''Arbitrariedad'' y ''finalidad exclusivamente privada''

Hace ya algún tiempo que debió empezar a caer la cara de vergüenza al anterior equipo gobernante de Las Palmas de Gran Canaria, por cuya nefasta gestión los contribuyentes de la ciudad están pagando las consecuencias. El agujero negro dejado en las finanzas, las continuas sentencias condenatorias que obligan a millonarios desembolsos, las ventas sospechosas de las joyas de la corona y los recortes en prestaciones sociales han obligado a Saavedra y los suyos a tomar medidas muy drásticas, como reducir gastos en todo y subir los impuestos. Sentencias como las del Canódromo, con presuntas responsabilidades penales, dan una medida del espíritu que inspiraba aquella gestión. Y la sentencia de la pasada semana sobre el Gran Guanarteme no deja resquicios a la duda: la modificación del Plan General y el estudio de detalle para dar cabida a esa operación urbanística “no respondieron a una finalidad de interés público, sino exclusivamente privado”. Dicho, sentenciado y firmado por la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Hace ya algún tiempo que debió empezar a caer la cara de vergüenza al anterior equipo gobernante de Las Palmas de Gran Canaria, por cuya nefasta gestión los contribuyentes de la ciudad están pagando las consecuencias. El agujero negro dejado en las finanzas, las continuas sentencias condenatorias que obligan a millonarios desembolsos, las ventas sospechosas de las joyas de la corona y los recortes en prestaciones sociales han obligado a Saavedra y los suyos a tomar medidas muy drásticas, como reducir gastos en todo y subir los impuestos. Sentencias como las del Canódromo, con presuntas responsabilidades penales, dan una medida del espíritu que inspiraba aquella gestión. Y la sentencia de la pasada semana sobre el Gran Guanarteme no deja resquicios a la duda: la modificación del Plan General y el estudio de detalle para dar cabida a esa operación urbanística “no respondieron a una finalidad de interés público, sino exclusivamente privado”. Dicho, sentenciado y firmado por la Sala de lo Contencioso Administrativo.