Los procesos de inundación de la costa derivados del cambio climático afectarán a 147 playas de Canarias en el año 2050, con una pérdida total de superficie del 10,6 por ciento y, a final de siglo, casi el 45% de los arenales e las islas estarán dañados por el mismo motivo. Algunas de las playas que se verán afectadas en más de un 90% de su superficie entre 2050 y 2100 son en Tenerife la playa Abama, del Porís, de la Jaca, de los Guíos, de Valleseco, Alcalá, Ancón y Diego Hernández, entre otras. En Gran Canaria son La Cícer, El Arenal, Guayedra, Cernícalo, El Roquete, La Ballena, Llanillo, Lagarto, Los Nidillo, Pedrazo y Bahía Feliz, entre otras.
Así lo ha informado este viernes el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, quien ha comparecido en comisión parlamentaria para hablar del impacto del cambio climático en las costas canarias dentro del plan de impulso al medio ambiente, Adapta Costas Canarias.
Según se desprende de este estudio, las pérdidas económicas directas estimadas, asociadas tanto a los procesos erosivos como a los procesos de inundación costera derivados del cambio climático, pueden alcanzar un 11% del PIB actual en el peor escenario de cambio climático en 2100.
El impacto más importante y que podrá componer hasta el 75% de las pérdidas económicas directas estimadas corresponde a los efectos de la erosión estructural o permanente sobre las playas.
Los territorios de las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, estarán sometidos a riesgos significativamente más elevados en 2050 y 2100, aunque la isla con más riesgos es Gran Canaria y el municipio más afectado Las Palmas de Gran Canaria.
Teniendo en cuenta todos los impactos socioeconómicos y ecosistémicos modelizados, se han identificado 47 tramos de costa de alto riesgo acumulado en Canarias que deberán ser objeto prioritario de estudios de detalle y de planes de adaptación al cambio climático a nivel local.
Asimismo, la subida del nivel del mar puede afectar a un 2% de la población, lo que supone unas 46.000 personas, que tendrán que reubicarse en el interior de las islas. Este número se puede ver incrementado de forma notable, pues para su cálculo no se ha tenido en cuenta el incremento poblacional que se pueda producir.
También el 7,5% de la población turística tendrá que ser reubicada y, según se desprende de este estudio, se verán perjudicados 50 hectáreas de cultivo y 127 infraestructuras, como el aeropuerto de Lanzarote y la potabilizadora de Puerto del Rosario, entre otras.
Además, hay cuantificados 38 bienes patrimoniales, como el mercado y el Castillo de La Luz, mientras que el patrimonio natural perjudicado es del 0,20 %, ha detallado el consejero en su intervención en comisión parlamentaria.
La Consejería de Transición Ecológica encomendó la redacción de Adapta Costasa a la empresa pública Cartografía de Canarias SA (Grafcan) que, a su vez, ha contado con la asesoría y la asistencia de cuadros técnicos y científicos propios, así como del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHC) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).