Turcón-Ecologistas en Acción ha manifiestado este fin de semana su apoyo a la resolución del Defensor del Pueblo sobre el hotel Oliva Beach de Fuerteventura. El órgano presidido por Angel Gabilondo confirma la caducidad del expediente de concesión para ocupar ese domilio público otorgado a la cadena RIU.
Según publicó Canarias7, El Defensor del Pueblo señala al Ayuntamiento (que se había dirigido al órgano previamente) que “no se advierte ninguna irregularidad en la actuación” de Costas con respecto a la caducidad del hotel Oliva Beach que se inició el 2 de agosto y que tiene un plazo de 18 meses para resolverse. Además, sostiene que “que la cadena propietaria del hotel ha realizado «obras e instalaciones en dominio público marítimo-terrestre sin título habilitante y se ha aumentado el volumen y la superficie de las instalaciones existentes”.
Turcón-Ecologistas en Acción recuerda que está personado en los dos expedientes de caducidad, tanto del Hotel 3 Islas como del Oliva Beach, que llevan ocupando décadas el dominio público de Costas y un espacio natural protegido como el Parque Natural de Corralejo. “Estos hoteles han sido un mal ejemplo de cómo llevar una política insostenible de la actividad turística, ocupando precisamente, el bien ambiental que sirve de atractivo y poniendo en riesgo el derecho que tiene toda la ciudadanía al uso del dominio público, los bienes ambientales a preservar y, con ello, al resto de la actividad turística de la Isla de Fuerteventura”, subrayan.
El colectivo manifiesta su preocupación por el traspaso a Canarias de las competencias de Costas y espera que “esta no sea una nueva puerta de entrada a la concesión de licencias de obras en dominio público que vayan en contra del interés general y de la protección de la pertenencia pública de todos y todas, cuya preservación a ultranza es fundamental para el desarrollo medioambiental y social de Canarias”.
“Esperamos que el Gobierno de Canarias, sea menos permisivo con la ocupación de la costa de lo que han sido las administraciones anteriores. Se trata de una oportunidad para que el Gobierno de Canarias demuestre que el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma no es sinónimo de permisividad con la ocupación de la costa y la corrupción, el deseo de la ciudadanía es percibir una administración valedora de los intereses culturales, medioambientales y patrimoniales de este territorio ultrajado por viles provechos económicos”, recalca.
Además, rechaza la propuesta de las patronales turísticas de Canarias que han pedido a la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo regional participar en la comisión técnica que analice los expedientes abiertos en el proceso de transferencia de las competencias en materia de Costas. “No se puede permitir que el dominio público quede puesto en riesgo por intereses económicos particulares”.