Más renovable sí. Pero, ¿qué modelo energético queremos para los sistemas insulares?

La incorporación de renovables en los sistemas insulares con grande parques eólicos y fotovoltaicos, llegando incluso hasta el 100% de su demanda, significa configurar sistemas centralizados muy parecidos a los actuales basados en combustibles fósiles. Una sustitución de tecnologías que no cambia los actuales modelos energéticos insulares y, sobre todo, porque mantiene un mercado eléctrico global que encarece la factura y, a su vez, necesita del mantenimiento de las grandes infraestructuras de transporte y distribución, otra causa más de encarecimiento del recibo, además del conocido impacto territorial.

Ahora que tenemos la oportunidad de implementar en las islas un nuevo modelo energético, ¿cómo habría que desarrollar las energías renovables para que, además de descarbonizar la electricidad, se democratice los sistemas insulares, se afronte la crisis climática y se incorpore el aprovechamiento de los recursos renovables a la economía de las islas?

Desde la Plataforma, Px1NMEC, apostamos un nuevo modelo energético que se caracteriza porque la introducción de renovables cambie la forma de producir y usar la energía. Generarla de tal manera que signifique una descentralización de los sistemas insulares. Con la generación distribuida como principal criterio, energía km cero. Usarla desde el ahorro y la eficiencia que es donde encontramos los Kw más sostenibles y que el protagonismo vaya pasando de la gestión de la oferta centralizada a la gestión de la demanda desde los consumidores y administraciones locales que son, a su vez, dueños de la energía que usan. Otra forma de organizar los sistemas insulares es posible. Porque la apropiación ciudadana de la energía solar con el autoconsumo compartido permite su democratización, alejándola del control de las eléctricas y su mercado, caro e insostenible. Donde la estabilidad de los sistemas insulares la aporten una combinación de tecnologías, de renovables gestionables como la geotermia, por un lado y, por el otro, de diferentes formas de almacenamiento de gran escala y pequeña vinculados al autoconsumo compartido con los coches eléctricos incorporados a las edificaciones.

¿Qué ha pasado en Canarias en las últimas décadas con la política energética?

Pues que no ha habido política energética, se ha dejado en manos de la eléctrica de turno y a golpe de ceros energéticos se iban gestionando los sistemas insulares.

En las islas no ha habido una planificación energética desde la perspectiva de un aprovechamiento de su rico patrimonio de recursos energéticos renovables. Su primer Plan Energético, el PECAN, fue aprobado en el parlamento autonómico en 1990, hace treinta años, su vigencia terminó en el 2015 sin conseguir sus objetivos, especialmente en el de las energías renovables que era de un 30% y nos encontramos actualmente en torno a un 10%. Posteriormente, siendo consejera del sector, Francisca Luengo (2011-15), se redactó el documento de Directrices de Ordenación del Sector Energético, DOSE, que se quedó por el camino en su tramitación parlamentaria y, en la legislatura posterior (2015-19) de CC, antes del “pacto de las flores”, se redactó otro documento la Estrategia Energética de Canarias 2015-25, EECAN25, que tampoco llegó al parlamento autonómico. En consecuencia, nos encontramos actualmente en las islas sin planificación energética, sin Planes Territoriales Especiales de Infraestructuras Energéticas. Una situación realmente lamentable para un sector tan estratégico como el de la energía.

Para deducir la política energética del gobierno de canarias, después del último PECAN y antes del “Pacto de las flores”, al no existir un documento que la defina vamos a observar lo que están haciendo y las declaraciones de sus responsables para hacer una aproximación a como entienden que debe ser la transición energética.

Las declaraciones del consejero de industria1 del mandato anterior (2015-19), además de apostar por la introducción del gas natural y gas ciudad con Redexis, su objetivo de transición energética era el de incremento de potencia renovable eólica y fotovoltaica, de grandes parques para sistemas eléctricos insulares centralizados, un cambio de tecnologías que no de modelo.

