Gastos particulares: 364.000 euros

Los detalles de la querella los tienen perfectamente desmenuzados en nuestras noticias de hoy: el emporio de Björn Lyng en Gran Canaria corre serio peligro de supervivencia como consecuencia de la gestión de su presidente, Santiago Santana Cazorla, según los querellantes, tras haberse apropiado indebidamente (siempre según la querella) de 8,6 millones de euros. La querella, de cuya marcha judicial no se tienen aún noticias, incluye algunas lindezas muy propias del querellado. Así, cuando se refieren a su cuenta particular con la empresa, ésta parece arrojar un saldo deudor de 364.000 euros a 31 de diciembre de 2012. Se incluye en esta partida el uso de la tarjeta Visa corporativa desde 2009 por importe de 42.086,19 euros, a lo que hay que sumar rentas de uso de un apartamento, señalado con el número 1014, así como rentas de una villa en Anfi Tauro cuya arrendataria es su hija Virginia, con un saldo deudor por estos conceptos de 123.283 euros. “Indicios suficientes de actuación”, dicen los querellantes, “contraria al interés social, como si la compañía fuera de su exclusiva propiedad, olvidando otros socios y poniendo en riesgo la viabilidad de las empresas”.

Los detalles de la querella los tienen perfectamente desmenuzados en nuestras noticias de hoy: el emporio de Björn Lyng en Gran Canaria corre serio peligro de supervivencia como consecuencia de la gestión de su presidente, Santiago Santana Cazorla, según los querellantes, tras haberse apropiado indebidamente (siempre según la querella) de 8,6 millones de euros. La querella, de cuya marcha judicial no se tienen aún noticias, incluye algunas lindezas muy propias del querellado. Así, cuando se refieren a su cuenta particular con la empresa, ésta parece arrojar un saldo deudor de 364.000 euros a 31 de diciembre de 2012. Se incluye en esta partida el uso de la tarjeta Visa corporativa desde 2009 por importe de 42.086,19 euros, a lo que hay que sumar rentas de uso de un apartamento, señalado con el número 1014, así como rentas de una villa en Anfi Tauro cuya arrendataria es su hija Virginia, con un saldo deudor por estos conceptos de 123.283 euros. “Indicios suficientes de actuación”, dicen los querellantes, “contraria al interés social, como si la compañía fuera de su exclusiva propiedad, olvidando otros socios y poniendo en riesgo la viabilidad de las empresas”.