Pobreza en Canarias (II): el tercer sector o el fracaso de las políticas sociales

Ya se va viendo cual es el plan contra la pobreza del Gobierno de Canarias. Una de las medidas estrella es la Ley para el Tercer Sector, una norma autonómica a la que precede una estatal que sacó el PP hace cosa de un año, detalle que no es baladí dado que nuestro presidente va copiando mucho de lo que hace o dice el PP últimamente. Con esta Ley pretende el señor Clavijo (CC) reforzar el trabajo de las ONG y financiarlas como se merecen. Algo muy loable, visto así, sin más. ¿Qué hay de malo en ayudar a las ONG que tan buena y desinteresada labor desarrollan con tantas familias en situación precaria? Estaría bien si viniera como complemento a unas buenas políticas sociales, como de hecho así lo anunciaron PP y PSOE cuando presentaron la Ley homónima en octubre de 2016 en la Universidad Complutense de Madrid, y Javier Maroto, Vicesecretario General de Política Sectorial del PP, y la socialista Micaela Navarro hablaron de la complementariedad a las políticas públicas de la Ley del Tercer Sector Social, que en ningún caso podría suplir las carencias del Estado en materia de Atención Social. 

Desgraciadamente en Canarias la labor del Gobierno Autonómico en materia de atención social brilla por su ausencia, aparcados como están a perpetuidad los tres pilares básicos de la dignidad humana: Vivienda, Alimentos e Ingresos Mínimos. Tan sencillo como que no se está promocionando vivienda pública en unos mínimos aceptables, ni hay iniciativas habitacionales similares en desarrollo, con una Ley de Vivienda parada en el Constitucional y 100.000 casas vacías, y unas ayudas al alquiler escasas y que a menudo no sirven, con los precios de los alquileres subiendo sin parar por el asunto de los vacacionales. En cuanto al derecho a la alimentación lo siguen derivando sin control, calidad ni cantidad a la caridad de las ONG. Y lo de los ingresos mínimos simplemente no existen, con la PCI presupuestada con 54 millones de euros únicamente -500 millones en el País Vasco, nunca me canso de repetirlo-, lo que dará para un 2 o un 3 por ciento de las personas que la necesitan en Canarias. Y no hablo ya de otros indicadores, a cual peor. Salvo los de carácter macroeconómico, esos sí van bien -disculpen la reiteración de otros artículos-,  con más turistas e ingresos cada año, más millonarios, la economía canaria creciendo fabulosamente al 3 y pico por ciento y las cuentas públicas más saneadas de España. Por eso cuando escucho a la Consejera y a su Comisionado vendernos la moto de una fantástica ley del Tercer Sector como medida estrella de este gobierno para luchar contra la pobreza, no puedo más que pensar que nos toman por tontos, una vez más. O dicho de otra manera: comienzan la casa por el tejado, y lo que debía ser complementario lo sitúan como fundamental. 

La tomadura de pelo empieza ya mucho antes de aprobar la Ley, y es que el Gobierno en su afán por parecer chachi intenta hacernos creer que en Canarias las leyes son socialmente participadas, y últimamente están llamando a la participación a los colectivos más representativos del sector. En el caso que nos ocupa van en busca de los del Tercer Sector..., ¡pero no llaman ni a uno solo mínimamente crítico! Eso se llama participación selectiva: solo para los que aplauden. Y si miramos a otras leyes recientes (ley del Menor, ley del Suelo) me temo que ocurre exactamente lo mismo. De hecho, a nosotros (Plataforma por la Dignidad y Plataforma 29E) nos llega la norma de rebote ya en su última fase, por azares del destino después de coincidir en un programa de Mírame TV con el Comisionado de Inclusión Social y lucha Contra la Pobreza. Nos dan unos días para efectuar alegaciones cuando parece estar ya todo el pescado vendido. Y en esas estamos, pendientes de concretar reacciones a la Ley, de la que de entrada sorprende -o quizá no tanto- que no muestre ni una sola medida en su articulado con la que fiscalizar y eliminar las nefastas redes clientelares que se crean entre las Administraciones y sus ONG afines, que tanto daño hacen a la democracia por lo que suponen en corrupción y compra de “vo-luntades”. Puestos a mirar a otras CCAA frente a la Ley Estatal del Tercer Sector que aprueba el PP, en Canarias vamos corriendo a desarrollar una similar y en el País Vasco por ejemplo la consideran innecesaria y casi una invasión de competencias. Son distintas formas de llevar una Autonomía. Cabría preguntar a qué tanto bombo e importancia a una Ley cuando en Canarias ya hace mucho tiempo que tenemos normas que regulan el voluntariado, el asociacionismo, las subvenciones, la donaciones y otras tantas relacionadas con las ONG.  Suena más a cortina de humo y a hacer como que están haciendo algo importante cuando no lo es, pero lo realmente grave de esta ley en el contexto de miseria que soporta Canarias es el mensaje que nos deja: que la política no puede o no es cosa suya lo de luchar contra la pobreza, que la asistencia social no es un derecho, es una cuestión de voluntad, de altruismo o de caridad. Y ya sabemos lo mal que se lleva en Canarias esto de derivar un derecho a la buena voluntad de las ONG, lo llevamos sufriendo desde hace mucho con el derecho a la alimentación, encargado a Bancos de Alimentos y asociaciones menores de manera lamentable. No hablamos ya del fuerte componente religioso que tienen muchas de las más importantes ONG que trabajan en Canarias. No debería ser este un problema, pero es un dato, que está ahí. Caridad cristiana, muy bien, pero es de sobra conocida la relación de verticalidad que se establece en este tipo de solidaridad mal entendida, donde el que ayuda casi siempre se sitúa por encima del pobre necesitado, que a menudo debe cumplir con una contrapartida impuesta. “Los desfavorecidos”, repetía una y otra vez no hace mucho el señor Zerón, presidente del Banco de Alimentos de Tenerife, como si hablara de una raza aparte. Y no por casualidad los Bancos de Alimentos en España tienen entre sus presidentes a muchos numerarios de una influyente secta católica. 

En resumidas cuentas, la aprobación de esta Ley en Canarias como propuesta estrella, con los datos de pobreza, paro y desigualdad tan ofensivos que soportamos, se convierte en un insulto y en una clara derrota para todas las personas que creemos que la solución pasa por un mejor y más equitativo reparto de la riqueza de Canarias. ¡Hay que cambiar el marco: no es la pobreza, es la riqueza!, anunciaba en uno de mis últimos artículos, pero lo llevamos mal porque seguimos en el marco que nuestros poderosos quieren. Resta por ver de lo que somos capaces unas cuantas asociaciones pequeñas y combativas. ¿Dónde están los partidos políticos, los alternativos?, también podríamos preguntar. Y bueno, solo una cosa más, espero que nadie intente atacar mis argumentos alegando cierta falta de empatía con los que sufren, pues es justamente un exceso de empatía y el llevarme los problemas de la gente a casa lo que me tiene con más de un achaque inesperado. Pero no se asusten, no es tan grave, de momento aguantamos, emplazados para próximas entregas.