RIP por la Biodiversidad

Y afirmo que es un día triste porque nunca una proposición de ley había alcanzado una oposición tan clara desde todos los ámbitos imaginables: científicos, técnicos de la propia Consejería de Medio Ambiente, colegios profesionales, la universidad, los ecologistas, organizaciones científicas estatales e internacionales... La lista de voces contrarias a esta barbaridad es interminable. Pero interminables también son los intereses particulares que defiende el gobierno de ATI-CC y el Partido Popular, e inescrutables son los caminos que les alejan del bien común de todos los canarios.

Hay que decirlo bien alto: este nuevo catálogo supone un retroceso claro en la protección y conservación de nuestra biodiversidad y se está aprobando en el Parlamento para allanar los obstáculos judiciales con los que se han encontrado algunos megaproyectos como el de Granadilla.

Toda esta desvergüenza se ha urdido diseñando subterfugios legales. Si el catálogo hubiese sido aprobado mediante un decreto, habría requerido de los preceptivos informes técnicos de la Consejería de Medio Ambiente. Ante el más que probable resultado negativo, las cabezas pensantes de ATI-CC y el PP prefirieron presentar una proposición de ley en el Parlamento de Canarias para ahorrarse los informes negativos que cualquier técnico con dignidad profesional hubiese elaborado. A estas alturas de la película me parece un sinsentido exigirle dignidad a Paulino Rivero y José Manuel Soria. Pasarán a la historia como unos líderes carentes de la mínima sensibilidad medioambiental exigible en aquellos que aman su tierra, la naturaleza y, por ende, el planeta que nos cobija.

Desde Nueva Canarias hemos hecho lo que hemos podido. Impulsamos la moción contra el nuevo catálogo aprobada hace unas semanas en el Cabildo de Gran Canaria, además de aprobar múltiples mociones en ayuntamientos como Agüimes o Santa Lucía. Además hemos manifestado ante la opinión pública nuestro contundente rechazo a esta iniciativa, aunque a estas alturas dudo mucho que prime el interés general frente a las oscuras inclinaciones de los que utilizan el rodillo parlamentario como instrumento para machacar nuestra frágil biodiversidad y nuestro territorio.

Resulta irónico que este sea el Año Internacional de la Protección de la Biodiversidad y que el Día Mundial del Medio Ambiente se dedique especialmente a esta cuestión. Según la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza ?otra de las instituciones contrarias a este desatino- “el 22% de todos los mamíferos conocidos, el 30% de todos los anfibios conocidos, el 12% de todas las aves conocidas, el 28% de los reptiles, el 37% de las especies de peces de agua dulce, el 70% de las plantas, el 35% de los invertebrados, evaluados hasta el presente, están amenazados”. Los especialistas estiman que la tasa global actual de extinción de especies debida a las actividades humanas es casi 1000 veces superior a la tasa de pérdida natural.

En vez de contribuir a evitar la extinción a escala global, nuestro gobierno desprotege a 325 especies, entre las que se encuentran algunas como el guincho o el drago. “Requiem in pacem” parece ser el lema medioambiental de nuestro gobierno. Sólo me queda esperar que ese sea también el lema que le dediquen los ciudadanos durante las elecciones del 2011.

*Miembro de la Ejecutiva de Nueva Canarias en LPGC

Raúl García Brink

Y afirmo que es un día triste porque nunca una proposición de ley había alcanzado una oposición tan clara desde todos los ámbitos imaginables: científicos, técnicos de la propia Consejería de Medio Ambiente, colegios profesionales, la universidad, los ecologistas, organizaciones científicas estatales e internacionales... La lista de voces contrarias a esta barbaridad es interminable. Pero interminables también son los intereses particulares que defiende el gobierno de ATI-CC y el Partido Popular, e inescrutables son los caminos que les alejan del bien común de todos los canarios.

Hay que decirlo bien alto: este nuevo catálogo supone un retroceso claro en la protección y conservación de nuestra biodiversidad y se está aprobando en el Parlamento para allanar los obstáculos judiciales con los que se han encontrado algunos megaproyectos como el de Granadilla.