Una moción de censura de baja calidad democrática

La moción de censura que triunfó el pasado día 13 de julio en Santa Cruz de Tenerife tuvo una única causa directa: el candidato a la alcaldía de Coalición Canaria había reunido los catorce votos necesarios para conformar una nueva mayoría absoluta y, por lo tanto, pudo poner fin al año de gobierno de PSOE-Cs, con apoyo externo de Unidas Podemos. 

Sin embargo, el nuevo gobierno municipal ha iniciado su andadura con un triple déficit: no existía ningún rechazo popular al año de gestión de la alcaldesa, el nuevo-viejo alcalde no aportó propuestas concretas que justificaran su regreso a la alcaldía y, sobre todo, depende de una tránsfuga que traicionó a Ciudadanos y las promesas de regeneración que hicieron a la ciudadanía.

El portavoz de Coalición Canaria había afirmado, en el pleno municipal celebrado en julio de 2019, que gobernar con tránsfugas es “la peor perversión que se puede dar del sistema democrático”. Pero, un año después, en julio de 2020,  desde CC justifican gobernar, gracias al transfuguismo, negando que la concejala tránsfuga sea tránsfuga, o, si no, acusando a otros de hacer lo mismo. El menosprecio a la inteligencia de la ciudadanía es marca de la casa nacionalista ultraperiférica.

CC y PP pretenden que el apoyo de dos concejales de Cs a la alcaldesa fue igual al apoyo de la tránsfuga al nuevo-viejo alcalde (es decir, que todos serían iguales porque todos violarían por igual los principios antitransfuguismo que dicen defender). Pero no es así: la candidata de Ciudadanos prometió públicamente, en 2019, una regeneración que pasaba por desalojar a CC del poder. Y, después de las elecciones, Cs exigió a sus concejales en Santa Cruz violar sus promesas electorales y engañar a sus votantes (aunque acabaron honrando esas promesas electorales con posterioridad). El dilema estaba claro: acatar al partido y engañar a los votantes o cumplir con los votantes y desacatar al partido. Es obvio que lo que estaba en juego era el respeto al núcleo del “contrato electoral” y que, además, sí se podía cumplir con ese contrato.  

Curiosamente, esto no tuvo nada que ver con las motivaciones turbias habituales en el transfuguismo que, precisamente, lo que hace es romper los compromisos electorales previos e imponer decisiones particulares. Justamente, la concejala tránsfuga, que apoya al ganador de la moción de censura, vulnera las promesas electorales de su partido, la voluntad de su partido y su propio discurso de rechazo a las políticas de CC. Es el caso típico de transfuguismo que todas las fuerzas políticas dicen condenar y que, sin embargo, CC-PP legitiman a través de sus actos en Santa Cruz. Y, además, con la pretensión justificativa de que los demás hacen lo mismo (lo cual no justificaría nada, aunque fuera cierto) pese a que, simplemente, se niegan a discutir las diferencias con lo sucedido un año antes en Santa Cruz, dentro de una estrategia de embarrar e igualar en el lodo conductas opuestas.  

Todo este asunto no es irrelevante porque apunta a un déficit de legitimidad democrática en la constitución del nuevo gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife. Ése déficit está en el hecho de que el gobierno se sustente en una tránsfuga, pero no en que no gobernara el grupo más votado durante el primer año de mandato, como también se ha insinuado reiteradamente. De hecho, en el mandato 2011-2015, CC evitó que gobernara el grupo más votado en Santa Cruz y, lógicamente, nadie cuestionó la legitimidad de aquella situación. Y la vara de medir debiera ser siempre la misma.  

A la deslegitimación de un alcalde sustentado por el transfuguismo se unen la inconsistencia de sus críticas a su predecesora y la ausencia de nuevas propuestas concretas. El texto de la moción de censura diagnosticó una “parálisis evidente” del municipio, aderezada con “una situación de absoluta ingobernabilidad”, pese a que el grupo de gobierno nunca perdió ninguna votación en el Pleno referida al ámbito municipal.

José Manuel Bermúdez se comprometió a “la generación de las condiciones” que posibiliten “la creación de puestos de trabajo”. Sin embargo, los últimos nueve meses de gobierno de Bermúdez constataron un aumento de 1.713 afiliaciones a la Seguridad Social, en Santa Cruz de Tenerife, frente a 2.507 nuevas afiliaciones registradas durante los primeros nueve meses de su sucesora. Es decir, en la única etapa de gobierno de Patricia Hernández comparable con el de su predecesor se había creado un 46% más de empleo en el municipio. Pero Bermúdez se presentaba como campeón del empleo a pesar de los datos. Ni ingobernabilidad, ni creación de empleo: simplemente, retorno de la maquinaria propagandística.

