90 grados por un millón de euros

El alquiler de la sede de Emalsa en el centro comercial Las Ramblas centra parte de la denuncia de la fiscal de Delitos Económicos. El contrato lo formalizó su presidente con los muy mentados Abril Martorell y Rubio Díaz de Tudanca, y suponía un desembolso mensual de 90.000 euros a través de un contrato en el que se incluía opción de compra o, en su defecto, 30 años de obligado pago de rentas. Las tres plantas que incluye el contrato estaban diáfanas, carecían de instalaciones eléctricas y de comunicaciones, de enfoscado, pintura, decoración y mobiliario. Satocan se ofreció a hacer las reformas pertinentes (excepto el mobiliario) por 350.000 euros, pero los Rubios y los Abriles querían gastarse un millón, a lo que la empresa de Juan Miguel Sanjuan se opuso radicalmente. La solución adoptada por los ejecutivos de Sacyr y de Saur fue prodigiosa: contrataron a una empresa especializada en decoración con sede en Madrid, 90 Grados, que facturó el millón de euros que querían que se facturara y que mandaron para Las Palmas de Gran Canaria a dirigir las obras a un técnico especializado de nombre Simón de la Pera. El trabajo encomendado a De la Pera debió ser la repera porque tardó dos años en preparar las oficinas para su uso, tiempo durante el cual Emalsa pagó religiosamente el alquiler. Ni que decir tiene que ese millón salió de las arcas de Emalsa sin que se enterara siquiera el presidente de su consejo de administración, a la sazón Jerónimo Saavedra, que asegura que conoció todos los pormenores de estas operaciones de la nueva sede seis meses después de que se firmara el contrato con Satocan. Fue Saavedra quien ordenó renegociar el contrato hasta reducirlo a los todavía estratosféricos 75.000 euros al mes. Ahora sabemos que, además de la oferta de Satocan, hubo sobre la mesa dos edificios mucho más baratos que fueron rechazados por Rubio y Abril Martorell: uno junto a la Comandancia de Marina, propiedad de Mapfre (lo alquiló posteriormente el Gobierno de Canarias, que ya lo devolvió) y el otro del empresario galdense Félix Santiago en Siete Palmas. Claro que Satocan es socio de Sacyr y no quedaba bonito alquilarle a otro. Tampoco Rafael González Bravo de Laguna tuvo nada que ver con la operación.

El alquiler de la sede de Emalsa en el centro comercial Las Ramblas centra parte de la denuncia de la fiscal de Delitos Económicos. El contrato lo formalizó su presidente con los muy mentados Abril Martorell y Rubio Díaz de Tudanca, y suponía un desembolso mensual de 90.000 euros a través de un contrato en el que se incluía opción de compra o, en su defecto, 30 años de obligado pago de rentas. Las tres plantas que incluye el contrato estaban diáfanas, carecían de instalaciones eléctricas y de comunicaciones, de enfoscado, pintura, decoración y mobiliario. Satocan se ofreció a hacer las reformas pertinentes (excepto el mobiliario) por 350.000 euros, pero los Rubios y los Abriles querían gastarse un millón, a lo que la empresa de Juan Miguel Sanjuan se opuso radicalmente. La solución adoptada por los ejecutivos de Sacyr y de Saur fue prodigiosa: contrataron a una empresa especializada en decoración con sede en Madrid, 90 Grados, que facturó el millón de euros que querían que se facturara y que mandaron para Las Palmas de Gran Canaria a dirigir las obras a un técnico especializado de nombre Simón de la Pera. El trabajo encomendado a De la Pera debió ser la repera porque tardó dos años en preparar las oficinas para su uso, tiempo durante el cual Emalsa pagó religiosamente el alquiler. Ni que decir tiene que ese millón salió de las arcas de Emalsa sin que se enterara siquiera el presidente de su consejo de administración, a la sazón Jerónimo Saavedra, que asegura que conoció todos los pormenores de estas operaciones de la nueva sede seis meses después de que se firmara el contrato con Satocan. Fue Saavedra quien ordenó renegociar el contrato hasta reducirlo a los todavía estratosféricos 75.000 euros al mes. Ahora sabemos que, además de la oferta de Satocan, hubo sobre la mesa dos edificios mucho más baratos que fueron rechazados por Rubio y Abril Martorell: uno junto a la Comandancia de Marina, propiedad de Mapfre (lo alquiló posteriormente el Gobierno de Canarias, que ya lo devolvió) y el otro del empresario galdense Félix Santiago en Siete Palmas. Claro que Satocan es socio de Sacyr y no quedaba bonito alquilarle a otro. Tampoco Rafael González Bravo de Laguna tuvo nada que ver con la operación.