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Opinión | Ya empezamos, por Antón Losada

Un BOP a voleo

Nada mejor que tirar de archivo para comprobar hasta qué grado puede llegar el cinismo de algunos a la hora de exigir transparencia a los que nunca han tenido una mancha en su expediente, como es el caso del gerente del Consorcio para la Rehabilitación Turística. Cuando Carmelo Ramírez y los suyos (entonces ya en CC tras dejar atrás Ican, y antes Asamblea Canaria, hoy Nueva Canarias) gobernaba con el PP (ni de coña) también existía el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Hemos abierto su web y seleccionado, así, sin más, el boletín de junio de 2002, donde aparecen las adjudicaciones hechas por el Cabildo de Gran Canaria en mayo de ese mismo año. Departamentos en manos de los nacionalistas, como Cultura, adjudicaban por el procedimiento negociado sin publicidad un contratito de 180.300,67 euros a una empresa para el suministro de equipos audiovisuales, y otro por 112.000 para el mantenimiento de aplicaciones informáticas de gestión. No hemos encontrado ninguna reseña en la hemeroteca del señor Ramírez pidiendo una modificación de la Ley de Contratos del Estado para suprimir este tipo de concursos.

Nada mejor que tirar de archivo para comprobar hasta qué grado puede llegar el cinismo de algunos a la hora de exigir transparencia a los que nunca han tenido una mancha en su expediente, como es el caso del gerente del Consorcio para la Rehabilitación Turística. Cuando Carmelo Ramírez y los suyos (entonces ya en CC tras dejar atrás Ican, y antes Asamblea Canaria, hoy Nueva Canarias) gobernaba con el PP (ni de coña) también existía el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Hemos abierto su web y seleccionado, así, sin más, el boletín de junio de 2002, donde aparecen las adjudicaciones hechas por el Cabildo de Gran Canaria en mayo de ese mismo año. Departamentos en manos de los nacionalistas, como Cultura, adjudicaban por el procedimiento negociado sin publicidad un contratito de 180.300,67 euros a una empresa para el suministro de equipos audiovisuales, y otro por 112.000 para el mantenimiento de aplicaciones informáticas de gestión. No hemos encontrado ninguna reseña en la hemeroteca del señor Ramírez pidiendo una modificación de la Ley de Contratos del Estado para suprimir este tipo de concursos.