Pobreza en Canarias (IV): el derecho a la alimentación, entre el negocio y la caridad

Inicio aquí la cuarta entrega de esta serie sobre la pobreza en Canarias, y lo hago abordando con algo más de detalle uno de los tres pilares básicos de la dignidad humana, a saber, el derecho a una alimentación mínimamente nutritiva y digna. Un pilar o derecho básico que se retroalimenta con los otros dos pilares -la vivienda y unos ingresos mínimos- y que en Canarias se ve claramente mermado por la falta de esos otros imprescindibles dos pilares. Y quiero empezar por este asunto de los alimentos, para salir también al paso de cierta polémica que en estos días sacude a la opinión pública, a la sazón de unos audios de voz en los que una madre en situación precaria denuncia los injustificables retrasos en las citas con su Unidad de Trabajo Social además de algunas deficiencias en el reparto de alimentos en una ONG. Vayan por delante mis disculpas si alguna ONG se ha sentido agraviada por los mencionados audios o por cualquier otra denuncia anterior, no va esta guerra contra ninguna asociación benéfica, dado que la mayoría hacen lo que pueden con muy pocos medios, va contra las Administraciones Públicas y la clase política que pretende derivar el derecho a la alimentación casi en exclusiva a un sector que no puede más que ser complementario, y tapar así su propia falta de voluntad política para presentar soluciones reales a la cuestión de la pobreza. Insisto, ninguna denuncia presente o pasada va contra ninguna ONG, aunque resulten aludidas, simplemente hacemos de fiscalizador ciudadano de una actividad que debe ser mejorada y en muchas ocasiones es mejorada tras nuestras denuncias, luego, deben vernos como algo bueno, en cualquier caso, pues estamos en el mismo lado, en el de los que sufren.

Hecha esta salvedad volvemos a lo que apuntaba antes, la merma de un derecho fundamental como es la alimentación, afectado seriamente por la ausencia de los otros dos pilares básicos de la dignidad humana, vivienda e ingresos mínimos. Así es y así están las cosas en Canarias, con ese duro 44% arope-pobreza, cuando tantas y tantas familias no tienen ni casa segura, ni ingresos suficientes, ni alimentos dignos, lo que primero se resiente y a lo que le restan el poco dinero que puedan tener es a los alimentos. Es así de sencillo: una madre precaria se quedará antes sin comer ella y le dará macarrones con tomate a sus hijos día sí y día también, antes que verse en la calle o con la luz y el agua cortadas. ¿Entienden a donde les quiero llevar? Ahora ya estamos puestos en situación. Mucha gente en Canarias se está quedando sin comer o está comiendo poco y mal para poder tener un techo o un enchufe donde conectar la nevera. La pregunta que nos toca ahora es saber qué hacen nuestras Administraciones en Canarias para garantizar el acceso a una alimentación digna y de calidad en el marco general de la política canaria.

Para empezar, los sueldos más bajos, los pobres más pobres, y la cesta de la compra más cara. ¿Por qué? Quizá porque no hay en Canarias una política agrícola y de abastecimiento que valga la pena. Y es que según la FAO para que una región o país estén dentro de unos mínimos de seguridad alimentaria razonables deben poder producir en torno al 50 o 60 por ciento de los productos básicos de primera necesidad que consumen. En Canarias no llega ni a un tercio la superficie agrícola que se cultiva del total que podría cultivarse, y estamos importando del orden del 90% de los alimentos que consumimos. Sobra decir el riesgo tan alto que estamos corriendo, y lo que podría pasar con un conflicto bélico cercano o con el encarecimiento de los transportes y los combustibles. ¿Por qué asumimos este riesgo tan grande teniendo como tenemos tanta riqueza biológica y agrícola y un clima tan benigno? Siguiente pregunta, a la que dará respuesta nuestro régimen económico y fiscal y su viciado desarrollo.

Recordamos, el REF se sustenta sobre cuatro ejes centrales básicos: a) menos impuestos, b) compensación de la insularidad y la lejanía con subvenciones al transporte, a las desaladoras y a otras servicios básicos, c) ayudas a la importación (REA) y a la producción local (POSEI), d) incentivos a la inversión (RIC, ZEC) para elevar la producción, la productividad y el empleo. Estos cuatro ejes mal desarrollados dan como resultado -y lo dicen diversos informes europeos- que el REA no está cumpliendo en las RUP su objetivo primordial de garantizar el abastecimiento de productos e insumos agrícolas y contribuir así a paliar los sobrecostes asociados a la lejanía de regiones como las Islas Canarias. Parece que la falta de un organismo regulador justo hace que la tajada mayor de los beneficios se la lleven los importadores y otros intermediarios agrícolas, encareciendo el producto final y empobreciendo al agricultor que en muchos casos abandona la actividad por inviable. Otro tanto parecido pasa con los ganaderos locales y otros productores de alimentos básicos, imposibilitados para competir con los productos europeos fuertemente subvencionados que nos llegan por obra y gracia del REA. Para completar el agravio el POSEI, muy centrado en el plátano y el tomate de grandes productores locales, deja fuera de las ayudas a otros cultivos y pequeños agricultores, resultando mortal para su continuidad. La estocada final a la producción agrícola local la ponen las dificultades de acceso al agua, también en manos de unos cuantos aguatenientes y comunidades cerradas, que hacen que buena parte de las medianías de las islas vean limitado o imposible el acceso a este bien común.