De una potencia renovable instalada, hasta enero de 2018, de 319 MW se quiere alcanzar el objetivo de 719 MW en el 2025, como se contempla en el documento preliminar de Estrategia Energética de Canarias 2015-25, EECAN25, pasando de un 7,7% a un 45% de renovables en los sistemas insulares. Es una plena coincidencia con el modelo de transición de las eléctricas y gasistas para los sistemas insulares, donde, además, no se justifica la repotenciación de las líneas de transporte puesto que la tendencia del incremento del autoconsumo disminuye la energía a transportar y, en todo caso, lo que procede son las actividades de mantenimiento de las redes de transporte actuales para una mayor seguridad y garantía del suministro.

La privatización de las renovables con los sistemas eléctricos centralizados. -

Las interconexiones entre islas representan la continuidad de los sistemas centralizados, privatizados, cuyos titulares son los mismos dueños de las actuales centrales térmicas insulares junto a otras eléctricas, de intermediarios entre las renovables y los consumidores, es decir, un mercado que quiere clientes que quiere negocio. Por ejemplo, el proyecto de interconexión Tenerife-La Gomera, con una inversión de unos 90 millones de €, significa convertir a los gomeros en clientes del sistema insular de Tenerife, cuando ellos pueden perfectamente cubrir su demanda con recursos renovables propios que siempre será una energía más sostenible y barata y podrán desarrollar una economía local, creando riqueza y empleo en La Gomera. Esta isla podría ser una comunidad energética local. Las nuevas tecnologías de almacenamiento y la digitalización de la energía permiten otras formas de organizar los sistemas insulares sin interconexiones entre islas, con participación ciudadana y de las administraciones locales.

Podríamos decir que Canarias, visto lo visto, lo que ha hecho, en materia energética, es asumir como propia la propuesta no escrita de transición de las eléctricas que son quienes, hasta ahora, han marcado el rumbo de la política energética de Canarias. En este sentido, no es casualidad que Francisco de la Barreda, ex presidente del PP de Tenerife y consejero de industria (1996-98) dijese en una entrevista2, después de caer en desgracia por denunciar la corrupción en su partido, que la consejería parecía una oficina de Endesa y CEPSA.

En consecuencia, con esa propuesta de transición de las eléctricas, en las islas lo que vemos es una apuesta por los sistemas energéticos centralizados que bloquean los cambios hacia modelos insulares de generación distribuida. Por ejemplo, en Tenerife, cuando la potencia térmica instalada es de poco más de 1.000 MW y horas punta de demanda de unos 550 MW, los parques eólicos y fotovoltaicos de Arico y Granadilla de Abona en funcionamiento, construcción y tramitándose suman unos 950 MW.

Inversiones multimillonarias fuera del alcance de las pequeñas participaciones ciudadanas cooperativas. Los titulares de esos grandes parques de renovables, casualmente, coinciden con los de las eléctricas y fondos de inversión. ¿Dónde están las políticas de ahorro, eficiencia y autoconsumo?, ¿qué espacio queda en las redes para la incorporación de los pequeños proyectos y excedentes del autoconsumo? ¿No estamos llegando algo tarde al cambio de modelo energético en esta isla?

Costa del municipio de Arico:

En resumen, una transición energética que apuesta por los sistemas insulares centralizados, además del petróleo, depender de otro combustible fósil, el gas natural, cuando la CNMC ha demostrado que no hay demanda suficiente y la regasificadora sería una infraestructura deficitaria. Donde el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo no han sido una prioridad. Y consideran que la transición es un problema de infraestructuras, cuando estas, por sí solas, no cambian los modelos energéticos insulares.

Las eléctricas han controlado la transición energética desde el principio.

La escasa presencia de renovables en los sistemas eléctricos y el retraso en el desarrollo del autoconsumo, es el resultado de la consecución de los objetivos de la estrategia de las eléctricas que han conseguido imponer a los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, sus intereses en el sentido de controlar la transición energética desde el primer momento.

Las eléctricas, conscientes de que las renovables vienen para quedarse, diseñan en los últimos años del gobierno de Zapatero (2004-11), el primer capítulo de la transición energética en España, cuyo objetivo era obstaculizar el desarrollo de las renovables porque ellos no estaban preparados para esa tarea, necesitan ganar tiempo para adaptar sus empresas a los nuevos tiempos en el sector y ubicarse en posición de ventaja frente al cambio energético que venía.

