Finalmente parece limitarse a una cuestión puramente personal la pataleta del portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Canarias, Salvador Alba, que está pasando una semana un tanto agitada como consecuencia de su decisión de denunciar urbi et orbi al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por unas arbitrariedades en la designación de jueces sustitutos que se han quedado literalmente en nada. A Alba le han caído críticas oficiales y oficiosas de todos sitios, incluida su propia asociación, la más potente y a la vez la más conservadora de la carrera judicial, que no ha compartido con él ni el fondo ni las formas de su queja. Y mucho menos la manera de airearla ante los medios informativos, especialmente el diario El Mundo, que parece haber encontrado un filón para sus propios intereses editoriales en las acciones que emprende este magistrado con destino en Canarias, la plaza más ansiada en estos momentos por el PP, tras Andalucía. De modo oficial también ha habido comunicados que dejan al portavoz de la APM en una situación verdaderamente embarazosa. Si el martes salió a defender su propia actuación el TSJC y a criticar las críticas de Alba la conservadora Asociación de Fiscales, que en Canarias tiene tan destacados miembros como Guillermo García-Panasco o Vicente Garrido, este miércoles salieron en un solo pero contundente comunicado la progresista Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y la Junta de Personal de la Administración de Justicia. De todo menos bonito, le han dicho al magistrado quejoso.