El delito imposible

Estaríamos, en tal caso, ante un supuesto de cohecho impropio, consistente en agasajar con regalos a un cargo o funcionario público en consideración a su cargo, haya o no haya una contrapartida. Claro que estamos ante una hipótesis de imposible materialización porque el único ciudadano español que es inimputable es el jefe del Estado, o al menos este jefe del Estado. Lo dice la Constitución Española. Sobre la Casa Real española pesa, no sin razón, la generalizada sospecha de que algunos de sus miembros hacen o han hecho negocios en un pasado muy reciente valiéndose precisamente de la pertenencia a ese clan de elegidos, que no electos, a los que nutrimos con un buen pellizco de los Presupuestos Generales del Estado, que sólo han infligido un leve recorte del 2% en su partida global para este sufrido año de 2012. Un presupuesto de 8,3 millones de euros que escapa a las leyes de transparencia que empiezan a extenderse muy tímidamente en los ámbitos públicos de España camino de convertirse en una exigencia absolutamente equivalente a la que desde las instituciones se dirigen a los ciudadanos para que suframos las consecuencias de una crisis que esas mismas instituciones son incapaces de resolver.

Estaríamos, en tal caso, ante un supuesto de cohecho impropio, consistente en agasajar con regalos a un cargo o funcionario público en consideración a su cargo, haya o no haya una contrapartida. Claro que estamos ante una hipótesis de imposible materialización porque el único ciudadano español que es inimputable es el jefe del Estado, o al menos este jefe del Estado. Lo dice la Constitución Española. Sobre la Casa Real española pesa, no sin razón, la generalizada sospecha de que algunos de sus miembros hacen o han hecho negocios en un pasado muy reciente valiéndose precisamente de la pertenencia a ese clan de elegidos, que no electos, a los que nutrimos con un buen pellizco de los Presupuestos Generales del Estado, que sólo han infligido un leve recorte del 2% en su partida global para este sufrido año de 2012. Un presupuesto de 8,3 millones de euros que escapa a las leyes de transparencia que empiezan a extenderse muy tímidamente en los ámbitos públicos de España camino de convertirse en una exigencia absolutamente equivalente a la que desde las instituciones se dirigen a los ciudadanos para que suframos las consecuencias de una crisis que esas mismas instituciones son incapaces de resolver.