Política energética canaria: la triste historia de un fracaso

La Orden Ministerial TED/433/2024 publicada el pasado viernes 10 de mayo no es una buena noticia en materia de política energética y transición ecológica en Canarias. Tras varios meses de incertidumbre desde que en octubre del año pasado el Gobierno de Canarias abriera la presentación de solicitudes para la instalación de “equipos de emergencia” eléctricos en las islas de Gran Canaria (50,8 MW), Tenerife (71,6 MW) y Fuerteventura (32,8 MW), el Gobierno central ha dado vía libre a esta iniciativa para instalar un total de 155,2 MW de nueva potencia alimentada a partir de gases licuados del petróleo (GLP) o Gas Natural Licuado (GNL).

Nadie cuestiona que estos nuevos motores son mucho más eficientes que la media del parque térmico instalado en Canarias tanto en términos de consumo de combustible como en materia de emisiones de CO2, NOx, SOx y partículas. Habrá que examinar el detalle de los proyectos que la Consejería de Transición Ecológica resuelva como ganadores en materia de impactos medioambientales, sociales y territoriales, pero su teórica transitoriedad no será tal. Nadie se puede creer que una inversión total de no menos de 200 millones de euros se desmonte dentro de tres años teniendo en cuenta las dificultades que cada vez pone más el mercado de fondos prestables para la financiación de actividades que son netamente emisoras (la taxonomía europea de finanzas sostenibles).

Éste no es el debate. Colocarlo ahí es un error o, más bien, una maniobra de distracción. La cuestión fundamental es por qué ahora se facilita con la construcción de una “autopista regulatoria” una nueva generación fósil cuando en los últimos años se ha obligado a ir a la nueva generación renovable y la descontaminación de la demanda (especialmente industrial y turística) por una senda tortuosa plagada de dilaciones, retrasos administrativos y multitud de procedimientos garantistas mientras las emisiones GEI seguían creciendo. Para que nos hagamos una idea: Canarias incrementó sus emisiones GEI en un 49% entre 1990 y 2022 según el Observatorio de Sostenibilidad publicado en 2023.

Lo que hoy es “urgente” a juicio de los gobernantes nacionales y canarios es, fundamentalmente, responsabilidad suya. Si sus esfuerzos se hubieran concentrado en un despliegue rápido de las instalaciones renovables, el bombeo reversible y los gases renovables, hoy no estaríamos llamando “urgente” a lo que es claramente un paso atrás en la transición energética. Tampoco habría hecho falta crear el relato de la “emergencia energética” a partir del apagón de La Gomera del verano pasado cuyo origen no tiene nada que ver con el estado de los grupos de generación, de hecho ninguno de los grupos de emergencia se instala en esa isla. 

Los resultados entre 2022 y 2023 han sido pírricos. Mientras en la Península 2023 ha sido un año histórico en incorporación de nueva potencia renovable (la potencia instalada de solar fotovoltaica ha aumentado en 5.594 MW y la potencia eólica en 661 MW, las mayores cifras desde que se cuenta con registros), en Canarias apenas ha aumentado en 2 puntos porcentuales la potencia instalada de renovables con respecto al total, pasando del 25% al 27%. Sin embargo, en términos de cuota de consumo de electricidad procedente de fuentes renovables, la realidad es aún peor: apenas un 19% frente al 50,3% de la Península.

En paralelo, la ejecución de los 467 millones de euros del Plan de Recuperación asignados a Canarias atestigua hasta qué punto las cosas no han ido a la velocidad que se necesitaba. La decisión de gestionar los fondos europeos no como planes de inversión sino como expedientes administrativos ordinarios ha llevado a que no se haya resuelto prácticamente nada relevante tanto del monto de inversión transferido por el Gobierno central como por los propios recursos del Gobierno de Canarias. Están atascados los proyectos de eficiencia energética, almacenamiento, gases renovables, comunidades energéticas o descarbonización de puertos, entre otros.

Por consiguiente, no nos podemos extrañar de que ahora hablemos de “emergencia” cuando no se ha hecho ningún esfuerzo eficiente para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Después de este primer paso de los grupos d emergencia nos pretenden abocar al siguiente que sería la apertura del proceso de concurrencia competitiva para grupos de generación “A” donde, como mínimo, veríamos algún progreso en 2027. Los mismos que acusaban a los bombeos reversibles de ser lentos y caros son los que ven “razonable” que se ponga en marcha la maquinaria de la concurrencia para invertir en teóricas tecnologías aún no existentes.

No podemos dejar de señalar el papelón para la posterioridad de un sector del movimiento ecologista canario que ha priorizado una supuesta amenaza al paisaje de las renovables e instalaciones de almacenamiento sobre la urgencia de la descarbonización y también la negativa de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura ante la necesidad de avanzar en la instalación de renovables en sus territorios, todos ellos no han estado a la altura de lo que está en juego, la amenaza a la vida en las islas por el uso de los combustibles fósiles. 

Hoy es perfectamente legítimo sentirse engañados tanto por la Administración central como la regional por tantos años perdidos en dilaciones administrativas, falta de planificación real, discursos grandilocuentes y huidas hacia adelante. La situación técnica insostenible del sistema eléctrico canario es conocida desde hace muchos años, a la par que la situación económica mientras seguía creciendo sin control efectivo la partida de extra costes de generación para alegría de Endesa.

Años en los que los esfuerzos realizados tanto por actores privados como públicos para acelerar la descarbonización de la demanda y la implantación de renovables gestionables han supuesto un durísimo desgaste económico, financiero y social. Pese al desánimo que causan las imposiciones políticas, es el momento para seguir perseverando en la transición y la reivindicación ciudadana de que hay otra forma de hacer las cosas, y que esta forma es mejor que la realidad actual.

 En resumen, con la propuesta aprobada y publicada el día 10 de mayo en el BOE ni el Gobierno de España, ni el Gobierno canario anterior ni el actual han cumplido con su obligación de velar por la protección de la población canaria frente a los efectos adversos del calentamiento global que ya se sufre en las islas, por lo que seguiremos reclamando en este sentido. Hacemos un llamamiento a la cordura de todos los actores en esta coyuntura, cordura que  ahora significa tomar la senda de la implantación acelerada de las renovables.