Parálisis por análisis

Una de las principales consecuencias de la crisis económica por la que atravesamos, debido a una causa sanitaria y sus efectos sobre la economía, es el intenso proceso de contracción que está registrando el mercado laboral, el cual está directamente relacionado con la caída del PIB. De hecho, ha causado una destrucción acelerada de puestos de trabajo con el consiguiente aumento del número de personas en situación de desempleo, teniendo en cuenta que hay más de 44 mil personas que han dejado de estar dadas de alta en la Seguridad Social, si la comparación la hacemos desde la perspectiva interanual.

Si diseccionamos el problema por una variable territorial y sectorial, la intensidad y duración de esta situación hará que, en un futuro cercano, ante la falta de un reingreso efectivo en las relaciones laborales, se asistirá a un incremento de las personas desempleadas que no estén percibiendo prestación económica alguna, por lo que se está a las puertas de detectar un número creciente de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Por consiguiente, es necesario establecer estrategias conjuntas para colaborar y dar una respuesta extraordinaria a tal situación, a través de medidas consensuadas entre los operadores públicos y privados encaminadas, por un lado, para aliviar la dura situación en la que se encuentra parte de la sociedad y, por otro, contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, es necesario proyectar una política común de formación y empleo, debido a que hay seguir insistiendo en que es el conocimiento el que origina mayores dotes de adaptabilidad a una realidad que cambia por horas. Es decir, se debe resaltar la importancia de la formación, en el marco de acciones integradas de empleo, para la mejora de la inserción laboral y la especialización profesional de las personas que, queriendo trabajar, no lo pueden hacer. Por ello, las acciones a desarrollar deben tener un carácter multiplicador entre las empresas que componen el tejido productivo en donde se prime la importancia del perfeccionamiento, actualización y adaptación profesional del capital humano existente, tanto presente como futuro.

Una estrategia común en materia de formación y empleo, no sólo al objeto de potenciar nuestra posición en la economía global sino para establecer un vínculo entre el desarrollo de competencias y el crecimiento en la productividad, el empleo y el desarrollo, plantea la necesidad de fijar e implantar una serie de actuaciones prioritarias debido a su carácter de urgencia, como bien podría ser el impulso de incentivos a la contratación, el ofrecimiento de una carta de servicios adecuada de orientación y de intermediación laboral a la ciudadanía para reducir los costes de transacción en la transición empleo-par-empleo, el fomentar el emprendimiento y la empleabilidad de la población activa con atención especializada y personalizada, así como ofrecer oportunidades de reciclaje, reorientación y actualización de los perfiles medios y altos hacia la economía del conocimiento como elemento de arrastre de la economía.

En definitiva, hay que aplicar políticas de cohesión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, fortaleciendo la cohesión social y territorial así como potenciar medidas de inclusión social en coordinación con los servicios sociales como parte de la política de empleo, siendo el ámbito local el nivel más adecuado para combinar las decisiones políticas de manera efectiva y así abordar aspectos concretos o complejos, partiendo de la flexibilidad en su diseño, en el sentido de que los diferentes entes necesitan poder adaptar los instrumentos de apoyo al desarrollo local a sus circunstancias, así como del necesario liderazgo del sistema mediante un respaldo social decidido. Así que, ofrezcamos por un lado autonomía de gestión y, por otro, flexibilidad, creatividad y rapidez a la hora de crear herramientas y dar respuesta a necesidades, que es lo que se necesita. Así que, tengamos debate, pero tomemos decisiones para evitar el consabido riesgo de “parálisis por análisis”. 

Una de las principales consecuencias de la crisis económica por la que atravesamos, debido a una causa sanitaria y sus efectos sobre la economía, es el intenso proceso de contracción que está registrando el mercado laboral, el cual está directamente relacionado con la caída del PIB. De hecho, ha causado una destrucción acelerada de puestos de trabajo con el consiguiente aumento del número de personas en situación de desempleo, teniendo en cuenta que hay más de 44 mil personas que han dejado de estar dadas de alta en la Seguridad Social, si la comparación la hacemos desde la perspectiva interanual.

Si diseccionamos el problema por una variable territorial y sectorial, la intensidad y duración de esta situación hará que, en un futuro cercano, ante la falta de un reingreso efectivo en las relaciones laborales, se asistirá a un incremento de las personas desempleadas que no estén percibiendo prestación económica alguna, por lo que se está a las puertas de detectar un número creciente de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Por consiguiente, es necesario establecer estrategias conjuntas para colaborar y dar una respuesta extraordinaria a tal situación, a través de medidas consensuadas entre los operadores públicos y privados encaminadas, por un lado, para aliviar la dura situación en la que se encuentra parte de la sociedad y, por otro, contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.