Ben Magec denuncia ante el Seprona y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural las obras en el barranco de Arguineguín

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) contra las intervenciones realizadas el pasado 3 de enero, donde se retomaron, en la pista de tierra existente en el cauce del barranco de Arguineguín, las obras de picado de piedras de gran tamaño del lateral del camino con excavadora de martillo hidráulico.

Según Ben Magec, a las obras se acercó un grupo de activistas que desde hace más de veinte días acampan en el barranco de Arguineguín y que pudieron constatar que el lugar no cuenta con ninguna señalización de obra ni cartel relativo a la licencia y permisos correspondientes para la realización de este tipo de actuaciones.

La organización ecologista pide que se investigue si la empresa que realiza los citados trabajos para Red Eléctrica de España (REE) tiene las autorizaciones pertinentes por parte del Ayuntamiento de Mogán y el Consejo Insular de Aguas y si cuenta con informe de impacto ambiental e informe de compatibilidad de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, y que se determine si las mismas son constitutivas de infracción administrativa o penal, exigiendo en su caso su inmediata paralización.

La Federación ha cuestionado el proyecto de Central de Bombeo Reversible Chira Soria “por sus impactos a varias áreas protegidas, así como por su contribución a una transición energética que está suponiendo, de facto, una avalancha de proyectos de generación de energías renovables en suelo rústico y espacios naturales de la mano de grandes inversores”. Según los ecologistas, “esta transición se aleja del modelo que la organización defiende, que prioriza el ahorro y los proyectos energéticos redistributivos, respetuosos con el territorio y vinculados a la demanda”.

Ben Magec-Ecologistas en Acción considera también que a los proyectos “que se realizan con dinero público de la mano de megaempresas se les debe exigir las mismas o más garantías que se le exigen a la ciudadanía en general en el cumplimiento de la legislación ambiental”. Tal y como señala la organización, “los hechos sucedidos el pasado martes vienen más bien a señalar una mayor laxitud en los requerimientos para REE en el inicio de los trabajos, sorprendiendo además el injustificado y desproporcionado despliegue de efectivos policiales presentes para la vigilancia de los mismos”.