Se habrán dado cuenta que no he dicho nada sobre los efectos negativos que tienen sobre el justo reparto de la riqueza las rebajas fiscales y otros incentivos como la RIC, que benefician solo a unos pocos y no hacen más que aumentar la brecha entre ricos y pobres. Valga en todo caso como fotografía de lo que tenemos. Y lo que tenemos, sin agricultura, es un derecho a la alimentación como vemos muy mermado, que avoca a muchas familias en Canarias a lo que puedan obtener por la vía de las ayudas sociales, pocas y con mucho retraso. Con una PCI apenas financiada en Santa Cruz de Tenerife han de esperar hasta 4 meses para una primera cita en Servicios Sociales, luego presenta documentación y espera a que resuelvan, una eternidad para recibir una mínima compra de alimentos empaquetados en el supermercado más caro de la ciudad o una derivación a una ONG. Y así llegamos al asunto con el que empezábamos, un sector y unas ayudas que durante años fueron complementarias, para un reducido número de ciudadanos, y que ahora se convierte en tabla de salvación de tantas y tantas familias casi como único recurso para acceder a los alimentos, sin fiscalización suficiente ni capacidad efectiva para asumir tantas necesidades.

Y de nuevo el negocio, esta vez tras la caridad. Y es que las donaciones a ONG de alimentos y otros productos, por si no lo sabían, desgravan un 35% del impuesto de sociedades sobre el valor del producto de la empresa en cuestión. Así he visto llegar a Canarias contenedores enteros de galletas directos para endosar a la ONG de turno previa desgravación. Un gran negocio, triple en muchos casos: de un lado la desgravación con beneficio económico directo, de otro lado la buena publicidad e imagen de empresa solidaria, y además gratuita, y en tercer lugar el ahorro en costes de eliminación de un producto que seguramente no lograrían vender y tendrían que tirar tras su caducidad. En lo que toca a las ONG lo que tenemos es buena voluntad en muchos casos pero muy pocos recursos (locales adecuados, camiones adaptados, neveras que garanticen el buen estado del alimento el todo el proceso, personal suficiente para el reparto a tiempo para que no caduquen los productos). Así las cosas, nadie puede extrañarse cuando desde algunas plataformas sociales denunciamos colas interminables en las puertas, obligación de vender rifas y otros pagos, obligación de colaborar con la ONG, alimentos en mal estado, alimentos caducados o pocos y siempre los mismos alimentos, y un largo etcétera de deficiencias que nos hemos cansado de apuntar en mil sitios.

Y esto es lo que hay, queridos lectores, y entretanto cada año se tiran a la basura cerca de 8 millones de toneladas de alimentos en España, muchos en buen estado. ¿Cuantas de esas toneladas se tiran en Canarias? Seguramente muchas. ¿Cuántas podrían haber llegado a las mesas de nuestras familias más necesitadas si se hubieran articulado los mecanismos necesarios? Seguramente muchas. Y a cada poco una llamada buenista a la solidaridad ciudadana, y medallas de oro a los Bancos de Alimentos, y “fantásticas” leyes del Tercer Sector que institucionalizan la caridad, y cada vez más gente pobre, y cada vez más ricos los ricos, y ya nos hemos creído el cuento de que no da el dinero para todos y hay que apretarse el cinturón, y nuestros representantes políticos encantados con el humilde y caritativo pueblo canario. Y el pueblo canario a la cabeza de España en mortalidad por diabetes, hipertensión y otras patologías cardiovasculares, casualmente muy relacionadas con la mala alimentación; y el pueblo canario a la cabeza en obesidad infantil y obesidad general, casualmente relacionadas muy mucho con la mala alimentación; y los jóvenes canarios los primeros en fracaso escolar y malos resultados académicos, algo casualmente también muy relacionado con la mala alimentación; y las madres canarias, tantas madres, siempre me acuerdo de ellas, las he visto con 60 años aunque en el DNI ponía 40, en ese otro drama silencioso que soporta esta tierra. En fin, disculpen el rollo, que siga la fiesta, feliz Navidad.