Un proceso viciado

Desde hace breves fechas está colgado para información pública en la web de la Secretaría de  Estado de Energía un documento denominado Propuesta de resolución por la que se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. Con este pomposo nombre se da la señal de salida para comenzar a sustituir los grupos de generación térmica de los territorios no peninsulares y, por tanto, del archipiélago canario. 

Mas allá de atender a una extemporánea y fuera de lugar emergencia energética que el Gobierno de Canarias se sacó de la manga o el clima de alarma social generado por la misma, este documento lo que viene a significar es que, en un periodo máximo de cinco años, vamos a tener mas de 1.170 MW de nueva hornada, que por supuesto, van a tener una vida útil regulatoria de 25 años, por lo que tendremos que sufrirlos al menos hasta 2053. 

Distribuidos por islas, serían: 

- Gran Canaria: 360 MW hasta 24 grupos 

- Tenerife: 500 MW hasta 33 grupos 

- Lanzarote: 80 MW hasta 16 grupos 

- Fuerteventura: 90 MW hasta 18 grupos 

- La Palma: 52 MW hasta 21 grupos 

- La Gomera: 2,5 MW hasta 2 grupos 

- El Hierro: 9 MW hasta 9 grupos 

Lo que hace un total de 123 grupos de diferentes potencias nominales, consumiendo, todo parece indicar, gas natural y, por tanto, contaminando nuestra atmósfera, al menos hasta el años 2053. 

A poco que se haya seguido los últimos avatares de la política energética canaria, se puede apreciar a todas luces que todo este planteamiento atenta contra todo lo planificado y legislado hasta el momento, ya que, por lo pronto, el objetivo de la descarbonización para el año 2040 del archipiélago ha sido borrado de un plumazo. 

Pero no solo contradice lo planificado y legislado en Canarias, sino también lo legislado a nivel nacional, ya que en el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, se especifica taxativamente lo siguiente: “Se desarrolla un procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de la resolución de compatibilidad prevista en la Ley 17/2013, de 29 de octubre, que será concedida teniendo en cuenta las necesidades de potencia puestas de manifiesto por el operador del sistema, las características técnicas que sean más apropiadas para estos sistemas y la opción económicamente más ventajosa para el conjunto del sistema”. 

Se ha seguido a pies juntillas lo expuesto por el operador del sistema, pero los otros dos condicionantes no se han cumplido. En primer lugar, parece obvio que, si existe un estudio concienzudo en el que se basa el PTECAN y desarrollado por el Instituto Tecnológico de  Canarias, se debería haber tenido en cuenta para determinar cuáles son “las características  técnicas que sean más apropiadas para estos sistemas” y ni uno solo de sus postulados se han considerado. Por otro lado, dado la espiral de precios protagonizada en recientes fechas por el gas natural, los problemas geoestratégicos que ha causado este combustible del calibre a los sufridos por ejemplo por Alemania y la dependencia que crea en nuestro archipiélago, no parece que se cumpla el condicionante de “la opción económicamente más ventajosa para el conjunto del sistema”. 

En definitiva, un proceso viciado desde el primer momento y contra el que se deberían llevar a cabo todas las alegaciones posibles (hay fecha hasta el 30 de noviembre), porque entendemos  que no es de recibo que se nos pretenda colar por la puerta de atrás el perpetuar los combustibles fósiles en la generación eléctrica del archipiélago.