La silla de Ruth

Sandra, la madre de Ruth, se levanta todos los días a las seis de la mañana para ir a trabajar. Ha sido duro sacar adelante a una familia con cuatro hijos, sobre todo cuando sólo entra en casa el sueldo de la madre. Por eso Sandra se dirigió al Servicio Canario de Salud con la factura de la nueva silla de Ruth que cuesta 2200 euros. La respuesta del gobierno de nuestra gente fue darle 772 euros, ni un céntimo más ni un céntimo menos. El dinero lo recibió Ruth la semana en la que Paulino Rivero decía en el Parlamento: “en nuestro gobierno llevamos ocho meses trabajando con la cabeza puesta en las cosas que preocupan a los ciudadanos de esta tierra”. Para poder pagar la silla de ruedas Sandra también acudió a su ayuntamiento. Allí la trabajadora social le dijo que si ha recibido ya una ayuda de una institución pública para una cosa, la ley no permite que varias instituciones den ayudas para el mismo fin. Osea, que si la silla de ruedas vale 2200 euros, y el gobierno te da 772, sería ilegal que el ayuntamiento te de otra cantidad de dinero para comprar esa silla de ruedas. Yo me pregunto: ¿esto sólo se aplica a las sillas de ruedas que piden las familias humildes?

Cuando el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Dependencia Sandra pensó que las cosas iban a ir mucho mejor. El 20 de abril de 2007 ¡hace un año! Sandra presentó la documentación sobre su hija Ruth para poder acogerse a las ayudas de la nueva ley. Seis meses después los Servicios Sociales del ayuntamiento visitaron a la niña para comprobar su situación y dar un informe al gobierno canario para poder recibir las nuevas ayudas. La Delegación del gobierno español envió ayer un comunicado a los medios en el que informaba que entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 el ejecutivo del Estado transfirió al gobierno canario 7,7 millones de euros para dar a las familias que se pueden acoger a la Ley de Dependencia. Un año después de solicitar la ayuda, la madre de Ruth no ha recibido ni un céntimo de euro para su hija, que tiene una discapacidad del 100%. Sandra conoce a muchas familias con hijos discapacitados y dice que ninguna ha recibido todavía esas ayudas. La culpa es del almanaque, el 9 de marzo había elecciones generales y entregar antes de esa fecha el dinero a las familias que lo necesitaban significaba correr el riesgo de que esta gente fuera a las urnas a votar al gobierno de Zapatero que promovió la Ley de Dependencia, y esto rompía los planes de una pacto firmado en la sede del PP de Madrid.

Sorprende esta lentitud del gobierno canario para dar un dinero que ya tiene, frente a la rapidez con la que ha podido cobrar los 2817 euros el profesor de inglés que da clases particulares a dos altos cargos de la Consejería de Turismo. A lo mejor estoy siendo injusto, y el problema es que no sé interpretar las palabras del presidente de nuestra gente. Quizá cuando nuestro presidente dijo “en nuestro gobierno llevamos ocho meses trabajando con la cabeza puesta en las cosas que preocupan a los ciudadanos de esta tierra”, la mayoría de la gente piensa en las clases particulares en su horario laboral de dos personas que no están preparadas para trabajar en la consejería de Turismo, mientras algunos desalmados interpretan que uno de los problemas que preocupan a nuestra gente es que la pequeña Ruth pueda tener una silla de ruedas donde quepa su cuerpo.

Juan García Luján

Sandra, la madre de Ruth, se levanta todos los días a las seis de la mañana para ir a trabajar. Ha sido duro sacar adelante a una familia con cuatro hijos, sobre todo cuando sólo entra en casa el sueldo de la madre. Por eso Sandra se dirigió al Servicio Canario de Salud con la factura de la nueva silla de Ruth que cuesta 2200 euros. La respuesta del gobierno de nuestra gente fue darle 772 euros, ni un céntimo más ni un céntimo menos. El dinero lo recibió Ruth la semana en la que Paulino Rivero decía en el Parlamento: “en nuestro gobierno llevamos ocho meses trabajando con la cabeza puesta en las cosas que preocupan a los ciudadanos de esta tierra”. Para poder pagar la silla de ruedas Sandra también acudió a su ayuntamiento. Allí la trabajadora social le dijo que si ha recibido ya una ayuda de una institución pública para una cosa, la ley no permite que varias instituciones den ayudas para el mismo fin. Osea, que si la silla de ruedas vale 2200 euros, y el gobierno te da 772, sería ilegal que el ayuntamiento te de otra cantidad de dinero para comprar esa silla de ruedas. Yo me pregunto: ¿esto sólo se aplica a las sillas de ruedas que piden las familias humildes?

Cuando el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Dependencia Sandra pensó que las cosas iban a ir mucho mejor. El 20 de abril de 2007 ¡hace un año! Sandra presentó la documentación sobre su hija Ruth para poder acogerse a las ayudas de la nueva ley. Seis meses después los Servicios Sociales del ayuntamiento visitaron a la niña para comprobar su situación y dar un informe al gobierno canario para poder recibir las nuevas ayudas. La Delegación del gobierno español envió ayer un comunicado a los medios en el que informaba que entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 el ejecutivo del Estado transfirió al gobierno canario 7,7 millones de euros para dar a las familias que se pueden acoger a la Ley de Dependencia. Un año después de solicitar la ayuda, la madre de Ruth no ha recibido ni un céntimo de euro para su hija, que tiene una discapacidad del 100%. Sandra conoce a muchas familias con hijos discapacitados y dice que ninguna ha recibido todavía esas ayudas. La culpa es del almanaque, el 9 de marzo había elecciones generales y entregar antes de esa fecha el dinero a las familias que lo necesitaban significaba correr el riesgo de que esta gente fuera a las urnas a votar al gobierno de Zapatero que promovió la Ley de Dependencia, y esto rompía los planes de una pacto firmado en la sede del PP de Madrid.