La sociedad canaria no va a renunciar a su reforma electoral

Estos próximos días van a ser de la máxima importancia para la reforma electoral de Canarias. Es probable que la siguiente sesión del lunes 9 de abril en la que se reunirá la Ponencia de la Comisión de Estudio sea la última oportunidad para alcanzar un acuerdo en Canarias, en nuestro Parlamento.

Sepamos que, si este acuerdo no llega a culminarse, resultará incontestable que la decisión para la reforma electoral se habrá adoptado en Canarias por una mayoría sin precedentes, a pesar de que una minoría quiera impedirlo. Y es precisamente esa mayoría la que habilita a las fuerzas políticas reformistas para lograr ese objetivo en el ámbito del Congreso de los Diputados. Tal procedimiento no admite la más mínima duda sobre su legitimidad; es más, no hacerlo -después del trabajo realizado con todas las garantías jurídicas y de asesoramiento por parte de expertos en la materia en el Parlamento de Canarias-, supondría faltar al deber que contrajeron cada uno de los representantes políticos que se mostraron convencidos de la necesidad de acometer esta reforma política.

Canarios y canarias no podemos doblegarnos al criterio impuesto por parte de una minoría política anidada en Coalición Canaria. CC se enroca, tal y como hemos vuelto a ver en el reciente Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, a pesar de la demanda de la sociedad civil, del planteamiento razonado y razonable de los expertos y de la extraordinaria mayoría del sufragio (80%) que representan los cuatro partidos (Partido Popular de Canarias, Nueva Canarias, Partido Socialista Canario y Podemos Canarias), que por consenso han llegado a un acuerdo de cambio moderado del sistema electoral canario. El objetivo de CC es claro: mantener una norma electoral que permite seguir obteniendo el mismo número de diputados a 350.000 personas que a 1.850.000, lo cual supone una anomalía sin parangón en ninguna otra democracia occidental. De paso, esto le facilita conseguir el primer puesto en número de escaños, sin acercarse siquiera al primero en votos.

El sistema electoral actual, decidido en 1982 por un pacto preautonómico sin aval posterior de una Ley refrendada por los canarios, pervierte la voluntad popular, menoscabando la obtención de los representantes que a cada cual le correspondería fielmente en el Parlamento en función del respaldo social verdadero obtenido en las urnas. Esto está conduciendo a Canarias al desastre. Lo avalan los puestos del oprobio que nuestro archipiélago padece desde hace ya más de 25 años: a la cola en empleo, en nivel educativo, en prestaciones sociales y en asistencia sanitaria (y otro calamitoso sin fin). Y también se constata en la corrosiva circunstancia que implica la reiterada aprobación de leyes sin el respaldo mayoritario del pueblo canario al que, mediante la triquiñuela del actual sistema electoral, se le sustrae su capacidad de decidir por mayoría: el abecé de la democracia.

En Canarias no es sencillo imaginar un escenario en el que los ciudadanos, mediante el ejercicio de su voto, puedan propiciar el cambio de gobiernos y de las políticas públicas. Nuestro sistema electoral dificulta sobremanera algo esencial en cualquier sistema democrático como es la posibilidad de que se produzca la alternancia, esto es, que los ciudadanos, cada cuatro años, puedan desalojar de sus puestos a aquellos gobernantes que reinciden en errores al ejercer el poder público. Antes bien, este sistema electoral actúa como un tapón. La población lo sabe y, deprimida, se aleja cada vez más de la política. No ve soluciones en ella, sino perjuicios, incluso abusos. Así triunfa, con peligro para la democracia y nuestra convivencia, el discurso populista, demagogo y camaleónico de los oportunistas.

En esta estrategia de obcecada cerrazón al cambio democrático que reclama la gran mayoría, CC se ve secundada por Agrupación Socialista Gomera, el partido de Casimiro Curbelo, alguien cuya propuesta para la construcción de Canarias consiste en fomentar, en todas las islas, organizaciones políticas a semejanza del partido ultra insularista que él ha fundado. Si hay una manera eficaz de impedir la construcción política común de nuestro archipiélago, es precisamente este modelo, del que se vanagloria quien con 5.500 votos ostenta 3 diputados en el Parlamento canario, mientras decenas de miles de ciudadanos quedan huérfanos de representación. Esto no puede seguir tolerándose.

Nadie quedará igual después de posicionarse frente a este asunto, que es ni más ni menos, que el núcleo central de la concepción de Canarias y de su futuro. Cada partido político, cada institución, cada uno de nosotros, deberá decidir ahora qué va a hacer, mantener firme su convicción sobre la necesidad de un cambio histórico para dar un giro a la trayectoria fallida de nuestra sociedad, o bien plegarse a espurios intereses inmediatos. Las responsabilidades, sin embargo, no se reparten igualmente entre todos. Los primeros responsables son los partidos políticos con representación tanto en el Parlamento canario como también en el Congreso. En esta hora habrán de saber estar a la altura. ¿Irán o no hasta el final con la reforma electoral? Los partidos políticos no son entes anónimos, los componen y dirigen personas concretas. Las personas que lideran sus respectivas formaciones políticas -Asier Antona (PP), Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Podemos), Ángel Víctor Torres (PSOE) y Melisa Rodríguez (Cs)-, son las siguientes en los puestos de reparto de responsabilidades: deben afrontar su cuota correspondiente.

Toda esta reclamación democrática de casi cerca de 11 años ha supuesto un coste para la sociedad civil. A los partidos políticos que no cumplan -y a sus líderes-, también les tiene que costar. Quien se pliegue a la posición minoritaria de CC, no puede ser ni comprendido, ni excusado. Con el ejercicio de nuestro voto -maltrecho voto-, debemos recordarle en las urnas su apocamiento, su deslealtad y, digámoslo más claro, su traición a este movimiento cívico y político regeneracionista. No hay vuelta atrás para nadie con la reforma electoral de Canarias. Se nos va a empujar a resolverla en Madrid. Hagámoslo entonces sin dudas ni complejos, y con toda la ambición democrática.

La hora de la madurez democrática ha llegado para Canarias, que nadie ceda, que nadie se equivoque, que nadie la frustre. Queremos, una vez más, hacer un llamamiento sincero de entendimiento a Coalición Canaria: sepan calibrar este instante con objetividad y lanzar una mirada amplia hacia el futuro que necesita Canarias. La flecha de ese tiempo futuro de progreso para nuestro archipiélago no apunta a la fragmentación en ocho orillas, sino a la cohesión, al acercamiento, a la solidaridad y a la proyección común de un solo territorio.

Estimado ciudadano y ciudadana, nosotros también tenemos nuestro deber cívico. Defendamos nuestra dignidad democrática hasta el final con las movilizaciones y la determinación que sean necesarias.