El Supremo confirma el pelotazo

Ahora una sentencia del Tribunal Supremo acaba de anular la compraventa efectuada por Miguel Zerolo en 2001; es decir, del “acantilado” que según la fiscal anticorrupción María Farnés adquirió a los dos empresarios citados, cuando perfectamente la Corporación pudo haber materializado la operación por un precio muy inferior si hubiera iniciado las negociaciones con los propietarios originales de los terrenos y no mirar para otro lado a favor de la empresa privada.En su momento la Asociación Coordinadora Ecologista Popular El Rincón presentó un recurso administrativo en la Sala de lo Contencioso de Tenerife, recibiendo un rápido varapalo del tribunal. El recurso que acaba de fallar el Supremo le da la vuelta al calcetín y coincide en gran parte con la filosofía de los presuntos delitos cometidos por Zerolo (y compañía) según el relato de hechos descritos por la fiscal Farnés en el pasado mes de diciembre. Ignoro si con el nivel de preocupante politización que actualmente contamina las decisiones del TSJC esta noticia fortalece o debilita la investigación de la magistrada Carla Bellini; lo que sí es seguro es que Zerolo está más que nunca en las manos de Paulino Rivero y Soria, este último “vendedor” ante Zerolo de una protección tentadora, pues el todavía presidente del Cabildo le recuerda constantemente al “alcalde en la cuerda” que Bellini la puso él por la cuota que le pertenecía al PP. Supongo que Bellini sabrá cómo defender su prestigio.Lo cierto es que el Supremo afirma que las partes pactaron el precio, que ese precio no ha contado con el soporte pericial reglamentario (una de las tasaciones la realiza CajaCanarias, entidad que es juez y parte en la tramitación), que no resulta cumplido el principio de buena administración, y que llama la atención que el Ayuntamiento santacrucero desestimara el informe, que para el Consistorio era al principio “el más completo”, elaborado por Sociedad de Tasación SA, que hubiese supuesto un ahorro para las arcas públicas de casi 6 millones de euros.En definitiva: Zerolo no compró un frente de playa sino un lío; si la compraventa queda anulada se abre un nuevo contencioso que teóricamente le permitirá al Ayuntamiento de Santa Cruz o recuperar los 52 millones de euros entregados graciosamente, o bien concretar con Plasencia y González un nuevo precio. Estos también reciben una buena “pedrada”. No sólo porque tal vez tengan que devolver entre 20 y 30 millones de euros, sino, sobre todo, porque el Supremo arroja luz sobre cómo se fraguó la operación hasta llegar al momento definitivo de la venta a Mapfre.En cuanto a Zerolo alguien en su lugar, absolutamente desacreditado por esta sentencia inapelable, tendría que dimitir, pero es evidente que dicho verbo no se conjuga por estos lares salvo cuando está por medio Juan Romero Pi. Pero los electores ya saben que por muchos manejos en la oscuridad que se hagan por gente de variado pelaje y reputada influencia una sentencia del Supremo crea jurisprudencia, y en el caso que nos ocupa, si en el plano de lo contencioso resulta probado que Zerolo pactó el precio con Plasencia y González de forma ilegal antes o después esta premisa se verá contemplada en el plano penal. Por tanto se elige a un posible delincuente y, desde luego, a alguien que garantiza una legislatura llena de bochornos y tormentas de todo tipo si siguiera ocupando posiciones de responsabilidad.

Francisco J. Chavanel