Otra vuelta de tuerca al pelotazo de Las Teresitas

Habrá de venir en procesión la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en solemne procesión hasta las puertas mismas del Ayuntamiento de Santa Cruz, instalarse allí con pancartas y casetas de campaña, tocar pitos y sonajeros, encargar un par de rogativas y repartir hojas volanderas con su última sentencia para que el alcalde, Miguel Zerolo, conozca el alcance exacto de la palabra sentencia y, lo más complicado aún, lo que significa ejecución de una sentencia judicial. Porque lo que hizo la Sala de lo Contencioso-Administrativo con la resolución conocida este lunes no es otra cosa que insistir en que el contrato de compra-venta del frente de playa de Las Teresitas es contrario a Derecho y, por lo tanto, hay que devolver los terrenos y recuperar los 52 millones de euros para las arcas municipales. ¿A que parece fácil? Pues sí, pero no ha habido manera hasta ahora de que el Ayuntamiento de Santa Cruz lo comprenda. Cierto es que al monumental galimatías jurídico ha contribuido de manera decisiva el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que también se lleva su cachetada en esta sentencia del Supremo.

Habrá de venir en procesión la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en solemne procesión hasta las puertas mismas del Ayuntamiento de Santa Cruz, instalarse allí con pancartas y casetas de campaña, tocar pitos y sonajeros, encargar un par de rogativas y repartir hojas volanderas con su última sentencia para que el alcalde, Miguel Zerolo, conozca el alcance exacto de la palabra sentencia y, lo más complicado aún, lo que significa ejecución de una sentencia judicial. Porque lo que hizo la Sala de lo Contencioso-Administrativo con la resolución conocida este lunes no es otra cosa que insistir en que el contrato de compra-venta del frente de playa de Las Teresitas es contrario a Derecho y, por lo tanto, hay que devolver los terrenos y recuperar los 52 millones de euros para las arcas municipales. ¿A que parece fácil? Pues sí, pero no ha habido manera hasta ahora de que el Ayuntamiento de Santa Cruz lo comprenda. Cierto es que al monumental galimatías jurídico ha contribuido de manera decisiva el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que también se lleva su cachetada en esta sentencia del Supremo.