Otros hitos del no-legado de los ocho años de gobierno del alcalde Bermúdez incluían no haber construido ni una sola vivienda para el alquiler social y no haber puesto en marcha ni una sola escuela infantil, pese a que, en 2012, anunció dos. Por su parte, el año de gobierno de Hernández se saldó con la puesta en marcha de la construcción de más de 300 viviendas para el alquiler social y dos escuelas infantiles, en parte como cumplimiento de sus acuerdos con Unidas Podemos.

Sin embargo, el texto de la moción de censura arremetía contra “la ralentización de muchas infraestructuras”. Por ejemplo, criticaban el retraso en la rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, que Coalición Canaria fue incapaz de poner en marcha durante más de quince años, pero que ahora cuenta con una propuesta de adjudicación. O criticaban que la rehabilitación del Templo Masónico se había ralentizado aunque, en 2017, anularon el proyecto, mientras el concejal de Urbanismo denunciaba públicamente que había habido un interés en que ganara el concurso un arquitecto determinado. Ahora el proyecto está casi concluido.

Durante el año de mandato de Hernández se llevaron a cabo obras de mejora en dieciocho polideportivos. Los trabajos en los parques de La Granja y Las Indias están casi terminados y la rehabilitación de la Casa Mascareño está en marcha. Hay nuevos proyectos de parques infantiles y se ha dotado un millón de euros para equipar de ascensores a edificios con graves problemas de accesibilidad. Y, asimismo, hay otras iniciativas en marcha o terminadas. Pero para Coalición Canaria todo esto era una “paralización” del municipio. Seguramente porque dejaron el listón muy alto: en 2018, ejecutaron el 24% de las inversiones presupuestadas. Y, en 2020, el Tribunal Supremo anuló definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana que habían aprobado en 2013.

El gobierno de Hernández deja un convenio para recuperar los 95 millones del saqueo de Las Teresitas gracias a que interpuso una querella, por presunto alzamiento de bienes, contra uno de los condenados. CC no había ni reclamado los casi 40 millones de euros de intereses, ni una ejecución provisional, y sin subasta, de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tampoco recuperaron, en 18 años, el aparcamiento de la Avenida Tres de Mayo, ilegalmente cedido por uno de los condenados del caso Las Teresitas. En 2016, habían abierto dos expedientes sancionadores que caducaron felizmente. Pero bastó con un solo año sin CC en el gobierno municipal para recuperar esa concesión. Quizá sea por esto por lo que el actual concejal de Servicios Públicos -y portavoz municipal del Partido Popular- declaró que su predecesor “no lo hizo mal”. Apreciación que contrasta con lo que afirmaba, unas semanas antes, sobre sus socios de gobierno de CC: son “malos gestores”. 

En efecto, los ejemplos de mala gestión de CC son muy numerosos: los propietarios de una residencia de mayores exigen al Ayuntamiento 19 millones de euros por el daño causado por una licencia ilegal; están en Fiscalía los pagos efectuados, sin las facturas preceptivas, por el concierto de Juan Luis Guerra o los pagos por el no-concierto de Sebastián Yatra; el Ayuntamiento ha sido condenado por los tribunales a pagar casi 1,5 millones a Elecnor y a pagos diversos a Cetensa; se ha descubierto que se abonaban 2,3 millones anuales a Sacyr, para devolverle lo que pagó por la concesión del agua municipal, sin amparo en el contrato de adjudicación. Asimismo, se adjudicó la limpieza a la única empresa que incumplía sus propios criterios de calidad y la que menos empleo aportaba.

En suma, ni Santa Cruz de Tenerife estuvo paralizada durante el último año, ni Coalición Canaria recuperó el poder gracias a un historial impecable de buena gestión y a su capacidad para aportar nuevas propuestas. CC regresó al poder gracias al voto de una tránsfuga y a una impresionante campaña de erosión de la imagen de la alcaldesa y su gobierno impulsada por varias empresas de comunicación. Lo novedoso es que nunca antes fue tan evidente y tan notorio el acceso de Coalición Canaria a un gobierno municipal aupada por mecanismos de tan baja calidad democrática.