Con el BOE a su disposición, iniciaron su estrategia con el RD 14/2010 para recortar las primas a las fotovoltaicas, siendo Miguel Sebastián ministro de industria (2008-11) del gobierno de Zapatero y el siguiente ministro del sector, José Manuel Soria, hizo bandera en su mandato, con una gran mentira, la de asociar el déficit tarifario a las primas de las renovables.

La estrategia de las eléctricas era eliminar las ayudas a las energías limpias, perjudicando a unos 55.000 pequeños inversores y bloquear el desarrollo del autoconsumo, en tanto en cuanto, significaba empoderamiento ciudadano y pérdida de control en un cambio inevitable de modelo energético que les pillaba fuera de contexto.

En ese marco de actuación y para continuar con los palos en las ruedas a las renovables, aparece el “impuesto al sol” cuya autoría intelectual procede de Iberdrola, su director de Prospectiva Regulatoria, Gonzalo Sáenz de Miera3, en las Jornadas Internacionales de Energía y Medio Ambiente “Genera 2012” (23 a 25 de mayo Ifema, Madrid), en el día dedicado al autoconsumo y con la charla “Análisis del autoconsumo en el marco del sector eléctrico español”, entre otras consideraciones, propone que el ministerios de industria, para que el sistema eléctrico incremente la parte fija del capítulo de ingresos y haga frente al déficit tarifario, aumente el término de potencia y cree nuevo impuesto “tarifa de respaldo” y que, casualmente, aparece unos años después en el BOE en el RD 900/2015 de autoconsumo como “impuesto al sol”, asumiendo el gobierno, también, la propuesta de Iberdrola del término de potencia con una subida en la factura próxima al 100% que anula el esfuerzo de los consumidores en ahorro y eficiencia.

El otro objetivo conseguido de las eléctricas a través del RD Ley 9/2013, es el de la sustitución de las primas por un sistema de ayudas más complejo que, aplicado con efecto retroactivo, convirtió a España, al ser miembro de la Carta Europea de la Energía, en uno de los países con más denuncias en instancias internacionales de arreglo de diferencias relativas a inversiones, CIADI, por parte de fondos de inversión perjudicados por el nuevo sistema de ayudas4, recursos que ha ido perdiendo con indemnizaciones de cientos de millones de € para las arcas públicas.

Es decir, la primera etapa de la transición energética en España se ha hecho de acuerdo al guión establecido por las eléctricas. Han conseguido frenar el autoconsumo y adaptar sus empresas para entrar en la tarta de las renovables. Por eso hoy vemos a Iberdrola, la que diseñó el impuesto al sol y, a todas las eléctricas, abanderando el autoconsumo, incluso petroleras como Repsol, quien hace seis años perforaba frente a la costa de Lanzarote y Fuerteventura buscando combustibles fósiles, también tiene su oferta de autoconsumo compartido como observamos en la promoción siguiente.

Con las subastas eólicas, fotovoltaicas y las autorizaciones de REE de acceso y conexión a la red de una potencia total de 135 GW en 2019, cuando las horas pico de consumo del sistema eléctrico español es de unos 45 GW, vemos la complicidad del regulador del sistema porque las subastas permiten que se puedan vender esos permisos sin instalar un solo MW, porque detrás de parte de esas autorizaciones no hay proyectos reales, REE está favoreciendo la especulación5, llegando a alcanzar la venta de esas autorizaciones precios de 250.000€ por MW.

Las grandes eléctricas están controlando la mayor parte de la generación renovable en España. Según datos de la Asociación de empresas de energía eléctrica6 (Aelec), antigua UNESA, el 65% de la potencia eólica instalada es de los cinco socios de Aelec, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo, siendo, al mismo tiempo, las empresas que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, según el Observatorio de Sostenibilidad.

Sin control público del sector no hay cambio de modelo energético.

Por eso, hoy, que estamos hablando de Plan de Transición Energética de Canarias, es imprescindible plantearse la vuelta al control público de un sector estratégico como el de la energía, en unos momentos en los que es posible cubrir la demanda de los sistemas insulares con recursos renovables propios, acabando con una dependencia energética y que ha sido, además, la principal causa de la crisis climática en la que nos encontramos.

En Canarias, a pesar de tratarse de sistemas insulares con un enorme potencial en energías limpias, se sigue desarrollando la estrategia de las grandes multinacionales del sector.

¿Por qué al priorizar los grandes parques eólicos y fotovoltaicos se está prorrogando el viejo modelo y obstaculizando la llegada del nuevo?

