¿Más leyes sobre Turismo?

Un análisis detallado de su articulado nos permitía concluir que no hay una sola medida que no estuviera adecuadamente recogida en el articulado de la ley de Ordenación de Directrices del Turismo. Las mismas que desde el Gobierno se empeñan en no desarrollar, mientras proponen a la sociedad acuerdos, como este, que carecen de ficha presupuestaria y sin que se perciba voluntad alguna de pasar de las palabras a los hechos.

En el anterior artículo nos detuvimos en los contenidos de este nuevo acuerdo, enmarcados en tres grandes áreas: apuesta por la rehabilitación urbana de la ciudad turística y por la renovación alojativa; eliminación de la oferta ilegal y regularización de la oferta existente; y, en tercer lugar, todo lo referido a la calidad y a la formación en el sector. En este lo haremos en torno a sus propuestas de elaboración de una nueva normativa con rango de Ley y algunos decretos.

Crecimiento máximo

En primer lugar, el Acuerdo del Ejecutivo canario plantea un anteproyecto de Ley que determina el ritmo máximo de crecimiento de la oferta alojativa turística y en el que se establecen medidas complementarias de ordenación del turismo.

En el mismo se afirma que esta Ley regulará el ritmo de crecimiento, procedimiento y competencia (la Ley trienal que regula la Directriz 27.1 DOT), definirá las bases para la regularización de la oferta ilegal, las bases para la rehabilitación urbana y la renovación edificatoria y la “modificación de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias”. El borrador de este anteproyecto asegura que estaría elaborado en el segundo trimestre de 2008.

Como se ve, se trata de una Ley donde caben demasiadas cosas. De este anteproyecto me preocupa especialmente que se elabore en un contexto de desaceleración económica en Canarias con una importante ralentización de la actividad constructora que da alas a los sectores que desean abolir la moratoria, desde la derecha política canaria a sectores de la patronal de la construcción, lo que conllevaría más ocupación de nuestro ya machacado territorio y más sobreoferta.

También merece atención el “procedimiento y competencia” para fijar el crecimiento de la oferta. La sociedad canaria debe estar vigilante con las intenciones, expuestas por el consejero de Medio Ambiente, de sustraer al Parlamento las autorizaciones del cupo de las 3.600 plazas anuales de calidad que permite las Directrices. El escándalo que supuso aprobar 5.496 nuevas camas en marzo de 2007 en la última sesión parlamentaria de la legislatura pasada, pese a los informes contrarios de departamentos del propio Gobierno, hace pensar cómo distribuiría ese cupo el Gobierno sin control parlamentario.

En sentido contrario a las intenciones gubernamentales y de algunos poderes económicos se sitúa la Ley de Iniciativa Popular sobre la continuidad de la moratoria de Ben Magec, que considero de interés por avivar el debate, al margen de que veo más conveniente mantener las actuales excepciones de camas anuales, con el criterio que hemos defendido de incremento de la calidad; y de que el problema central no está en nuevos marcos normativos, sino en que se cumplan los que ya existen.

Revisión directrices

En segundo lugar, el Gobierno plantea un anteproyecto de Ley por el que se aprueba la revisión de las Directrices del Turismo. Responde a la Directriz 5.2 a), que señala que “la revisión de la Directrices de Ordenación se efectuará por el transcurso de cinco años de vigencia sin que se hubiese realizado revisión por alguno de los restantes motivos”. Como se aprobaron en abril de 2003 se supone que hay que revisarlas en abril de 2008. Resulta una ironía que se proponga precisamente una revisión por “cinco años de vigencia” cuando lo que en realidad ha habido son cinco años de inaplicación (excepto en aquello que la Ley tenía de aplicación directa e inmediata).

En el Acuerdo se dice que las propuestas de revisión estarían antes de marzo de 2008, y al margen de que creo que se retrasará más, esta revisión se afrontará en un contexto económico distinto a la explosión de crecimiento constructor que había cuando se aprobó la Ley de Directrices en abril de 2003.

Municipios turísticos

Por último, se incluye en el Acuerdo un anteproyecto de Ley del estatuto de Municipio Turístico. Hay que recordar que, según la Directriz 32.3, el Estatuto de los municipios turísticos debía estar regulado desde diciembre de 2003, es decir, nueve meses después de aprobadas las Directrices. Otro incumplimiento de ATI y su Gobierno.

En definitiva, el Acuerdo propuesto por el Gobierno incluye, en el plano legislativo, un paquete de medidas, algunas de las cuales tenía que haber desarrollado hace tiempo el Ejecutivo y no lo ha hecho; y otras, incorporadas ahora, que incrementan la discrecionalidad del Gobierno a la hora de autorizar nuevas instalaciones turísticas, alejándose del desarrollo modulado, sostenible y con futuro que precisa el Archipiélago.

* Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez*

Un análisis detallado de su articulado nos permitía concluir que no hay una sola medida que no estuviera adecuadamente recogida en el articulado de la ley de Ordenación de Directrices del Turismo. Las mismas que desde el Gobierno se empeñan en no desarrollar, mientras proponen a la sociedad acuerdos, como este, que carecen de ficha presupuestaria y sin que se perciba voluntad alguna de pasar de las palabras a los hechos.

En el anterior artículo nos detuvimos en los contenidos de este nuevo acuerdo, enmarcados en tres grandes áreas: apuesta por la rehabilitación urbana de la ciudad turística y por la renovación alojativa; eliminación de la oferta ilegal y regularización de la oferta existente; y, en tercer lugar, todo lo referido a la calidad y a la formación en el sector. En este lo haremos en torno a sus propuestas de elaboración de una nueva normativa con rango de Ley y algunos decretos.