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Opinión | Ya empezamos, por Antón Losada

Los críticos pagan las consecuencias

Felicitamos a las empresas y chiringuitos que han obtenido licencias de emisiones por parte de este Gobierno. De algunos de esos afortunados les hablaremos más adelante. Ahora toca referirse a los motivos y a otros damnificados. Los motivos no son otros que la factura que el Gobierno de Paulino Rivero pasa a los medios de comunicación que no le son afines. Porque a pesar de que no tenemos catalogado al presidente como un sectario, sí que es corresponsable de este tipo de persecuciones que entendemos que se deben situar en el despacho de su vicepresidente, José Manuel Soria, campeón mundial del acoso y derribo del discrepante, con métodos ya acreditados que sobrepasan lo democrático para adentrarse directamente en comportamientos cercanos a los de los clanes mafiosos. Junto a CANARIAS AHORA, el Gobierno ha castigado a Editorial Prensa Canarias, editora de La Provincia-Diario de Las Palmas y La Opinión de Tenerife, últimamente dados al pecado de denunciar corruptelas en el entorno y amistades gubernamentales.

Felicitamos a las empresas y chiringuitos que han obtenido licencias de emisiones por parte de este Gobierno. De algunos de esos afortunados les hablaremos más adelante. Ahora toca referirse a los motivos y a otros damnificados. Los motivos no son otros que la factura que el Gobierno de Paulino Rivero pasa a los medios de comunicación que no le son afines. Porque a pesar de que no tenemos catalogado al presidente como un sectario, sí que es corresponsable de este tipo de persecuciones que entendemos que se deben situar en el despacho de su vicepresidente, José Manuel Soria, campeón mundial del acoso y derribo del discrepante, con métodos ya acreditados que sobrepasan lo democrático para adentrarse directamente en comportamientos cercanos a los de los clanes mafiosos. Junto a CANARIAS AHORA, el Gobierno ha castigado a Editorial Prensa Canarias, editora de La Provincia-Diario de Las Palmas y La Opinión de Tenerife, últimamente dados al pecado de denunciar corruptelas en el entorno y amistades gubernamentales.