Canarias a la cola

Un nuevo informe del BBVA confirma la información ya conocida de que Canarias es la región española en la que menos se gasta en servicios públicos esenciales como educación, sanidad y protección social. La diferencia entre Canarias y la media nacional es de más de mil euros por habitante y año –un quince por ciento- pero en algunos aspectos, esa diferencia con las regiones que más gastan en materia social –las del Norte peninsular: Navarra, País Vasco y Asturias- alcanza una desproporción del 60 por ciento. Los datos demuestran que no basta con que la Constitución española garantice sobre el papel la igualdad de oportunidades de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos para que esa garantía se cumpla: si usted viviera en Asturias en vez de en Escaleritas o Taco, sus hijos tendrían mejores colegios, y sus padres estarían mejor atendidos en centros de mayores.

El informe considera que la crisis puede explicar la disminución general del gasto en asuntos sociales. Es cierto que se ha reducido el gasto en todo, porque se han reducido los ingresos públicos, pero explicar algo no es justificarlo: en una sociedad mejor organizada que la nuestra, habría ocurrido justo lo contrario. Los gobiernos habrían aplicado políticas anticíclicas y reforzado los servicios sociales para paliar los desastres de la crisis, en vez de gastarse los cuartos en rescatar a banqueros que reparten dividendos antes de pagar sus deudas con el país. Pero la crisis no ha tratado igual a todos los territorios. El Gobierno del PP se ha ensañado especialmente con Canarias, volando los convenios y reduciendo toda la arquitectura del ‘trato especial a Canarias’, laboriosamente construida en un cuarto de siglo de negociaciones y entendimientos entre esta región y el Estado, a puro polvo. Aparte el factor crisis, que sin duda ha influido en la reducción salvaje de recursos transferidos al Archipiélago, aquí se ha  aplicando políticamente el criterio -erróneo por otro lado- de que “cuanto peor mejor”. La verdad es que el ministro canario, inspirador  de la política de Rajoy con las islas, ase ha cubierto de gloria.

Pero no toda la responsabilidad es del PP: las diferencias en gasto social entre Canarias y otras regiones del Estado es mucho más antigua que este concreto Gobierno de Rajoy, y tiene también mucho que ver con una cultura política instalada en las islas desde 1987, y que en tiempos de abundancia eligió las grandes inversiones en infraestructuras, antes que el gasto social. Durante años, aquí se construyeron carreteras para ir a un sitio y carreteras para venir del mismo sitio, terminales aeroportuarias sobredimensionadas –La Palma es un buen ejemplo-, puentes con voluntad de imitar al Golden Gate, túneles irrentables y puertos sin tráfico. En Canarias el gasto social nunca ha sido una prioridad para nuestros Gobiernos. Es cierto que Educación y Sanidad acaparan las grandes partidas (como en cualquier región europea), pero Asuntos Sociales siempre ha estado a la cola. Y eso es una responsabilidad clara de los de aquí. Para quienes se dedican a la política, es más rentable construir un hospital comarcal que crear diez centros de atención a mayores. Para los mayores –y para una sociedad que envejece rápidamente, como la nuestra- habría sido más rentable hacer lo contrario.