Porque producen energía para el mercado que es de lo que se trata, vender y cuanto más grande es la fábrica, más negocio. Que, a su vez, necesita de las grandes infraestructuras de transporte, es decir, se mantiene, por lo tanto, la ocupación e impacto territorial y ambiental. Y lo que es más importante, se mantienen y se justifica la continuidad de esas infraestructuras en los sistemas insulares con renovables centralizadas.

Porque se ha hecho mediante un procedimiento de privatización del viento y el sol con la complicidad del gobierno autonómico. En el caso de los parques eólicos, primero se hace una declaración de obras de interés general (interés general para inversiones de las eléctricas y fondos de inversión) para que, al mismo tiempo que se pone en marcha el expediente de autorización de los proyectos, se inicia un expediente de expropiación forzosa con el objetivo final de “robar por la fuerza”, a sus legítimos dueños, la ocupación del terreno necesario para que la apropiación privada de un bien público tenga lugar, en el supuesto de que no haya acuerdo entre las dos partes. Es un procedimiento administrativo, no exento de cierto grado de violencia, al imponerse por encima de la voluntad del propietario del suelo que, salvando las diferencias, encontramos cierto paralelismo, porque los objetivos son los mismos, con los conflictos internacionales que las grandes multinacionales del petróleo organizan en las regiones con ricos yacimientos de recursos energéticos fósiles para su explotación.

Porque es energía más cara incrementando la pobreza energética, se pierde un 8% en el transporte y, además, hay que pagar el peaje para el mantenimiento de dichas infraestructuras. Mientras que con un porcentaje cada vez mayor de generación distribuida la energía que llega a los consumidores desde el mercado va disminuyendo, menos transporte, menos impacto ambiental, más empoderamiento ciudadano, economía local y menos caja para la multinacional.

En el fondo y en la superficie de lo que se trata es de si estamos dispuesto a asumir el reto de la democratización de la energía en los sistemas energéticos insulares, ahora que la madurez de las tecnologías limpias nos brinda la oportunidad de cambiar los modelos. Cambio en las relaciones de poder en el sector, puesto que es posible una apropiación ciudadana y local de la energía suficiente para cubrir la demanda eléctrica domiciliaria y de movilidad.

¿Cuál es la transición energética del “Pacto de las flores” en los sistemas insulares?

Desde junio de 2019 se ha producido un cambio en el gobierno canario, nace el “pacto de las flores”, del acuerdo entre cuatro fuerzas políticas, PSC, NC, UP y PSG, dejando a tras casi tres décadas de gobierno de CC. Parece que se va a producir un cambio en la dirección de la política energética desde la consejería de “Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial”.

Por lo tanto, ante una situación actual en Canarias de cambios de tecnologías fósiles por renovables y en momentos de dar encaje normativo en las islas, desde la legislación básica estatal y la adaptación correspondiente de las directivas europeas, la Px1NMEC considera que antes de ponerse a redactar documentos como el Plan de Transición Energética de Canarias, la ley de Cambio Climático o poner en marcha procesos participativos, es imprescindible que quienes gobiernan definan los objetivos, los modelos de sistemas insulares que quiere conseguir con ellos y, consecuentemente, el rumbo de la transición energética, es decir, concretar con claridad, su política energética que es responsabilidad de quien gobierna y no de los técnicos que les corresponde otro papel en el cambio energético.

Ahora estamos comprobando, como nunca, con la pandemia y la crisis económica sobrevenida, que una economía históricamente dependiente de los monocultivos cíclicos, ahora turismo, nos hace más vulnerables. La recuperación social y económica pospandemia será más complicada que en aquellas comunidades autónomas que tienen una mayor diversificación económica.

