Maneras de denostar un referéndum

Como era de esperar, el anuncio de consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias (a sesenta kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, en el mejor de los casos) ha suscitado todo tipo de manifestaciones. Los hay, cómo no, que se muestran encantados con la iniciativa porque opinan que se trata de una confirmación de que existen mecanismos para la participación ciudadana distintos a la consulta cuatrienal. Se concentran en ese grupo los que consideran que preguntar por algo que concierne tan directamente a Canarias trasciende cualquier consideración de política de Estado para situarse en las entretelas mismas de nuestra convivencia, a veces pacífica. Por coherencia debemos encuadrar en el primer grupo de fanes del referéndum petrolífero a los que reconocen que en esto hay mucho de plebiscito popular (y partidario) de la figura de Paulino Rivero, que se enfrenta a una dura batalla interna por la renovación y por la renovación, es decir, por su renovación en la candidatura a la presidencia y en la renovación de caras y otros aspectos que pregonan sus adversarios internos en CC. Pero es necesario recordar, llegados a este punto, que no sólo es Rivero quien gobierna en Canarias y que la decisión de solicitar (respetuosamente) un referéndum al Estado ha sido tomada colegiadamente en un órgano que se llama Consejo de Gobierno de Canarias, donde se sienta también el PSOE, ferviente defensor de la propuesta.

Es ilegal, sostienen

En el extremo más contrario a un referéndum sobre prospecciones en Canarias se sitúan los más conspicuos defensores de la legalidad, casualmente coincidentes con las tesis del PP, que defiende que tratándose de una competencia estatal (la de permitir o no los sondeos petrolíferos) ningún mecanismo legal permite que se pronuncie la comunidad autónoma afectada por tal decisión. Precisamente por esa razón, y por la acreditada cerrazón del Estado a escuchar o negociar cualquier salida al desencuentro, la consulta popular adquiere mayor justificación. No es ilegal la petición de consulta, y así se han manifestado reiteradamente en la prensa local y nacional una amplia nómina de juristas y constitucionalistas que, en el peor de los casos, desembocan en la cualidad de “decisión política” la autorización o denegación del refrendo. Podría ser ilegal denegarla porque avalan a los que solicitan las bendiciones lo que dice el Estatuto de Autonomía de Canarias, el reglamento del Parlamento de Canarias y la Constitución Española. Nadie recurrió en su momento el artículo 32 del Estatuto de Autonomóa, que dice que “corresponde a Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo la ejecución en las siguientes materias”, entre las que se encuentra el “sistema de consultas populares en el ámbito de Canarias, de conformidad con lo que disponga la Ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución y demás Leyes del Estado, correspondiendo a éste la autorización de su convocatoria”. Ni se ha puesto en solfa ese artículo de la Constitución que habla de las consultas populares, o el 203 del Reglamento del Parlamento de Canarias, que se refiere a las exigencias parlamentarias de las “consultas populares vía referéndum sobre cuestiones políticas de especial trascendencia”, como es indudablemente el caso. La decisión de otorgar tal derecho o no a Canarias depende exclusivamente de la voluntad política del Estado, que ya ha empezado a enseñar la patita de por dónde van sus sensibilidades.

Una cortina de humo

Tanto a derecha como a izquierda del espectro ideológico canario se ha acusado a Paulino Rivero de sacarse este conejo del referéndum de la chistera con el fin de a) distraer la atención respecto de otros problemas de mayor enjundia en Canarias (listas de espera sanitarias, pobreza, nula aplicación de la ley de dependencia, obras púlicas inacabables…; b) reposicionarse con ventaja en el conflicto interno que vive Coalición Canaria en su presunta renovación de cara a 2015. Existen motivos sobrados para pensar así, pero ninguno de ellos invalidan la justificación de un referéndum sobre el petróleo. Es más, cualquier estratega de campaña diseñaría ante esas críticas unas respuestas bien demoledoras consistentes en contrastar cualquier desafección con la bondad de la consulta a los ciudadanos y, más concretamente, con la conveniencia de que el pueblo opine sobre su futuro, sea ilegal o no la convocatoria. Olvidan además los teóricos de la paulinada que la decisión del referéndum es colegiada y que el socio de Coalición Canaria es el PSOE, que ha asumido como propia la iniciativa. De este modo se quiebra el principio del personalismo y de la lucha partidaria para situarnos exclusivamente ante una decisión pública. ¿Es una decisión política? Por supuesto. Resulta penoso escuchar o leer declaraciones de determinados dirigentes canarios reprochar al referéndum sobre prospecciones su contaminación política, como si los quejosos se dedicaran a la filatélica y como si los ciudadanos no tuvieran derecho (y capacidad) de separar la paja del trigo.

