La rebelión de la tortilla (México)

El presidente está dedicando sus energías, en un vano intento por obtener credibilidad, a reforzar los cuerpos de seguridad, militarizar Oaxaca, golpear sin mucho ruido los derechos humanos y asegurar ventajas a los mecanismos perversos del mercado. Tampoco olvida a su valedor principal, George Walker Bush, quien lo felicitó por haberle enviado unos cuantos narcotraficantes mexicanos, aunque los delincuentes gringos relacionados con este tráfico no aparecen por ninguna parte. Ni en México ni en Estados Unidos, principal consumidor. La operación de Calderón, dirigida a resaltar una imagen de hombre fuerte, ampliamente difundida incluso en España, pudo confortar a sus propios votantes. Pero, al mismo tiempo, y durante sus primeras semanas de gestión, aumentaron los precios de los productos de primera necesidad (tortilla, leche...) además de la gasolina y servicios como la electricidad. El poder adquisitivo de los salarios va desplomándose a una velocidad impresionante. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) forma parte de los organizadores de la movilización del 31 de enero. Su dirigente Juárez plantea lo siguiente: “El Gobierno tiene la obligación de ejercer su función rectora interviniendo en los mercados para regular los precios y combatir las prácticas monopólicas. De no tomarse medidas, el descontento popular podría generalizarse”. Los sindicatos solicitarán un aumento salarial de emergencia, la “soberanía alimentaria”, la defensa general del poder adquisitivo y del empleo. A quienes alertan contra el posible repunte inflacionario, los sindicatos responden que “los incrementos de salario no sólo no serían inflacionarios sino que se convertirían en uno de los instrumentos importantes de reactivación económica”. Por otro lado, a estas reivindicaciones debe añadirse otra de mucha importancia. La necesidad de abrir negociaciones para “revisar y modificar los términos del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio” con Estados Unidos y Canadá (funciona desde el 1 de enero de 1994) que arruinó durante los últimos años a millones de campesinos. El diario mexicano La Jornada lanza el desafío: “Veremos, pues, cómo reacciona el Gobierno frente a este cuestionamiento legítimo y legal, proveniente de una parte del país vitalmente interesada en buscar soluciones a los problemas planteados, aunque su mera exposición contradiga la lógica de la política oficial, tan dosificada a brindar golpes mediáticos y a los mensajes positivos que reducen la realidad de los derechos humanos en Oaxaca, por ejemplo, a una fantasía”. Lo dicho, los mexicanos de abajo señalan soluciones a los problemas nacionales en materia alimentaria, sin ir más lejos. Por ese motivo, y no sólo por la rebelión de la tortilla, el Gobierno de Calderón debería escuchar a los trabajadores o la fosa que provocó su elección entre la presidencia de México y por lo menos la mitad del país alcanzará dimensiones infranqueables. Rafael Morales

El presidente está dedicando sus energías, en un vano intento por obtener credibilidad, a reforzar los cuerpos de seguridad, militarizar Oaxaca, golpear sin mucho ruido los derechos humanos y asegurar ventajas a los mecanismos perversos del mercado. Tampoco olvida a su valedor principal, George Walker Bush, quien lo felicitó por haberle enviado unos cuantos narcotraficantes mexicanos, aunque los delincuentes gringos relacionados con este tráfico no aparecen por ninguna parte. Ni en México ni en Estados Unidos, principal consumidor. La operación de Calderón, dirigida a resaltar una imagen de hombre fuerte, ampliamente difundida incluso en España, pudo confortar a sus propios votantes. Pero, al mismo tiempo, y durante sus primeras semanas de gestión, aumentaron los precios de los productos de primera necesidad (tortilla, leche...) además de la gasolina y servicios como la electricidad. El poder adquisitivo de los salarios va desplomándose a una velocidad impresionante. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) forma parte de los organizadores de la movilización del 31 de enero. Su dirigente Juárez plantea lo siguiente: “El Gobierno tiene la obligación de ejercer su función rectora interviniendo en los mercados para regular los precios y combatir las prácticas monopólicas. De no tomarse medidas, el descontento popular podría generalizarse”. Los sindicatos solicitarán un aumento salarial de emergencia, la “soberanía alimentaria”, la defensa general del poder adquisitivo y del empleo. A quienes alertan contra el posible repunte inflacionario, los sindicatos responden que “los incrementos de salario no sólo no serían inflacionarios sino que se convertirían en uno de los instrumentos importantes de reactivación económica”. Por otro lado, a estas reivindicaciones debe añadirse otra de mucha importancia. La necesidad de abrir negociaciones para “revisar y modificar los términos del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio” con Estados Unidos y Canadá (funciona desde el 1 de enero de 1994) que arruinó durante los últimos años a millones de campesinos. El diario mexicano La Jornada lanza el desafío: “Veremos, pues, cómo reacciona el Gobierno frente a este cuestionamiento legítimo y legal, proveniente de una parte del país vitalmente interesada en buscar soluciones a los problemas planteados, aunque su mera exposición contradiga la lógica de la política oficial, tan dosificada a brindar golpes mediáticos y a los mensajes positivos que reducen la realidad de los derechos humanos en Oaxaca, por ejemplo, a una fantasía”. Lo dicho, los mexicanos de abajo señalan soluciones a los problemas nacionales en materia alimentaria, sin ir más lejos. Por ese motivo, y no sólo por la rebelión de la tortilla, el Gobierno de Calderón debería escuchar a los trabajadores o la fosa que provocó su elección entre la presidencia de México y por lo menos la mitad del país alcanzará dimensiones infranqueables. Rafael Morales