Canarias no puede seguir renunciando, sería una irresponsabilidad, al aprovechamiento de aquellos recursos que aportan ingresos a la hacienda pública como son los que podrían generarse a través del control público de una transición energética basada en recursos renovables. Tenemos ejemplos en el archipiélago de las Azores donde el 50,1% de las acciones de la empresa que gestiona la electricidad, “Electricidade dos Acores Renovaveis, es del gobierno autónomo y, también, en el cabildo de El Hierro con Gorona del Viento y que Tomás Padrón7, expresidente del cabildo, recientemente, reconoce y valora: …” lo más importante, que la energía producida por Gorona del Viento es pública en un 77% y sus beneficios repercuten directamente en la sociedad.... Para que el desarrollo de las renovables en los sistemas insulares contribuya a crear riqueza y empleo en las islas, diversificando nuestra economía, evitando, como ocurre en estos momentos, la descapitalización de las islas que se inició en 1998, cuando Aznar completó la privatización de Endesa y, posteriormente, pasó en 2009 y hasta la fecha, a manos de una multinacional pública italiana y el expresidente del PP pasaría en 2011, por los servicios prestados, a la correspondiente puerta giratoria de Endesa con una retribución anual de 200.000 €. Italia y Francia nunca privatizaron sus empresas eléctricas.

A modo de conclusión y algunas sugerencias:

1.-Queda claro que las grandes eléctricas españolas y fondos de inversión son quienes han controlado el primer capítulo (2010-2019) de la transición energética en España. Con el recorte de las subvenciones a la fotovoltaica, el impuesto al sol, incremento del término de potencia en la factura, la eliminación de las primas a las renovables, el escaso desarrollo del autoconsumo y las políticas de ahorro y eficiencia, el desarrollo de las renovables en manos de las eléctricas para sistemas centralizados, el control de las autorizaciones para el acceso y conexión a la red y el mantenimiento de un mercado eléctrico cuyos precios se siguen estableciendo en base a las tecnologías más caras. La inestabilidad política de los gobiernos de Pedro Sánchez y la pandemia de la Covid 19 no han permitido concretar el cambio de rumbo en la política energética española que desde el ministerio de Transición Ecológica ha anunciado Teresa Ribera.

2.-En Canarias, con el “Pacto de las flores” y este panorama energético general de una transición energética controlada por las eléctricas, ¿cuál es la política energética del actual pacto de gobierno autonómico? ¿Cuál es el rumbo que le van a dar a la transición energética en los sistemas insulares cuando tenemos que hacer frente a un conjunto de emergencias, climática, socio sanitaria y económica? No se entendería que el actual gobierno canario, con la crisis económica sobrevenida por la pandemia, no articulase una política energética para el control público del sector, ahora que tenemos la oportunidad de cubrir la demanda de los sistemas insulares con recursos renovables propios, sin dependencias del exterior, y con la imperiosa necesidad de diversificar la economía.

3.-Tiene que ser una transición que cambie el actual rumbo para abandonar una dependencia energética privatizada, apostando por el control público de un sector estratégico para que el desarrollo y aprovechamiento de las energías limpias, que están en las islas, se incorpore a las economías insulares, como dice Tomás Padrón7 en referencia a Gorona del Viento, generando riqueza y empleo local. Pocos mercados tan estables como el energético que incluye, además del doméstico, la electrificación del transporte. Sería uno de los pilares más sólidos para la estabilidad de la economía canaria.

4.-Urge, antes de ponerse a elaborar el Plan de Transición Energética de Canarias o la ley Cambio Climático, definir la política energética de las islas, la que establece los nuevos modelos insulares y los rumbos que deben orientar la transición en cada uno de ellos. Esta tarea corresponde al gobierno autonómico y a los equipos técnicos articular, de acuerdo a la madurez de las tecnologías limpias de generación y almacenamiento, las propuestas de los mix insulares más viables, desde el punto de vista técnico y económico, para garantizar el suministro demandado en cada isla en cualquiera de las circunstancias.

5.-Para construir nuevos modelos energéticos insulares necesitamos determinar, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras ya planificadas, cuáles de ellas pertenecen al viejo modelo y, por lo tanto, su continuidad constituiría un obstáculo para las transiciones insulares y cuáles serían viables para su incorporación a los nuevos los modelos insulares. Ahí habría que situar los proyectos de interconexiones insulares Tenerife-La Gomera y Gran Canaria-Fuerteventura, además, de las repotenciaciones de líneas de transporte de alta tensión, para valorar si se corresponde con los de los nuevos modelos energéticos que queremos para Canarias. Teniendo en cuenta que son inversiones muy costosas. Por esta razón, el primer punto del “Manifiesto del electrón” de La Palma se refiere a la paralización cautelar de las infraestructuras planificadas.