Las cuestión catalana

Comparar el referéndum canario sobre prospecciones con la consulta que están promoviendo las instituciones y los partidos catalanistas sobre el derecho a decidir de Catalunya resulta cuanto menos desquiciante. Fue la primera huida a la desesperada del PP, que encontró calorcito en algunos medios informativos canarios ávidos del titular a cuatro columnas que se derrumbaba ante la lectura del primer párrafo de la información que los sustentaba. Comparar la consulta sobre el petróleo con la autodeterminación de Catalunya es de una extemporaneidad que difícilmente invita a rebatirla. Como hacen los jueces ante una extravagancia así, la pasamos por alto no sin antes advertir a los que promulgan esta comparación insulsa que tras una negativa a un referéndum pacífico se pueden alentar otras cosas, y ninguna de ellas saludable (y no abrigamos ninguna veleidad pepitiana, Dios nos libre). Canarias no está pidiendo un referéndum de autodeterminación, sino que se le permita a sus ciudadanos pronunciarse sobre una cuestión concreta que atañe a su futuro.

El esfuerzo intelectual de la progresía

Claro que por la izquierda también se han suscitado dudas sobre la bondad de este referéndum sobre el petróleo. En esos ambientes se alimenta la tesis de que tras la consulta lo que se esconde es una clamorosa incapacidad de los dos partidos del Gobierno para resolver las listas de espera sanitaria, los altos índices de paro de Canarias, la injusta ley electoral o los problemas con las obras públicas. Deficiencias todas ellas que, desde luego, invitan al reproche sin fin y a la exigencia de responsabilidades. Se aprecia el esfuerzo intelectual de algunos señeros custodios de las ecencias de la progresía por denostar el intento alegando que Canarias tiene unas necesidades más acuciantes, como si negando la consulta aquellas pudieran solventarse. Pero ninguna de esas carencias (por otra parte endémicas de nuestro sistema político) invalidan a priori la decisión de consultar sobre una decisión estatal que, como pocas, pueden hacer cambiar el curso de la historia y de la supervivencia de Canarias. Hay esfuerzos notables por derrumbar la iniciativa. Proponemos como ejemplo singular la noticia publicada hace unas fechas por el periódico El Día, que dio una noticia inquietante titulada “Los expertos no ven futuro a la consulta sobre el petróleo”. El típico duende de edición permitió que en el sumario de la noticia en su versión web introdujera como sumario el elocuente texto que sigue: “El jurado popular no consideró probado que Luis Domingo Márquez matara a su esposa en legítima defensa y lo declaró culpable de asesinato, con la atenuante de dilaciones indebidas”. Puestos a elucubrar se nos ocurre que el deseo editorial de descalificar al referéndum llevara al diario a mezclarlo con un homicidio, pero la realidad es que el retruécano vino después. El Día consulta a dos constitucionalistas que en ningún momento avalan el titular de la noticia desde el punto de vista jurídico, reduciendo cualquier dificultad al refrendo en base a lo que, en definitiva, son decisiones políticas, las que en su momento habrá de tomar el Gobierno de Rajoy ante las exigencias de Canarias. Y lo tiene complicado. Si dice que sí, armará una bomba de impredecibles consecuencias. Si dice que no alimentará el sentimiento de que Madrid impone sus criterios (cada vez más discutibles) por encima de la opinión de Canarias. Un marrón.

Como era de esperar, el anuncio de consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias (a sesenta kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, en el mejor de los casos) ha suscitado todo tipo de manifestaciones. Los hay, cómo no, que se muestran encantados con la iniciativa porque opinan que se trata de una confirmación de que existen mecanismos para la participación ciudadana distintos a la consulta cuatrienal. Se concentran en ese grupo los que consideran que preguntar por algo que concierne tan directamente a Canarias trasciende cualquier consideración de política de Estado para situarse en las entretelas mismas de nuestra convivencia, a veces pacífica. Por coherencia debemos encuadrar en el primer grupo de fanes del referéndum petrolífero a los que reconocen que en esto hay mucho de plebiscito popular (y partidario) de la figura de Paulino Rivero, que se enfrenta a una dura batalla interna por la renovación y por la renovación, es decir, por su renovación en la candidatura a la presidencia y en la renovación de caras y otros aspectos que pregonan sus adversarios internos en CC. Pero es necesario recordar, llegados a este punto, que no sólo es Rivero quien gobierna en Canarias y que la decisión de solicitar (respetuosamente) un referéndum al Estado ha sido tomada colegiadamente en un órgano que se llama Consejo de Gobierno de Canarias, donde se sienta también el PSOE, ferviente defensor de la propuesta.

Es ilegal, sostienen