conozco personalmente desde el año pasado, víctima a su vez de violencia de género desde el primer embarazo, está destrozada. Cómo no estarlo si tuvo que entregar a sus hijos el pasado viernes por la tarde, tras 15 días de muy intensa presión judicial y policial, a un hombre que la odia. No hay consuelo para ella. Y quienes la acompañamos e intentamos sostener su dolor en estas horas difíciles sentimos tantísima impotencia y tal frustración que solo nos cabe alzar la voz y seguir batallando. Porque su caso no es único: se suma al de cientos, miles, de madres que en todo el país están viviendo o hemos vivido situaciones similares, o peores. 

Ante un caso así, mientras dure la investigación de los gravísimos hechos denunciados -repito, con URGENCIA- ¿qué juez con perspectiva de género y perspectiva de infancia, con la más mínima humanidad y profesionalidad, con la más mínima consideración hacia unos niños vulnerables, con el más mínimo conocimiento de derechos humanos y de la infancia, no suspendería el régimen de visitas? Ante la duda, lo que debe primar es la protección de los menores, el famoso interés superior del menor que con tanta frecuencia invocan abogada/os, fiscales, juezas, jueces. En teoría, porque en la práctica, cuánta desconsideración de este interés en tantas custodias compartidas impuestas, pese a que ellos hayan sido condenados por violencia de género o a ellas se les esté atendiendo en los recursos del sistema de protección -motivo este suficiente para que sean acreditadas como víctimas de violencia de género, algo que mucha/os profesionales del sistema (mi última abogada, de hecho) desconocen, ¡¡¡cuando está en la ley de 2004!!!-. Pero volviendo al tema, en esos casos, la ley permite retirarle al genitor, no ya la custodia, sino la patria potestad. Pero, claro, la teoría es muy bonita. Falta aplicarla. Y hay tanta ignorancia, tantísima, entre las y los profesionales, tan poca consideración de los derechos de la infancia; tal olvido de que las y los menores son criaturas inocentes, terreno sagrado que nadie, NADIE, debería atreverse siquiera a pisar con los pies sucios, cuanto menos con violencia y abuso… que aquí estamos sus madres, desgarradas, muertas en vida, que es exactamente lo que desean para nosotras los hombres con los que construimos un día un proyecto de vida: no nos asesinan pero nos tienen muertas en vida. Quien es madre, sabe de qué hablo.

¿Cómo es posible que no se haya dictado una resolución que paralice el régimen de visitas? La ley no admite dudas sobre la OBLIGACIÓN DE SUSPENDER VISITAS Y CUSTODIAS DE FORMA INMINENTE. ¿Cómo es posible que se admita la denuncia del padre contra la madre por no entregar a los niños, si ésta solo quiere protegerles pues hay indicios sobrados de abuso y una denuncia interpuesta con carácter de urgencia?  ¿Cómo es posible que a 2 de agosto el juzgado no haya resuelto esta denuncia que se puso hace semanas, si está en juego la vida y la integridad física de dos menores? ¿Cómo es posible que si se abrieron diligencias de investigación previas que aprecian la posibilidad de que se estén cometiendo dos tipos delictivos graves, la documentación no haya sido revisada en profundidad?  Y, de nuevo, ¿cómo es posible que los órganos judiciales no hayan protegido a estos menores mientras dura la investigación obligando a la madre a dejarlos con su presunto agresor? 

Qué impotencia más grande debe estar sintiendo esa abogada, ole por ella, pocos profesionales -yo no tuve ni uno así- se atreven a ir a los medios, a hablar tan claro, a poner en tela de juicio la actuación del Estado y su grave delito de omisión en su deber de proteger a los menores. Porque además, la leguleya asegura que este no es un caso excepcional, sino que tiene conocimiento de otros aquí en las Islas. Y sé de buena fuente que también en el resto del país. 

Como madre de tres hijos, les aseguro que es insoportable escucharles oír decir que quieren morirse, que ojalá nunca hubieran nacido; ningún niño debería sentirse tan horriblemente mal como para que por su cabecita pasen estos pensamientos ni para verbalizarlos, para que ese sea su deseo, morirse y acabar con todo esto, má, me decía uno de los míos, para qué me trajiste a este mundo.

(continuará)

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