Con la debida protección, otorgada por una buena capa de crema solar, un sombrero y gafas de sol, los visitantes del sur de Gran Canaria pueden ponerse en la piel de Lawrence de Arabia y vivir la fantasía colonial de explorar a lomos de un dromedario una de las joyas naturales de la isla: las Dunas de Maspalomas. Esta actividad, controlada por la familia Del Castillo, titulares del Condado de La Vega Grande, opera con normalidad, salvo la pausa forzada por la COVID-19, aunque no cumple con el Plan Director de la Reserva Natural Especial, ratificado por el Tribunal Supremo en 2011.
La familia Del Castillo es la antigua tenedora del 7% del territorio de Gran Canaria, extensos arenales en el sur de la isla que a mediados del siglo XX cobraron gran valor económico gracias al acelerado desarrollo turístico. Fue el anterior Conde de la Vega Grande el promotor del concurso de ideas para el destino turístico Maspalomas Costa Canaria y, aunque la familia se deshizo de gran parte de sus terrenos a favor de otros empresarios, mantuvo a golpe de pleito la explotación de los espacios naturales que solían ser de su propiedad, incluyendo los servicios de hamacas, los chiringuitos y los denominados safaris por las dunas.
Los paseos en dromedario, comúnmente confundidos con camellos, están considerados dentro del Plan Director de la Reserva como una actividad autorizable (que no necesariamente autorizada) porque ya se encuentran en funcionamiento. Las afecciones que causan al entrono son corregibles y pueden cumplir una función de divulgación de los valores de conservación. Para obtener y mantener la necesaria autorización del órgano gestor de la reserva, el Cabildo de Gran Canaria, los interesados deben tomar una serie de medidas para limitar su impacto en el medio que no se están cumpliendo.
El tránsito descontrolado de camélidos y visitantes por la Reserva puede alterar los flujos de arena y acelerar el desgaste de las dunas, un deterioro preocupante de la joya de la corona turística de la isla que ha empujado recientemente a la corporación insular a delimitar senderos e incrementar la vigilancia. Además, los excrementos de los dromedarios pueden afectar al acuífero, con el riesgo de dañar el entorno de la Charca de Maspalomas, ya en grave estado de deterioro a causa de una invasión de tilapias de Mozambique, una agresiva especie exótica de peces.
Además de regular cómo y por dónde pueden hacerse los paseos, el plan pone especial énfasis en la obligación de los promotores de abandonar su actual base de operaciones, ubicada dentro de la zona de uso restringido y a poca distancia de la charca. En su lugar, requiere que los interesados se comprometan a ejecutar un área de descanso o estancia de los dromedarios delimitada por postes y cuerdas con la opción de una estructura desmontable para la recepción de los usuarios de no más de diez metros cuadrados.
La ubicación elegida para tal fin es el área de recepción de usuarios de los senderos, en el extremo sur de la avenida Touroperador Neckerman, que a día de hoy no se ha creado. Este espacio se ubica fuera del área de uso restringido, aunque aún dentro de la reserva y del dominio público marítimo terrestre.
Ahora, nueve años después de la ratificación del plan que desaloja a los dromedarios del Conde de la zona de uso restringido, el jefe de la Demarcación de Costas de Las Palmas, Rafael López Orive, dice que se está iniciando la tramitación del expediente para su nueva ubicación. Sin embargo, dice que el proceso está paralizado porque los interesados no se han identificado adecuadamente.
Según el Plan Director de la Reserva, el incumplimiento de las condiciones para la autorización, y especialmente de aquellas dirigidas a evitar la contaminación del subsuelo y el acceso incontrolado a la zona de uso restringido, conlleva la inmediata suspensión de la autorización. Si en un plazo de seis meses, por causas imputables al solicitante, la empresa que desarrolla la actividad no ha obtenido autorización de acuerdo con el plan, el Cabildo de Gran Canaria iniciará los trámites para el desalojo de la actividad y la demolición de las instalaciones. Además, si la empresa no ha procedido al desalojo y la demolición de las instalaciones en el plazo de un año, el órgano gestor iniciará los trámites para ejecutarlos.
Los herederos del Conde intentaron tumbar este plan, pidiendo sin éxito en los tribunales que se les reconociera el derecho a continuar sus actividades y a mantener sus instalaciones en su actual ubicación. Los magistrados rechazaron sus recursos y el plan se mantuvo, pero no se ha ejecutado. Mientras tanto, la familia del Castillo sigue paseando turistas por las dunas, haciendo negocio del espacio natural sin tomar las medidas necesarias para preservarlo.
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