La nueva ley canaria de cambio climático elimina medidas para proteger la biodiversidad y el patrimonio

El decreto que ha aprobado este martes el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), por el que se aprueba la reforma de la ley canaria de cambio climático elimina cinco artículos que incluyen medidas para proteger la biodiversidad, el patrimonio cultural y natural, el litoral de las Islas y los montes, así como establecer prácticas sostenibles en materia de gestión de residuos y calidad del cielo y alumbrado público.

El Ejecutivo ha suprimido todos los artículos desde el 63 hasta el 69. Entre ellos, hay uno, el 65, que exige a las administraciones públicas del Archipiélago impulsar políticas de protección y conservación de los hábitats naturales, terrestres y marinos. También fija que las instituciones “deben” trabajar en la protección y conservación del patrimonio cultural, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza. La Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Hernández Zapata (PP), excluye estas propuestas de la ley por ser meras “declaraciones de intenciones”. Así, continúa, “reduce la dependencia de la interpretación subjetiva sobre la intención” del texto, lo que en su opinión contribuye a “una mayor predictibilidad en la aplicación” de la norma.

Zapata ha señalado esta mañana en el Parlamento canario que el decreto “elimina toda la literatura ideológica” de la ley aprobada en 2022 por el PSOE, que lideró en la anterior legislatura la lucha contra la crisis climática en Canarias. Para los colectivos ambientalistas, la decisión de eliminar estas disposiciones en concreto ha suscitado confusión e inquietud. El Gobierno lo ha hecho sin consultarles, subrayan.

“Creemos que es un error. La normativa no recogía declaraciones de intenciones, sino preceptos legales de obligado cumplimiento. No entendemos por qué han cercenado estos artículos”, lamenta Ezequiel Navío, naturalista y presidente de la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Insulares (ADACIS).

Navío cuenta que su organización fue la impulsora de la disposición 65 mencionada que pretendía identificar y evaluar los riesgos y la vulnerabilidad del patrimonio cultural a los efectos del cambio climático, precisar los futuros impactos, promover medidas de adaptación y aumentar la concienciación ciudadana al respecto. Destaca que la ley canaria contra el calentamiento global era pionera en Europa en este sentido, el de investigar y preservar las manifestaciones con carácter histórico, artístico, arqueológico y un largo etcétera frente al aumento de las temperaturas y la previsible subida del nivel del mar. El experto cita dos investigaciones recientes, la primera en Fuerteventura y la segunda en El Hierro, en las que se estudió esto mismo. Todo eso ha quedado ahora en papel mojado.

“Presentamos una enmienda con esta iniciativa que fue aprobada por todos los partidos políticos. Y ahora desaparece y sin preguntar”, insiste Navío.

El decreto del Gobierno de CC-PP que reforma la ley de cambio climático incluye muchas más modificaciones. Elimina los cuatro instrumentos de ordenación que había (la estrategia canaria de acción climática, la estrategia canaria de transición justa y justicia climática, el plan canario de acción climática y el plan de transición energética de canarias), de los cuales tres ya estaban redactados y aprobados, para redactar dos nuevos: el plan integrado de energía y clima y el plan canario de adaptación climática. Zapata sugiere que el nuevo texto será “más útil y ágil”, pero, al menos de partida, alarga los plazos de la lucha contra el clima por la necesidad de elaborar dos nuevos planes desde cero en vez de utilizar los vigentes.

La recién aprobada legislación elimina la obligación de los cabildos insulares de elaborar los planes municipales de acción climática de los municipios de menos de 20.000 habitantes a cambio de realizar los relativos a la movilidad sostenible en las localidades con más de 50.000 residentes. Por otro lado, los órganos de contratación de las administraciones públicas se inclinarán por las empresas que, en lugar de estar inscritas en el registro oficial de la huella de carbono, como ordenaba la ley, cuenten ahora con la Marca de Excelencia Canaria de Eficiencia Energética y Acción Climática, una especie de certificado todavía por proyectar que obtienen las mercantiles “responsables y ejemplarizantes” en la tarea de reducir las emisiones de gases contaminantes.

Más cosas. El Gobierno tramitará como obras de interés general los denominados “proyectos de acción climática”. Pone como ejemplos los pensados en asentar plantas de producción de combustible sostenible para la aviación (SAF, en sus siglas en inglés) y actuaciones dirigidas a la adaptación del sector agropecuario, en concreto sobre el sistema de regadío. Estas iniciativas podrán ir “en contra de la ordenación aplicable” y no estarán sujetas a evaluaciones ambientales estratégicas. CC y PP también eliminan la exigencia que recaía sobre las aerolíneas de cumplir las obligaciones derivadas del registro canario de la huella de carbono y de compensar sus emisiones en el Archipiélago a través del establecimiento de sumideros de dióxido de carbono, al ser estas “competencias estatales exclusivas en materia de control del tránsito aéreo, tráfico y transporte aéreo”.

Asimismo, las empresas de transporte de mercancías por carretera, que debían disminuir sus expulsiones de gases contaminantes un 55% para 2030 y alcanzar cero emisiones para 2040, ahora solo deberán cumplir con este último objetivo. El anterior Gobierno había acordado impulsar proyectos educativos especializados y de carácter transdisciplinar en materia de acción climática y de transición ecológica, tanto en enseñanza universitaria como no universitaria, pero eso desaparece con el nuevo texto. El Ejecutivo liderado por Ángel Víctor Torres (PSOE) también acordó promover la formación climática dirigida a la captación de profesionales “teniendo en cuenta los sectores más desfavorecidos y la incorporación de la mujer en estos ámbitos profesionales”. Esto tampoco figura en el actual decreto.

En la anterior ley, además, si una instalación hotelera o extrahotelera no elaboraba su plan de transición energética previsto se enfrentaba a una infracción muy grave, con sanciones que van desde los 150.001 hasta los 600.000 euros; en la actual, pasa a ser una infracción grave, con multas desde los 6.001 hasta los 150.000 euros. Las personas expertas que asistirán a las reuniones anuales de la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, pensada en fiscalizar las políticas climáticas, tendrán “voz, pero sin voto”.

En clave energética, los proyectos de energía limpia a instalar en las “zonas de aceleración de renovables”, la propuesta estrella de Zapata, no estarán sujetos a una evaluación ambiental, sino a un “procedimiento de determinación de las afecciones ambientales”, lo que viene a ser, más o menos, una evaluación de impacto ambiental simplificada (descripción del proyecto, exposición de las alternativas, detalle de los aspectos medioambientales que puedas verse afectados…). El órgano ambiental competente tendrá dos meses desde que haya recibido la documentación para formular una respuesta.

Todos los proyectos de energía limpia de más de 2MW están obligados a incluir al menos un 20% de participación ciudadana en su propiedad. En caso de no cumplirse, Zapata ha dicho que seguirán adelante igualmente, según publicó La Provincia. El nuevo texto modifica la Ley del Suelo del año 2017 para permitir la instalación de renovables en suelo rústico de protección económica. También prevé la creación de una empresa pública pensada en producir y comercializar la electricidad por medio de instalaciones de renovables y, en su caso, vender los excedentes generados a terceros.